Sin un modelo que garantice la protección de la niñez, en un momento en que la actuación de la procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia de DIF, está bajo investigación por los casos recientes de niños violentados en Baja California. Como beneficio los “padres adoptivos” recibirán para el menor una despensa, seguro popular y beca escolar
En forma unilateral, sin la disposición de recursos económicos y humanos que le permita atender nuevas atribuciones, la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia da inicio a la recepción de solicitudes para el programa de familias de acogida.
Lo hace siguiendo la tendencia impulsada por organismos internacionales que prioriza el derecho de la niñez de vivir en familia, pero incumpliendo con lineamientos básicos recomendados en forma particular a México por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Antes de promover el programa a través del cual los menores de edad resguardados por los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) puedan ser alojados en forma temporal en el seno de familias voluntarias, la ONU recomendó al gobierno mexicano fortalecer las procuradurías que tienen su tutela, algo que no se ha dado en Baja California, ni se proyecta en el corto plazo.
El proyecto lo induce la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia a cargo de Consuelo Luna Pineda, en un momento que la dependencia es investigada por la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, por posible omisión en los últimos casos de menores que perdieron la vida en forma violenta en el seno familiar.
En los casos de menores cuyo deceso se investiga por homicidio doloso la CEDH, a cargo de Melba Olvera, abrió dos expedientes en el que la actuación de la Procuraduría de DIF es inquirida:
El de Usiel Alejandro Jiménez Hipólito, al haberse detectado tres semanas antes del asesinato del niño maltrato en una de las hermanas del niño, hecho que se canalizó a la Subprocuraduría del DIF en Tijuana, sin que se haya actuado al respecto.
El segundo expediente tiene relación a la atención negada a la abuela materna de la niña Evelyn Mayoral Tiznado, caso también en investigación por homicidio doloso, por personal de la Subprocuraduría para la Defensa del Menor y la Familia de Tijuana, a cargo de Blanca Rocío Luna Barajas.
Objetivo del programa
El programa de Familias de acogida es impulsado desde hace años a nivel internacional para evitar la institucionalización de los menores de edad en albergues y casas hogar, preservando su derecho a vivir en familia, en tanto son reincorporados a sus familias parentales o son adoptados.
Las familias voluntarias solo acogen por un lapso corto a los niños, considerando que los procesos de adopción no deben durar más de un año. El alojarlos con algún familiar tampoco debe ser un proceso que demore meses.
Para implementarlo en México fue menester realizar en 2014 una serie de reformas a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; partiendo de estas modificaciones, los estados efectúan la armonización de sus legislaciones.
Baja California lo hizo en 2015 para, en teoría, dar cumplimiento a los lineamientos internacionales y a las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas.
El programa bajacaliforniano
De inicio el DIF de Baja California, a través de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, pondrá a disposición de familias voluntarias a los 540 menores de edad resguardados en los dos albergues del sistema Integral de la Familia, ubicados en Mexicali y Tijuana.
Posteriormente se integrarán a los 2 mil 708 niños, niñas y adolescentes que se alojan en las 20 casas hogar que operan en Baja California, informó María del Carmen Sánchez, Subprocuradora para la Defensa de los Menores y encargada del nuevo programa de Familias de Acogida.
Su implementación se tiene prevista para antes de que concluya el 2016, por lo que ya se anuncia “estamos trabajando en el proyecto, empezando a captar a familias interesadas que puedan recibir a estos niños en sus hogares”, dijo.
La única ayuda prevista por la Procuraduría es vincular al menor a los diferentes programas de asistencia que brinda el estado. Becas de estudio, seguro popular y una despensa alimenticia al mes es el apoyo en especie que se proyecta proporcionar por el DIF de Baja California.
La Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia empezará en lo inmediato con el análisis de los perfiles de los niños y de las familias interesadas en ser parte del proyecto, uno de los puntos a considerar para su implementación. “Porque se tiene que tener ciertos cuidados con las familias que los van a apoyar”, advirtió María del Carmen Sánchez.
Otros aspectos a cubrir son las evaluaciones sicológicas y de trabajo social que se deben llevar a cabo a una familia voluntaria, antes de entregarle en resguardo a un menor de edad. “Hay que brindarles un curso sobre el cuidado y la atención que requieren los niños, capacitarlos antes de que DIF, como sistema integral, los certifique en el cuidado de los niños”, detalló la funcionaria.
Otros puntos en los que se debe tener cuidado al designar a una familia de acogida es el que, “no tengan problemas de adicciones, ni antecedentes penales, ser una familia libre de violencia”, subrayó.
También se revisará el entorno de la familia y la familia ampliada –abuelos, tíos, etcétera. Posterior a la entrega del menor, la atención que se le brinde en el seno del hogar temporal deberá ser supervisada.
La familia temporal podría convertirse en adoptiva sí así lo desea, aunque ello requerirá una nueva evaluación, precisó la subprocuradora.
Sobre la participación de otras instancias, instituciones u organismos, la encargada del programa de Baja California subrayó que éste solo será operado por la Procuraduría de la Defensa del Menor. Al respecto, la procuradora Consuelo Luna indicó que se prevé aceptar el apoyo de algunas organizaciones civiles en el análisis de las familias interesadas en dar alojo temporal.
Lineamientos ignorados
De acuerdo a las especificaciones determinadas para el programa de familias voluntarias, DIF tiene que hacer la evaluación en coordinación con la Secretaría de Salud, para que capacite y verifique que son ideales estas familias a través de un proceso de certificación, anotó Melba Olvera, Comisionada de Derechos Humanos en Baja California.
