Quedan poco más de dos años a este sexenio, durante los cuales los priistas terminan por hundir el país y lo entregan a la oposición o Enrique Peña Nieto decide empezar por el gabinete y revolucionar la forma de hacer política y gobierno en México.
Al haber recuperado la Presidencia de la República para el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto tuvo un mar de oportunidades; no solo para mantener Los Pinos en el ala tricolor de la política nacional, sino para demostrar que su partido había cambiado, y que él encarnaba el nuevo político priista. Apegado a tiempos democráticos, transparentes, de certeza jurídica, pleno ejercicio del Estado de derecho, rendición de cuentas, promoción del desarrollo social y económico para beneficio de la mayoría y no de unos cuantos.
Ante la presunción de una compra de votos en la elección de 2012 que un Tribunal Electoral desechó para otorgarle la Presidencia de la República, aquellos que le concedieron el beneficio de la duda esperaban una serie de acciones con las que Enrique Peña Nieto se legitimara en el ejercicio del poder y borrara de la memoria inmediata de los mexicanos lo que no había quedado claro en las urnas. Eso necesitaba el presidente en esos momentos.
Es deseable que aquellos que encabezan alguno de los poderes del Estado mexicano lo hagan sin más interés que sacar adelante esta nación. Pero Enrique Peña Nieto ha dejado ir muchas oportunidades para hacer justamente eso. Tantas, y de manera sistemática, que por consiguiente ya los mexicanos deberíamos perder cualquier esperanza de ver resarcido el daño. Pero vaya, aún quedan poco más de dos años de este gobierno, y padecerlo sin una expectativa podría hacer más pesada la espera.
¿Podrá el presidente Peña en dos años enmendar su gobierno? Siempre es más fácil plantear una pregunta que anticipar una respuesta. Sin embargo, sería necesario, a propósito del perdón que solicitó por “el error” que motivó una mala “percepción” por parte de los mexicanos en el caso de la Casa Blanca, aunque él hizo todo “legalmente”, que Peña no olvide que esa no ha sido su única oportunidad perdida.
Vaya, podría haberse obviado el perdón si meses atrás instruye a un ciudadano a encabezar la Secretaría de la Función Pública (que él mismo había desechado), a encabezar una investigación imparcial sobre el presumible (hasta la fecha) conflicto de intereses que hubo en la transacción para la compra, por parte de su esposa, de la casa en el número 150 de Sierra Gorda en Lomas de Chapultepec, a su contratista favorito, Armando Hinojosa, de Grupo Higa. Al no hacerlo, el presidente dejó ir la oportunidad de demostrarle a los ciudadanos que el combate a la corrupción es real.
Y lo mismo ocurrió cuando hace unas semanas consintió que los legisladores del PRI y del Verde Ecologista, sus comparsas políticas, no incluyeran en el Sistema Nacional Anticorrupción la máxima publicidad en las declaraciones de funcionarios y servidores públicos respecto a las cuentas personales, patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses. Que los mexicanos no cuenten con esa información, de entrada, impide medir el crecimiento económico de los políticos, y por lo tanto llevan a la impunidad en delitos como el peculado, el enriquecimiento ilícito, el cohecho.
Peña perdió la oportunidad de demostrar a los mexicanos que en este país impera el Estado de derecho al mantener inacabadas, sin resultados, y prácticamente anquilosadas, las investigaciones de los hechos de violencia criminal y política que han desatado movimientos sociales y recriminaciones nacionales e internacionales, como la sangre vertida en Tlatlaya, Estado de México, cuando elementos del Ejército Mexicano aniquilaron a 22 presuntos delincuentes; la negra noche del 26 de septiembre cuando una mezcla de política y poder criminal desapareció a 43 normalistas en el año 2014 en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero; los 42 ejecutados de Tanhuato, Michoacán, cuando un enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes y la fuerza pública llevó al asesinato y además hubo un policía caído. Y recientemente, la utilización de esa misma fuerza federal para sofocar los disturbios en Nochixtlán, Oaxaca, provocados por maestros inconformes con la reforma educativa, y afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que, según el gobierno, contabilizaron ocho muertos, y de acuerdo con los manifestantes, fueron 11. En estos casos, guardadas las proporciones entre ellos, el presidente pudo haber investigado, sancionado y ejercido el Estado de derecho para sentar el precedente de que en este país se respeta la dignidad de las personas, la vida, se combate la impunidad y se afrontan los problemas nacionales como la pobreza, la marginación, el narcotráfico y el crimen organizado. Además se habría escuchado la voz de la sociedad en el establecimiento de políticas públicas y en el trabajo legislativo. Pero nada de esto fue aprovechado por el primer mandatario.
