Con la complicidad de una juez civil, un hombre se apropió de casi toda la herencia de su pareja, vulnerando el patrimonio de una de sus hijas y arrendando los bienes para el lucro de uno de los principales centros nocturnos de Tijuana.
En febrero de 1997, murió Candelaria Leticia Padilla Gutiérrez, propietaria de cuatro predios en la Zona Norte. La herencia se dividió entre sus tres hijos durante el juicio de sucesión abierto el mes siguiente en el Juzgado Sexto de lo Civil, bajo el expediente 468/1997.
Felipe Bonifacio Peregrina Rodríguez, pareja de Candelaria, solicitó al Juzgado el reconocimiento de cónyuge, para lo que presentó un acta de matrimonio de Guasave, Sinaloa, pero un peritaje del Tribunal Superior de Justicia demostró que la presunta firma de Candelaria impresa en el documento es falsa. En octubre de 2001, el entonces Juez Sexto de lo Civil, Fernando Tovar Rodríguez, negó cualquier derecho a Felipe Bonifacio. Años después pidió ser concubino, lo que le fue negado porque se le encontró un matrimonio previo en Estados Unidos.
Al no ser heredero, compró los derechos de sucesión de dos de los hijos de Candelaria: Yadira Padilla Gutiérrez y Felipe Peregrina Padilla, convirtiéndose en dueño de dos terceras partes de la herencia, y siendo nombrado albacea de los bienes. Gabriela Peregrina Padilla, la otra hija, se negó a ceder su parte.
Usando el acta de matrimonio que ya había sido rechazada por falsa, Felipe Bonifacio pidió en septiembre de 2015 al Juzgado Sexto de lo Civil su reconocimiento como cónyuge supérstite de Candelaria, y pese a resultar ilógico jurídicamente por contravenir a un auto previo de la misma entidad legal, la Juez, Columba Imelda Amador Guillén –sucesora de Tovar Rodríguez– validó el matrimonio en febrero de 2016.
Con ello, Felipe Bonifacio pasa a ser dueño de la mitad de la herencia valuada en 2.4 millones de dólares, y de dos terceras partes de la otra mitad, por haberlas comprado a los herederos originales. Gabriela Peregrina pasa a tener la sexta parte del total.
El argumento de Amador Guillén para aprobar la calidad de cónyuge de Felipe Bonifacio se basa en que Yadira Padilla Gutiérrez impugnó el acta de matrimonio (no válida por la firma falsa) en agosto de 1997, sin tener calidad jurídica para ello, por lo que el documento se transforma en válido a criterio de la Juez, ignorando que hay dos dictámenes que prueban que la firma impresa en el acta es falsa, y un auto oficial dictado por su antecesor en el mismo sentido.
Para Josefina Fregoso Amézquita, abogada de Gabriela Peregrina, la situación muestra “la corrupción del sistema judicial de Baja California”. La jurista presentó un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado para revertir la sentencia, y sea cancelado nuevamente el matrimonio clave en el caso.
Al respecto, Amador Guillén manifestó que su posicionamiento sobre el caso yace en las sentencias que ha dictado, se negó brindar mayor información, sosteniendo que sus decisiones pueden ser revertidas en tribunales de mayor jerarquía.
Dos de los terrenos son cercanos al bar Hong Kong, uno contiguo y otro al frente. En poder de ZETA está el contrato con el que Felipe Bonifacio rentó el predio número 1800 de la calle Coahuila –un hotel de siete niveles– a Vicente Brizuela González, representante de Tecua S de R.L de C.V, empresa administradora del Rizo de Oro, hotel contiguo al terreno rentado, localizado frente al Hong Kong.
Otro contrato refiere al terreno localizado en la esquina entre la calle Coahuila y Avenida Niños Héroes, arrendado a José Manuel Rábago Franco, representante de la compañía Barra 90 S. de R.L de C.V., responsable del Hong Kong. El inmueble actualmente opera como estacionamiento exclusivo para los clientes del centro nocturno.
Fregoso Amézquita aseveró que los negocios y donaciones que Felipe Bonifacio ha realizado alrededor de la herencia han sido hechos a “prestanombres” de la familia Brizuela, propietaria del Hong Kong.
