Arnulfo de León Lavenant, ex titular de la extinta Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ignoró las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización, ya que desde la cuenta pública 2012 a 2014 y mayo del 2015 –los tres años de su gestión–, no solventó el pago de retenciones de impuestos a los trabajadores, causando un daño patrimonial de 1 millón 888 mil pesos.
La comisionada de Derechos Humanos de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, calificó como grave la práctica del ex titular de la PDH, y afirmó que la inhabilitación por cinco años, con la que sancionó el Congreso del Estado al priista, se realizó luego de un largo proceso en el que se le pidió que solventara las observaciones las cuales finalmente no pudo cumplir.
“Es grave, no tengo ningún antecedente de un procurador de Derechos Humanos que hubiera sido inhabilitado, no lo encontramos, me parece muy muy grave porque es un golpe a las instituciones de derechos humanos que somos fuertes, que somos el brazo aliado de la defensa del pueblo”, afirmó la Comisionada.
Dijo que las irregularidades más graves comprenden que la PDH no enteró el impuesto sobre la renta por concepto de retenciones de sueldos, retenciones de honorarios y asimilados habiéndose notificado cada año de esta situación por parte del Órgano de Fiscalización sin haberse subsanado las irregularidades.
“Es importante decir que desde que nosotros llegamos el primero de junio del 2015 todas las irregularidades que encontramos las hicimos del conocimiento al Órgano de Fiscalización del Estado porque todavía no existía un órgano interno de control”, afirmó la Comisionada.
Afirmó que el ex Procurador fue notificado el 24 de agosto, fecha en que la diputada Rosalba López, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, informó sobre la comparecencia del contralor de la CEDH, Roberto Bautista López, quien dio cuenta de las omisiones encontradas.