Las reformas estructurales han sido, o al menos se perciben, también como oportunidades perdidas. No han dado los resultados esperados ni para el propio gobierno. Los mexicanos no sienten los beneficios en sus bolsillos. A la primera convocatoria producto de la reforma energética para atraer la inversión extranjera no acudieron los que parecían interesados. Ahora la gasolina cuesta más, la electricidad también, el alza de precios es notable, grave y preocupante al grado del insomnio, la devaluación del peso mexicano frente al dólar es tan notable como desastrosa para la economía nacional. La reforma fiscal ha sido una espiral de terrorismo para el contribuyente y no ha logrado saciar la voracidad presupuestal de un gobierno que recorta programas de prevención del delito y de índole social, pero que no aprieta el cinturón a la privilegiada clase que intenta gobernar a cambio de sueldos que son ofensivos para el grueso de la población. La reforma educativa estamos viendo cómo no satisfizo ni a los maestros, y esa inconformidad está costando a estudiantes, comerciantes, empresarios, amas de casa, trabajadores, ante la toma del sector productivo y las calles y carreteras de este país, por parte de maestros que ni en Gobernación ni en Educación han sido capaces de sofocar a base de acuerdos.
En materia de corrupción Enrique Peña Nieto inició bien su primer año. Procesó a Elba Esther Gordillo Morales por transacciones financieras con recursos de procedencia ilícita (era el dinero de los maestros gastado en forma personal), y la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación continúa en prisión. De manera tímida e irremediable, dieron un segundo golpe con la detención del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Lástima que hasta ahí llegaron los ánimos combativos del sexenio peñista. Impunes quedan los exgobernadores Guillermo Padrés, de Sonora, Humberto Moreira, de Coahuila, Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León, o gobernadores en funciones como Roberto Borge, en Quintana Roo, y Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz. Especialmente estos dos serían la joya de la corona si el presidente Enrique Peña Nieto decidiera iniciar procesos para aprehenderlos después de promover, incluso a través de su partido, el desafuero.
La ocasión perdida de Peña en materia de crimen organizado y narcotráfico se puede medir en los 65 206 ejecutados que registró México en los tres primeros años de su mandato. En el 85 por ciento de impunidad en los homicidios dolosos, en la permanencia de los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leyva, Los Zetas, Arellano, de Juárez, que cuentan con decenas de años en acción, subsistiendo a base de violencia extrema, drogas, impunidad y corrupción, solo sucediéndose el liderazgo.
El México que hoy el presidente Enrique Peña Nieto tiene a la vista no es un mejor país si se le compara con el que comenzó a encabezar hace cuatro años. No hay más libertad de expresión, se suman periodistas asesinados o aquellos censurados con despidos simulados de litigios. Los trabajos creados son en relación con la mano de obra barata, no hay un ejercicio pleno del Estado de derecho cuando terceros se ven afectados por la ineficacia en el manejo de la política interna.
Quedan poco más de dos años a este sexenio, durante los cuales los priistas terminan por hundir el país y lo entregan a la oposición, o el presidente decide empezar por el gabinete y revolucionar la forma de hacer política y gobierno en México. Hacen falta cambios, de personas y de estrategias realmente planeadas que no se limiten a la mera ocurrencia. De lo contrario, Enrique Peña Nieto será recordado irremediablemente como el presidente de las oportunidades perdidas. Y eso es algo que México de ninguna manera merece, pero sí lo padece.