En el programa se debe considerar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niños, niñas y adolescentes, instancia recién creada en Baja California, la cual tiene la obligación de conjuntar a los tomadores de decisiones de las instituciones del estado para ir marcando un ritmo en la política de protección a los derechos de la infancia.
También la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe ser invitada a participar desde el ámbito de investigación no jurisdiccional, con un papel de monitoreo y vigilancia de supervisión de derechos de los menores de edad.
Hasta el momento ninguna de estas instancias ha sido considerada por DIF y sus titulares dijeron desconocer la implementación del programa de Familias de Acogida en Baja California.
Para la Comisionada de Derechos Humanos es la falta de personal y presupuesto los puntos más delicados que deben ser atendidos antes del arranque del programa.
Cuestionó “¿Cuánto tiempo le va a tomar a su personal hacer el análisis a cada familia de acogida con todo el trabajo que significa la revisión de los expedientes, revisión del domicilio, entrevista de la familia de acogida y familia extendida?”, y advirtió: “porque no solo es entregar al niño”.
En este contexto Baja California arrancará el programa antes de que concluya el 2016, integrando en el a los 540 niños que actualmente se tienen registrados en los dos albergues de DIF estatal, desde recién nacidos hasta 18 años, menores de edad que han sido víctimas de maltrato, omisión de cuidados, o abandonados por los papás.
Este tema debe ser manejado con sumo cuidado, particularmente por los últimos sucesos que se han dado en las familias y la violencia hacia los niños, observó Melba Olvera.
Sin personal, ni equipo
En un área común de acaso seis metros de largo por dos de ancho convergen 8 trabajadoras sociales y 7 sicólogos encargados de dar seguimiento a más de 900 denuncias de maltrato infantil reportadas a través de las líneas de emergencia.
No solo eso, ese personal, deben atender las quejas presentadas directamente en las oficinas y dar seguimiento a los casos de tipo jurídico que se arbitran en los juzgados y que tienen que ver con pensiones alimenticias, pérdida de patria potestad y/o divorcios.
Estos empleados encargados de dar seguimiento a temas tan delicados relacionados con la protección de la niñez deben “ganar” turno para poder disponer de una de las 4 computadoras con que cuenta el área común que les es asignada como oficina.
Además de atender situaciones de maltrato, ese mismo personal da seguimiento a casos jurídicos, por lo que cada sesión que ahí se atiende se programa para un límite de tres horas.
En 2015 se entregó equipo nuevo a la Subprocuraduría de Tijuana, del cual solo una computadora se asignó para sicología, la cual no ha sido instalada por no contarse con espacio donde colocarla ni el cableado necesario para conectarla, por lo que permanece en la oficina de Blanca Luna, la subprocuradora. Falta de papelería y productos de limpieza resulta la menor de las carencias que se enfrenta en esta dependencia.
Para el trabajo de campo, las trabajadoras sociales, sicólogos y abogados disponen de cuatro vehículos para movilizarse, una camioneta y 3 automóviles –Jetta, Volkswagen; Vento y un Toyota–, pero por ser el carro en mejor estado no se permite el uso del Vento para recorridos en las colonias marginadas de Tijuana, “porque las calles están muy feas”, denunció a ZETA personal que labora en la dependencia.
Tampoco se dota de equipo para el desarrollo del trabajo de campo, por lo que cada quien debe disponer de su celular personal para mantenerse en contacto mientras se encuentra fuera de la oficina.
Los choferes solo cuentan con un maltrecho mapa de papel –ni siquiera actualizado– en el que tienen que ubicar los domicilios a donde debe llevar al personal que atenderá las denuncias.
“Se cuenta con lo necesario”
La titular de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia en Baja California no ve estas carencias y sostuvo que “se cuenta con lo necesario en cuanto a equipamiento y oficinas, estamos bien, los albergues tienen también lo necesario para poder funcionar”.
Y ponderó, “se ha estado fortaleciendo la atención en los albergues, se cuenta con mayor cantidad de personal que brinda los cuidados a los niños”, al subrayar un incremento de un 40 por ciento en la plantilla de personal que labora en la Procuraduría, así como un aumento de 15 millones en su presupuesto.
Actualmente la dependencia dispone de una plantilla de 119 trabajadores, entre abogados, trabajadores sociales –30– y psicólogos, de los cuales 56 fueron contratados por honorarios desde 2015 para fortalecer a la dependencia en el cumplimiento de sus atribuciones y, particularmente, para cubrir rezagos en los casos vinculados a los juzgados familiares.
Ese personal es el encargado de atender tanto las denuncias de menores en situación de riesgo y violencia intrafamiliar en general canalizadas a las 7 subprocuradurías –una oficina en cada municipio de Baja California, a las que se suman la de San Quintín y San Felipe.
También tienen la tarea de dar seguimiento a los casos jurídico de pensiones alimenticias, pérdida de patria potestad o divorcios, que se llevan en los juzgados familiares de distrito.
Respecto a los recursos económicos, la funcionaria informó que en la atención de los 540 menores de edad resguardados en los dos albergues de DIF ubicados en Mexicali y Tijuana, y de los 2 mil 708 niños, niñas y adolescentes alojados en 20 casas hogar que operan en Baja California, la procuraduría dispone de un presupuesto anual de 20 millones 043 mil pesos.
Este recurso de distribuye en asistencia social, alimentación y demás ayuda que se les brinda; para alimentación la partida de 2016 es 9 millones de pesos, de 4 millones 082 mil pesos que se programó en 2015.
Para el gasto administrativo, combustible y papelería se etiquetó un presupuesto de 13 millones de pesos.
