Una de las centrales de abastos de cocaína del Cártel de Sinaloa en Tijuana estaba ubicada en una de las principales zonas de desarrollo económico de la región: el Centro Industrial Pacífico. Ahí, entre maquiladoras, empresas de servicios, ensambladoras, mercados, escuelas, industrias, funcionaba una bodega que el día que los Policías Estatales Preventivos la encontraron resguardaba 631 kilos de cocaína.
(En realidad se trata de 711 kilos. Los Policías “encontrarían”, una semana después, 80 kilos adicionales de cocaína que presuntamente estaba en la misma bodega que cuando realizaron el decomiso, pero que oportunamente no avistaron en aquel momento. Hasta que un día “alguien” les reporta gente armada dentro de la bodega. Llegan, revisan, y ¡Zas! Más droga. (Esta parte de la historia es real. No es producto de la imaginación de nadie. Los Policías fueron descubiertos con el adicional de droga, por otros policías, ya que los Militares que resguardaban la bodega se quedaron callados).
Tal cantidad de enervante, los 631 kilos originales, tiene un valor en el mercado fronterizo, como dicen los criminales “ya puesta en Estados Unidos”, o lo que es lo mismo, trasegada hacia la Unión Americana, de 16 millones de dólares. Considerando 25 mil dólares el kilo, si sumamos los 80 que los Policías “encontraron” después, resulta que lo confiscado en la distribuidora de cocaína de Tijuana, asciende a 17 millones 775 mil dólares.
La bodega, no sobra decirlo, estuvo activa en calidad de central de abastos de cocaína, durante tres años hasta el 8 de agosto cuando la propiedad, algunos vehículos, y la droga (aun en partes), fue descubierta por elementos de la Policía Estatal Preventiva en colaboración con personal del Ejército Mexicano, y asegurada por funcionarios de la Procuraduría General de la República. De ello dimos cuenta en el Semanario ZETA, en la edición del viernes 12 de agosto.
Las autoridades no han sabido determinar cada cuánto la bodega era surtida de droga. Lo que sí es que en el interior del almacén había también productos varios de abarrotes, por lo que asumen que son las fachadas para el traslado de la droga. Que llegaban en tráileres con dichos productos al frente y la droga resumida en algún lugar que ni uno solo de los retenes militares entre Sinaloa y Baja California, pudo alertar, al menos pública y oficialmente.
Arely Gómez González, Procuradora General de la República, asistió a una reunión con los integrantes de la comisión especial de seguimiento de los hechos ocurridos de Nochixtlán, Oaxaca, realizada en el Senado. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
Una vez en Tijuana, la droga era etiquetada para ser entregada a quienes sirven de traficantes para el cártel de Sinaloa. El cargamento de los 631 kilos (antes del conveniente olvido de los policías), estaba destinado para un total de 19 células criminales ¡19! Cuya droga estaba identificada con algún distintivo del grupo criminal. Así como lo puede observar en películas policiacas, los paquetes de droga estaban perfectamente embalados. Cuadrados, se ven pesados por lo compacta que se percibe la droga. Sellados con cinta adhesiva gris o color café de las utilizadas precisamente para el embalaje de cosas. El centro del largo tabique de droga el distintivo de cada grupo. Una batiseñal, un Bob Esponja, un Señor Increíble, un Messi, un colorido con imagen o sin ella, pero distintivo y específico para hacer alusión a un grupo criminal determinado. En algunos casos, directo, el apodo del distribuidor.
Quienes analizan el caso creen que en su enorme mayoría, la droga de la central de abastos del cártel de Sinaloa en Tijuana, era para ser trasegada a los Estados Unidos, y de ahí distribuida en sus calles. Los pocos detenidos que hubo en el lugar (cuatro que custodiaban la carga), la ineficiencia de la Procuraduría General de la República, y la incapacidad (o complicidad) de quienes decomisaron la droga (Preventivos y Militares) para establecer el debido proceso, hoy día acarician la libertad en el México impune luego que un Juez los liberó cuando las “autoridades” participantes en el aseguramiento, se contradijeron. Y lo de la libertad es relativo, dado que a los cuatro les decomisaron droga, eso en la ley del narco, tiene consecuencias.
