Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dijo que la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el gobierno federal busca garantizar que los derechos constitucionales le sean respetados a las personas que estén recluidas, sentenciadas o en proceso, dentro de los penales del país, sean federales, estatales, distritales o municipales.
Recientemente, el comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos en México, Jan Jarab, manifestó la preocupación por la situación que prevalece dentro de las cárceles del país, resaltando entre otras cosas, la privación de los derechos a sentenciados y procesados. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hace algunos meses dio a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en el que se observan las posiciones que ocupan los sistemas en cada entidad. Baja California, por ejemplo, ocupa el cuarto lugar en sobrepoblación, pero el segundo en gobernabilidad.
Sales Heredia aseguró que la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal –el 16 de junio pasado- no tiene relación con la fuga de Joaquín Guzmán Loera –el 11 de julio del 2015, pero sí con diversos diagnósticos como los mencionados. Precisó que entre los objetivos principales de su aplicación está el homologar protocolos de operación entre todos los penales del país.
“El ejercicio de los derechos en prisión no puede darse si el centro penitenciario se encuentra en desorden, hacinado, o bajo el control de los delincuentes. Los derechos no existirán ni podrán ejercerse si no hay disciplina, la indispensable para controlar y dar seguimiento a las penas. Los derechos no existen si lo que predomina es la corrupción y por eso entre todos debemos combatirla”, mencionó.
Sin embargo, aunque se le preguntó directamente, Sales Heredia no manifestó en qué entidades se encuentran los sistemas penitenciarios más deficientes.
Lo anterior, lo manifestó durante la inauguración de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que se celebrará en Tijuana este lunes 1 de agosto y martes 2, con la finalidad de aportar protocolos que se integrarán, junto a la Ley Nacional de Ejecución Penal en el mejoramiento del sistema penitenciario del país.
