Justicia
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Artículo 39 de la Constitución Federal de la República.
“La educación que imparta el Estado fomentará el desarrollo de las facultades del ser humano, el amor a la patria, la independencia, la justicia. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.” (3ro. Const.).
“La educación será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.” (3ro.Const.).
“La educación contribuirá al fomento de la dignidad de la persona, a la integridad de la familia, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos evitando los privilegios”. (3ro. Const.).
Si los funcionarios públicos de todos los poderes, al tomar posesión del cargo juran cumplir con la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dicho documento, entre otras cosas establece lo que transcribí con anterioridad, me pregunto ¿por qué estamos como estamos?, debiendo estar abismalmente mejor de acuerdo con el mandato constitucional.
Quienes deberían llegar a los puestos públicos de toda naturaleza, llámese ejecutivo, legislativo o judicial, deberían ser, en primer lugar personas honradas y con espíritu de servicio, pero además preparadas, experimentadas, con madurez y justas, sin embargo eso no corresponde a la realidad y quienes llegan a esos puestos en general (las excepciones confirman la regla) se debe a otras características muy distintas a la probidad que exigen esos puestos, razón por la cual las instituciones que teórica y constitucionalmente debieran ser baluarte de los derechos del ciudadano y de la justicia a los mismos, en la práctica desarrollan funciones alejadas del mandato legal.
A nivel local, en el Tribunal Superior de Justicia, su Presidente y sus allegados están más preocupados por asegurar su futuro económico y sus puestos, que la atención a la justicia cotidiana elemental, y así, los Juzgados de primera instancia, que ya no son suficientes, desarrollan sus funciones con el cúmulo de trabajo y sin siquiera papel para el baño ni agua para tomar. Es tal la crisis, particularmente en los Juzgados Familiares, que a los empleados se les hace trabajar horas extras e incluso los sábados, sin la correspondiente remuneración provocando una posible reclamación millonaria por dicho concepto.
Lo anterior provoca una desestabilización emocional de los jueces que redunda en perjuicio de las partes contendientes en los juicios y sus abogados, lo cual es incongruente con la personalidad ecuánime y mesurada que debe desarrollar un Juez.
En lo que se refiere a la nueva justicia penal, el procedimiento oral sustancialmente viene a constituir un premio a los delincuentes que confiesan su delito, con ello se estimula el cinismo a cambio de que el delincuente le ahorre al ministerio público la obligación de acreditarle la responsabilidad. Aquí, el Estado vía poderes legislativo y ejecutivo agradecen el favor del delincuente con el perjuicio de la víctima y la sociedad.
En materia laboral, las reformas de noviembre de 2012, hasta la fecha (más de tres años) no han sido acompañadas del mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la administración de justicia laboral.
El panorama en la administración pública en general muestra una crisis en los valores humanos y así, la reciente petición de perdón del Presidente de la República respecto de un caso en particular, después de más de tres años de errores y arbitrariedades, es ambigua porque la dirigió a todos y a nadie, pero además parece una línea para que se desencadenen las peticiones de perdón de los diversos funcionarios corruptos, empezando por los gobernadores que ya han sido señalados de irregularidades delictivas en sus administraciones.
Los funcionarios públicos con su deshonestidad, ambición e insensibilidad casi llenan de piedritas el costal del pueblo. Como alguien decía en un discurso: “Árboles van a faltar para colgar a los funcionarios corruptos”.
El Licenciado Gerardo Dávila ejerce su profesión en Tijuana, B.C. Correo: lic_g_davila@hotmail.com