Una semana después que esto sucedió, en Puerto Vallarta, Jalisco, un comando armado criminal (hay comandos armados oficiales) entró a un restaurante/bar de moda en la ciudad, nombrado La Leche, para sacar con violencia a doce personas (ahora la autoridad ha “descubierto” que son seis y que trabajaban para un grupo criminal), y que se trata de los hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, uno de los cuales, Jesús , atendía “negocios” fuera de Sinaloa y Jalisco, ajá, acá, donde tienen sus centrales de abasto de cocaína.
El comando, obvio superior en número al equipo de seguridad criminal que debieron traer los Guzmán, tuvo el tiempo, la libertad, la intimidación de transeúntes y comensales, para entrar al restaurante/bar, encañonar a las personas, hacerlas andar, obligarlas a subir a camionetas en las que podrían asumir está el final de sus días, y llevárselos sin que haya autoridad, policía, patrulla, retén militar u operativo tradicional, que los divise en el camino, escuche el reporte del incidente, y los detenga.
No pasó nada. Ni en el caso de Tijuana los traficantes de droga han sido detenidos producto de una investigación ministerial, ni los secuestradores/asesinos de los comensales de Vallarta o los hijos de El Chapo, han sido identificados.
¿Y se ha dado Usted cuenta que de la Procuraduría General de la República nada se sabe? Arely Gómez solo habla de narcotráfico cuando ha de dar una conferencia para re-anunciar una aprehensión, y porque es lo que en derecho y facultad administrativa corresponde. No sabemos de ella en investigaciones, en información sobre cuántas y cómo son las células criminales que vulneran la vida de los mexicanos, sean o no criminales. No sabemos de ella en temas de combate a la violencia e inseguridad criminal, mientras no se trate de operativos especiales cuando los delincuentes organizados ya se han salido de control.
Este es uno de esos casos. Los narcotraficantes, particularmente el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, están demostrando al Gobierno Federal y a los mexicanos todos, que su gobierno criminal es más rápido y muy temido. Que si les confiscan una central de abastos harán lo que sea para liberar a los suyos, que con 17 millones de dólares de una sola entrega en una semana durante tres años, pueden corromper a quienes se les pongan enfrente, y que no son vulnerables, pero no ante el combate del gobierno, sino ante la venganza de los cárteles enemigos, que igual que ellos, ejercen su poder a base de sangre y plomo en un gobierno criminal que impera en las calles de esta ciudad.
En México no hay Estado de Derecho, no hay justicia, todos somos testigos atónitos de la criminalidad y su ley del más temerario.
La última vez que se supo de Arely Gómez, la Procuradora General de la República, fue el 12 de agosto de 2016 cuando atendió a legisladores de la Comisión Especial de Seguimiento a los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, mexicanos para dar cuentas de lo sucedido en aquel poblado la noche del 19 de junio, donde elementos de la Policía Federal intentaron sofocar una toma violenta y manifestación por parte de profesores de la CNTE, que terminó a balazos, con heridos y seis muertos.
La Procuradora habló y justificó. La realidad dijo, es que el Ministerio Público Federal a su cargo, no ha podido entrar a Nochixtlán “para conocer y analizar la escena de los hechos”.
Su trabajo ha sido a partir de peritajes a los objetos externos o extraídos de la escena del crimen, a declaraciones a kilómetros de distancia, procesal. De hecho, en un dejo de sometimiento del Estado Mexicano, la fiscal hizo un llamado a las víctimas de aquella noche a que se acerquen al Ministerio Público Federal y denuncien los hechos, pues, por increíble que parezca, la PGR no tiene una sola denuncia penal de aquel día.
La Procuradora, está visto en sus palabras y en sus acciones, no puede con la CNTE, no puede con el cártel de Sinaloa, ni con el Jalisco Nueva Generación, ni con Los Zetas, ni con ningún otro. No le abona al combate, no da certeza ni seguridad a los mexicanos, ni cuentas a su Presidente de la República. La Procuradora General de la República no quiere hacer lo que le toca y por eso debe irse. Pero ya
