Los miembros del grupo organizado de 25 narcotraficantes a quienes les fueron decomisados más de 18 millones de dólares en droga, seguirán cruzando enervantes a Estados Unidos y vendiéndolos en Tijuana, en total impunidad. Ninguno de los integrantes de la mafia fue detenido, la PGR no inició investigación en su contra, y en el proceso de judicialización del decomiso, se “desaparecieron” varios kilos de cocaína
El decomiso de los 631 kilos de cocaína en Tijuana, dejó algo más al descubierto que la forma empresarial que emplea el cártel de Sinaloa para la distribución de droga en Tijuana: La descoordinación y la desconfianza que existe entre las corporaciones policíacas integradas en el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Una disputa entre agentes de la Procuraduría General de la República, Policías Estatales Preventivos y elementos del Ejército Mexicano destacados en la II Zona Militar, sucedió el sábado 13 de agosto en la bodega ubicada en el parque industrial Pacífico, donde cinco días antes habían localizado el cargamento de cocaína del cártel de Sinaloa.
Ese sábado, al 089 llamó una persona anónima para alertar: en la bodega cateada, la cual se encontraba sin vigilancia por parte de la PGR, había gente armada sacando droga. Cuando la Policía Estatal Preventiva acudió al reporte, en coordinación con el Ejército, ya no encontraron personas, pero sí un vehículo encendido, y más droga. Por lo menos 84 kilos más de cocaína, y 24 de ‘cristal’.
La disputa inició cuando elementos de la PGR llegaron y pretendieron acusar a los Estatales, de estar sacando la droga. La misma que ellos habían ignorado, y dejado sin resguardo desde el miércoles 10 de agosto, cuando oficialmente catearon la bodega en soledad.
En efecto, entre el descubrimiento de la comercializadora de droga y la orden de cateo transcurrieron tres días, durante los cuales, los de PGR solicitaron a los Preventivos y a los soldados el resguardo de la bodega con droga. Así la protegieron hasta el miércoles 10 cuando personal de la Procuraduría General de la República se apersonó con la orden de cateo y pidió a las fuerzas locales y a las armadas, retirarse del lugar para hacer la inspección en solitario.
A diferencia de años atrás, cuando la coordinación estatal permitía que en los cateos participaran todas las fuerzas para mayor seguridad del resguardo, en este caso de la PGR, literalmente los corrieron del lugar. Una vez confiscados los 631 kilos de cocaína, los federales se retiraron y abandonaron la bodega, hasta el sábado 13 cuando, se supone que criminales del mismo cártel, acudieron a intentar sacar la droga que la PGR dejó.
De ese incidente, surgió la disputa entre Federales que acusaban a Preventivos de la extracción de la droga e incluso amagaron con detener a un militar. El caso no pasó a mayores, luego que entre titulares se supone acordaron los hechos.
Hoy se espera que de Asuntos Internos de la PGR se investigue al delegado en la ciudad y a los elementos federales, por no reportar la droga completa, por abandonar cargamento en el lugar del cateo y por no resguardar el área.
La disputa entre los Policías, refiere la falta de coordinación, y la presunción de corrupción. De no haber llegado el Ejército y la Estatal Preventiva, la droga habría sido recuperada por los criminales.
Droga localizada dentro de la bodega que ya había sido cateada y en el doble fondo de un pequeño camión de carga
Millones menos al narco, libres los detenidos
Con el decomiso de 631 kilos de cocaína y el aseguramiento de una bodega el 8 de agosto en Tijuana, la afectación económica fue millonaria, más de 16 millones de dólares tendría de valor tal cantidad de enervante en suelo norteamericano, importante, pero no lo suficiente para amedrantar profundamente a una estructura con formato empresarial, sustentada en el trasiego realizado por 25 células delictivas. De hecho, los cuatro hombres detenidos como posesionarios del enervante Ernesto y Luis Ojeda Aguirre, así como Alberto Ávalos y Alejandro Ahumado, fueron liberados.
Ni siquiera tuvieron grandes contratiempos, alcanzaron la libertad porque el juez encontró que hubo imprecisiones en el Informe Policiaco Homologado, después que éste fue refutado por uno de los militares que firmó el documento.
Al final el caso FED/BC/TIJ/0000363 que evidenció el funcionamiento de una fracción del Cártel de Sinaloa como una empresa de sociedad anónima dedicada al trasiego organizado y compartimentado de droga a gran escala a Estados Unidos, solo quedó en el decomiso de 746 kilos de cocaína y 32 kilos de ‘cristal’ sin dueño.
La razón de la liberación, expuesta por los abogados y el juzgador, sin que hubiera un defensa solida del lado del fiscal federal, fue que la captura se hizo mediante un operativo fuera de las normas, porque se violaron los derechos de los presuntos narcotraficantes, que en el NSJP se consideran inocentes hasta el final del proceso, que en este caso concluyó con su exoneración.
