Un juez de distrito negó un recurso de amparo al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, por lo que deberá presentarse a declarar por supuestos desfalcos al erario público de hasta 3 mil 600 millones de pesos, además de otras denuncias penales presentadas desde 2015 por delitos como peculado y lavado de dinero.
Tras la audiencia de esta mañana, Javier Flores, abogado defensor de Medina admitió ante medios locales que ahora el ex mandatario neoleonés puede ser citado de nueva cuenta a comparecer ante el Juez de Control dentro del proceso en el que se le pretende imputar por presunto peculado, daño patrimonial y uso indebido de funciones en en favor de la automotriz KIA Motors.
“Yo creo que sería a solicitud del Ministerio Público, no sé, es una situación que depende de la agenda del Poder Judicial”, señaló el litigante.
El Juez de Distrito rechazó la suspensión definitiva al explicar que no se puede otorgar dicho recurso sobre un evento que ya sucedió, en alusión a la audiencia realizada el jueves pasado.
Flores Saldivar afirmó que su cliente y su equipo legal no descartan nuevos recursos legales, aunque deberán ver los términos en que se citará al ex mandatario de NL.
El abogado aseguró que Rodrigo Medina “siempre ha estado dispuesto a comparecer ante un juez local”, pero no quiso decir si se encuentra en la ciudad de Monterrey.
Ahora, a más tardar en dos días hábiles como máximo, Medina tendrá que acudir a comparecer ante la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León.
El fiscal anticorrupción de la entidad, Ernesto Canales Clariond, había dicho la semana pasada, que los amparos que ha presentado el exgobernador de Nuevo León no impedirán que se ejerza acción penal en su contra.
“El amparo de Rodrigo Medina es una medida provisional, no va al fondo y estamos totalmente confiados, quedó sin efecto puesto que la audiencia por la cual se le protegió no se llevó a cabo”, señaló Canales en entrevista radiofónica para Grupo Fórmula.
Además de las acusaciones por el caso KIA, Medina de la Cruz enfrenta señalamientos por supuestos desfalcos de 14 mil 135 millones de pesos de la cuenta pública 2012, así como por un presunto enriquecimiento ilícito por 682 mdp.
El caso Kia es el mayor de las investigaciones anticorrupción incluidas en la denominada “Operación Tornado” en la que se encuentran como indiciados, además del ex gobernador, 10 altos funcionarios de la administración de Medina.
La implicación de Rodrigo Medina se debe a que él presidía los consejos del estado que tomaron la decisión de otorgar concesiones a Kia superiores a las que la ley les autoriza, como la exención del pago del Impuesto Sobre la Nómina durante 20 años, la inversión de más 1,085 mdp para la compra de inmuebles que serían donados a la armadora y otras obras para facilitar la instalación de la empresa.
En mayo del año pasado, el fundador del Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, informó que presentó ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal, una denuncia penal por supuestos desvíos por 14 mil 135 mdp de desfalco de la cuenta pública 2012.
El recurso incluía los delitos de asociación delictuosa, peculado, tráfico de influencias y uso indebido de la función pública, en contra del entonces gobernador y de su padre, Humberto Medina Ainslie.
Por otra parte, el expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal y exfuncionario en el gobierno de Medina, Aldo Fasci Zuazua, acusó que el valor de las propiedades de Medina y sus familiares ascendía a unos 682 mdp, por lo que, aseveró en mayo de 2015, pediría al gobierno de Estados Unidos investigar al entonces mandatario.
Fasci Zuazua es, en la actualidad, agente del Ministerio Público especializado en la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, donde se gestó la denominada “Operación Tornado”.
