Política Breve y de Emergencia
El Poder Judicial del Estado de Baja California con la ahora cancelada figura legal laboral del Haber de Retiro verdaderamente está metido en una encrucijada jurídica-política-mediática, que recuerda los episodios del programa cómico-mágico-musical; con la enorme diferencia de que el primero en realidad debiera ser un asunto serio.
El Haber de Retiro es la denominación que en el Poder Judicial de nuestro país le dieron a lo que comúnmente llamamos “jubilación”, es decir el derecho laboral adquirido con los años continuos de servicio y que constituyen una garantía para que la persona se mantenga económicamente al final de su vida, cuando ya no le es posible físicamente hacerlo.
Este derecho consagrado en la Constitución no les ha sido otorgado a los responsables de la impartición de justicia en muchos estados de nuestro país, Baja California es el caso, ha sido a través de procesos legales (demandas) como algunos lo han conseguido y aunque la Suprema Corte de Justicia se pronunció en sentido favorable, hay fuertes oposiciones para que se otorgue la garantía a estos servidores públicos.
Veamos, en teoría la impartición de justicia debiera ser pronta y expedita, traer garantía de respeto en todos los sentidos entre los integrantes de la sociedad; los responsables de impartir la justicia deben ser personas honorables y reconocidas por ello en su comunidad, preparados para servir con profesionalismo e imparcialidad, básicamente dedicados de tiempo completo al estudio y trabajo en pro de la justicia y con ello, si su expediente es (como se espera de ellos) intachable, lograr una vida entera al servicio público, es decir profesionales de carrera judicial. En palabras claras solo dedicarse a su labor durante su vida productiva y siempre del lado de la autoridad.
En México cualquier trabajador que reúna alrededor de 30 años de servicio y 60 años de edad en promedio tiene derecho a recibir una jubilación; los trabajadores de gobierno han logrado prestaciones que superan la generalidad y que requieren ya sea menos años de servicio o menos años de edad para recibir la jubilación, en casi todos los casos, como los jubilados del magisterio y los burócratas, el monto de jubilación corresponde al cien por ciento de lo que percibían como ingreso al retirarse y también hay casos (como en BC) donde la percepción es dinámica y corresponde al monto similar del trabajador en activo con el mismo puesto desempeñado.
El que el Tribunal Superior de Justicia del Estado haya tenido que dar marcha atrás en la aprobación de un reglamento para el otorgamiento del Haber de Retiro, es solamente la respuesta (desatinada como la aprobación misma) a la intención de llevar al presidente del Poder Judicial a juicio político, porque algunos de los diputados tienen intereses personales que van más allá de este caso, pero lo están aprovechando.
Este asunto como otros donde hemos podido constatar en los medios graves diferencias entre magistrados del TJEBC evidencia la fuerte, seria, peligrosa y vergonzosa lucha por el poder político que existe al interior de uno de los poderes de la entidad.
Ser actuario, juez, magistrado y presidente del Poder Judicial, un servidor público de carrera, debiera ser uno de los máximos logros de un abogado y motivo de orgullo de una comunidad; sin embargo, el desprestigio que la actividad tiene entre sus pares es enorme y hace que principalmente solo prevalezcan las acciones de revanchismo por encima inclusive de la razón pura.
Jubilación o no, derecho a gastos de representación o no, amparos concedidos o no, razón real o razón legal, pero a los integrantes de nuestro Poder Judicial les urge comportarse de manera “públicamente correcta”, para que puedan ser considerados con objetividad y justicia delante de la sociedad.
Que la historia lo registre.- En 1999 Alejandro González Alcocer, gobernador de BC y abogado litigante de profesión, decidió no intervenir en las decisiones del Poder Judicial. Declinó el uso de las “meta facultades” del gobernador; los consideraba, dijo, mayores de edad.
Botón rojo.- Mientras el Poder Judicial se distrae en pleitos mediáticos, políticos y acciones legaloides de ataque y defensa, ¿el nuevo sistema de justicia avanza?
Salvador Morales Riubí, político tijuanense, ha sido funcionario municipal y estatal. Actualmente es empresario y consultor en temas de salud y relaciones públicas.