En estas condiciones, el grupo de narcotraficantes, los propietarios de la droga, podrán seguir operando en libertad, porque no hay más investigaciones en el caso.
La historia de un decomiso incompleto
Detenido y entregado ante el Ministerio Público Federal en la PGR desde el lunes 8 de agosto, José Ernesto Ojeda Aguirre –uno de los 4 hombres asegurados con 631 kilos de cocaína en una bodega en Tijuana que funcionaba como central de abastos para varias células delictivas–, manifestó a los agentes federales que en la bodega había más enervante, habló de 800 kilos entre lo incautado y lo que faltaba.
En ese primer operativo, a través de un Informe Policiaco Homologado (IPH) la Secretaría de la Defensa y la Policía Estatal Preventiva habían entregado a la Procuraduría General de la República, 631 kilos de cocaína y 8.5 kilos de ‘cristal’.
En un segundo momento, el cateo a la bodega realizado por la PGR el miércoles 10 de agosto, el Ministerio Público Federal reportó haber encontrado únicamente 31 kilos de cocaína. Lo que sumaba 670 kilos de droga y de acuerdo a lo mencionado por el detenido, resultaba en un faltante de 130 kilos.
No se volvió a tener informe público de la bodega ni de los detenidos hasta la mañana del 13 de agosto. Ese sábado, otra vez la denuncia llegó primero a la SEDENA –como sucedió en el operativo del 8 de agosto–, el reporte fue que en la bodega del parque industrial Pacífico había más droga, aseguraban que en las paredes, y que hombres armados la estaban sacando a bordo de unas camionetas tipo panel.
Casi al mismo tiempo, una denuncia de hombres armados en la bodega abierta, llegó al Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4). Puestos en antecedentes, de nuevo SEDENA-PEP atendieron el reportes, primero elementos militares de civil hicieron presencia en el lugar y corroboraron que el sello de la PGR colocado sobre la reja en el patio de la bodega había desaparecido, y una de las cortinas que daba acceso al interior de la bodega estaba levantada poco más de un metro del piso.
Con el antecedente de más droga, el equipo de soldados y policías llegó acompañado de un elemento K9, fue el perro el que encontró la droga, en el doble fondo de un camión de carga pequeño estacionado dentro de la bodega.
Contrario a protocolo y procedimiento, en la bodega que ya había sido cateada y asegurada por el Ministerio Público Federal, y debía estar limpia, había varias pallets con cajas de productos empacados y embalados sin abrir que no fueron revisados, así mismo, un camión de carga, 3 pick ups blancos y uno arena, éstos de reciente modelo, y otro auto rojo y dos carros desvencijados más. Todos con placas de Baja California.
El sábado, durante el segundo operativo, uno de los pick ups blancos encontrados dentro de la bodega, estaba abierto con luces prendidas. “Si lo hubieran dejado así desde el miércoles se hubiera quedado sin batería y no sucedió, lo que significa que lo abrieron las personas que sacaron droga, quienes denunciaron dijeron que ya se habían ido dos camionetas tipo panel”, informaron.
Ministerio Público Federal había dejado en la bodega 84 kilos de cocaína y 24 kilos de cristal
Falta droga
En un tercer operativo que resulta en un segundo aseguramiento, lo encontrado fueron 84 kilos de cocaína (30 paquetes de dos kilos más 14 de un kilo) y 24 kilos de ‘cristal’ (28 cajas y/o paquetes más 1 bolsa), en total 108 kilos más de droga en una bodega que ya había sido cateada por la PGR.
Los destinatarios de esta droga eran diferentes a los 19 identificados en el primer aseguramiento, la cocaína era de Magic identificado por una carita feliz, Pulce, Paja, y otro sujeto identificado con un engomado verde. El ‘cristal’ venía en cajas azules, amarillas, amarillas con franjas negras, blancas y plateadas.
En total los decomisos de los tres operativos realizado en este caso, sumaron 746 kilos de cocaína a razón de 25 mil dólares por kilo valuados en 18 millones 650 mil dólares, y 32 kilos de ‘cristal’ lo que da por resultado 778 kilos de droga. De acuerdo a lo dicho por uno de los detenidos, esto resulta en un faltante de por lo menos 22 kilos de cocaína con un valor en el mercado de 550 mil dólares. Pero este dato, convenientemente, no está siendo investigado.
Policías contra policías
El sábado 13 de agosto, estatales y militares estaban en la bodega, cuando llegó el policía ministerial federal Alberto Aguilar, se presentó como encargado de mandamientos judiciales, hizo unas llamadas y cuestionó a los policías estatales por su presencia en la bodega, los del estado hicieron lo mismo. Discutían cuando llegó a la bodega el Agente del Ministerio Público responsable del caso Alberto Galindo.
