“Deben evitarse las situaciones que colocan nuestros
deberes en oposición con nuestros intereses”.- Juan Jacobo Rousseau
El saldo de la guerra del gobierno federal en contra del crimen organizado es verdaderamente brutal, al menos por lo que va en el presente sexenio de más de 65 mil muertes. Actualmente, las 10 ciudades más violentas del país son: Juárez, Culiacán, Acapulco de Juárez, Gómez Palacio, Chihuahua, Torreón, Mazatlán, Nogales, Reynosa, y Tijuana se encuentra en el décimo tercer sitio, nada honroso y fiel reflejo de la ineptitud de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia.
85 de los municipios del país concentran el 70% de los 34 mil 612 homicidios.
La reforma que se dio al sistema penal mexicano con la introducción del Sistema Acusatorio, llega en un momento dramáticamente delicado, como consecuencia de la grave crisis de seguridad pública en que vive nuestro país; en muchas ocasiones algunos políticos baratos de los que abundan en México e ignorantes del Sistema Acusatorio, se han atrevido a declarar que con el Nuevo Sistema de Justicia se abatirán los índices de alta criminalidad: nada más falso de toda falsedad.
Algunos meses antes de entrada en vigencia de este sistema algunos estados como el de Sonora fueron señalados públicamente como uno de los más atrasados en los avances para la implantación del Sistema Acusatorio, la reforma del 18 de junio del 2008, aborda temas como el de la seguridad pública (cuerpos policiacos y prevención del delito), la procuración de justicia (el trabajo del Ministerio Público, el monopolio de la acción penal que desaparece parcialmente), la administración de justicia a través de la incorporación de elementos del debido proceso legal y la ejecución de las penas privativas de la libertad.
En el caso de Baja California, se requería de la construcción de la infraestructura adecuada para cada Sala de Juicio. Mexicali cuenta con 15 en total, 3 de las cuales son pequeñas y que generalmente se utilizan para las audiencias privadas que utiliza el Ministerio Público para la solicitud de órdenes de aprehensión, vamos para dos meses de vigencia del sistema en la Ciudad de Tijuana y solo se cuentan con dos Salas de Juicio que se ubican en el lugar en donde antes se encontraban las instalaciones del juzgado décimo penal y que fue reubicado a su vez, en parte del espacio de las áreas administrativas del Poder Judicial, de tal suerte que, incluso, una secretaria carece de celda para la realización de las diligencias sin que absolutamente nadie del Poder Judicial haya puesto el mínimo de atención en esta falta de previsión ya que las fechas para las diligencias son sumamente retardadas porque las secretarias tienen que organizarse internamente para la utilización de la secretaria con celda, a eso agregue Usted los turnos por semana de los juzgados, el rol de vacaciones y la agenda de cada secretaria.
La reforma implicaba un trato igual en cuanto a salarios que perciben los servidores públicos que se desempeñan en la Procuraduría de Justicia, como Ministerio Público y los Defensores de Oficio adscritos dependientes del Poder Judicial, esto tampoco ha sucedido y hay una desigualdad grave e injusta entre estos servidores públicos. ¿Quién responde por esa dejadez, por esa injusticia y por esa falta de probidad?
El autor fue Presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, A. C., y candidato a Doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