De manera tácita unos a otros se responsabilizaban del posible robo de droga.
Desde la PGR la versión era que los policías estatales se estaban robando la droga que estaban sacando poco a poco en una hielera cuando llegaron.
Desde de la PEP y Sedena, el dato fue que antes de que ellos llegaran era gente de la PGR quien estaba sacando la droga, pero se filtró información, recibieron “pitazo” del operativo, y huyeron.
Al momento del enfrentamiento, salieron relucir amenazas, salieron relucir armas, el agente del Ministerio Público mandó llamar a policías federales y en el momento más álgido sometieron a uno de los soldados que estaba de civil y estuvieron a punto de esposarlo, mientras delegados y subdelegados, secretario de seguridad, directores de policías y Generales intentaban llegar a un acuerdo para evitar un enfrentamiento. Con celulares, todos tomaron video de todos, incluso la abogada de los 4 hombres capturados.
Al final, para que cuadrara el segundo decomiso, decidieron empapelar entre todos y plasmar los hechos como una continuación de diligencia. Sin clarificar quién violó los sellos, sin investigar si temprano habían sacado o no dos camionetas con droga, y sin buscar si había o no más droga en el inmueble.
Las versiones oficiales exculpaban a todos los oficiales del orden presentes.
SEDENA y PEP, argumentaron que respondieron a una denuncia y como respaldo presentaron a sus jefes los reportes al C4 de todos los incidentes que se dieron desde la llegada a la bodega hasta el enfrentamiento.
En la PGR, la presencia en la bodega, inicialmente calificada como repentina del Ministerio público y su agente –acompañados por una de las abogadas de los cuatro detenidos con la droga–, se justificó en la orden del juez que llevaba el caso en contra de los 4 acusados, que instruyó al Ministerio Público a buscar las cámaras en la zona y pedir oficialmente los videos, diligencia que iban a cumplir cuando encontraron al operativo SEDENA-PEP.
Operativo que recibió el calificativo cuando menos de irregular: “Vamos aceptar que atendieron denuncia, ellos no podían entrar a la bodega a menos que hubieran visto a un sospechoso afuera y este hubiera entrado corriendo al edificio, lo que no sucedió porque lo hubieran detenido…no tenían nada que hacer adentro”.
Del lado opuesto, la respuesta fue que el operativo se hizo de esa manera porque de acuerdo a la denuncia recibida por la milicia, los sospechosos del robo de droga eran precisamente elementos de la PGR.
Juez libera a cuatro
Dos días después del segundo aseguramiento de droga en la bodega del Pacífico, la mañana del martes 16 de agosto, los cuatro hombres detenidos el lunes 8 de agosto por elementos de la Secretaría de la Defensa y la Policía Estatal Preventiva, en posesión de 776 kilos de cocaína y 32 kilos de ‘cristal’, ya gozaban de libertad.
De acuerdo al Informe Policiaco Homologado (IPH), Ernesto y Luis Ojeda Aguirre, así como Alberto Ávalos y Alejandro Ahumado, fueron capturados cuando llegaban en sus autos frente a la bodega ubicada en el número 23850 de la calle Ojos Negros de la Colonia Industrial Pacífico 1, en la delegación San Antonio de los Buenos, Tijuana, la droga en los carros. Esto no fue suficiente.
La liberación no tuvo que ver con que si eran o no propietarios del enervante, tampoco con que fueran o no los arrendatarios de la bodega donde se encontró la cocaína y el Ice, o los dueños o renteros de los tráileres y camionetas en los que se trasladó la droga de Sinaloa, o los titulares de la supuesta comercializada que operaba en esa bodega, de hecho tampoco con el hecho de que los detenidos hayan argumentado desconocer que con la mercancía legal (jugos y enjuagues) viniera escondida droga.
El tema considerado por el juez para liberar fue que uno de los elementos militares que participó en la detención hizo declaraciones distintas a las vertidas en el Informe Policiaco Homologado, el soldado dijo que los policías estatales llegaron antes a la bodega y sometieron a los detenidos.
Desmintiendo también la información publicada por la SEDENA, quienes por tratarse de una denuncia recibida y corroborada por la milicia dieron a conocer los hechos, a través de dos comunicados de prensa los días 8 y 9 de agosto, en los textos afirmaron “…durante una operación de la Secretaria (sic) de la Defensa Nacional, personal militar Jurisdiccionado (sic) a este mando territorial se hizo acompañar de personal de la Policía Estatal Preventiva” y “…habiendo detenido en flagrancia a cuatro personas que se encontraban descargando paquetes de un vehículo a otro”, pero ante el juez, un soldado dijo que no fue así.
