Un Tribunal Colegiado estima correcto el otorgamiento de un amparo a Joaquín Guzmán Loera para que se deje insubsistente un auto de formal prisión por infiltrar a la Procuraduría de Baja California entre 2006 y 2009, y se reponga el procedimiento. La incorrecta valoración de los testimonios de los ex agentes ministeriales Adolfo Roa y Hernando Villegas, por parte de un juez y un magistrado, propiciaron la reposición
Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de México, confirmaron el amparo concedido por un Tribunal Unitario al presunto narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, para efecto de anular el auto de formal prisión que le fue dictado por delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud en Baja California.
El fallo no implica la exoneración del líder del Cártel de Sinaloa por los ilícitos que presuntamente cometió en Tijuana y en el Valle de Mexicali, al haber infiltrado a la Procuraduría General de Justicia de la entidad fronteriza entre los años 2006 y 2009, sino que ordena la reposición del procedimiento por deficiencias en la valoración de las pruebas.
Al resolver el recurso de revisión 141/2016, interpuesto por el Ministerio Público de la Federación, los magistrados Humberto Venancio Pineda, Sara Olimpia Reyes García y Darío Carlos Contreras Reyes, calificaron -en forma unánime- como inoperantes e infundados los agravios formulados por la Fiscalía, por lo que decidieron confirmar la protección constitucional al quejoso.
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera es enjuiciado en la causa penal 50/2009 del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, el 25 de febrero de 2014 se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el ilícito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, pero se le decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de cocaína.
Las acusaciones contra “El Chapo” Guzmán surgieron después de la detención de los ex agentes de la Policía Ministerial de Baja California, Hernando Villegas Delgado “El Pelón” o “El Nando”, y Adolfo Roa de Lara “El Roa”. Con ellos fue detenido Jorge Quintero Torres y/o Jorge Alberto Fuente Madueño “El George”, el 24 de abril de 2009.
“El Nando” y “El George” fueron detenidos en la calle Tezozomoc número 1327, del fraccionamiento Vista Hermosa, en Tijuana, donde resguardaban 12 armas largas, tres cortas, 449 paquetes con cocaína y cartuchos de diversos calibres. “El Roa” fue ubicado a las afueras de un salón de fiestas en Mexicali, donde festejaba los quince años de una de sus hijas.
Los ex policías confesaron ante el Ministerio Público Federal que pertenecían a una célula del Cártel de Sinaloa en la región, en la que estaban involucrados tanto policías en activo como ex policías de Tijuana, Mexicali y estatales en la protección de actividades de la organización criminal dirigida por Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García.
Informes de inteligencia identificaban a “El Nando” y “El Roa” como sicarios y distribuidores de drogas, a quienes se vinculó en levantones contra integrantes de otros cárteles, principalmente de los Arellano Félix. Villegas era policía ministerial desde 1992 en Mexicali, en 2008 fue suspendido por nexos con el narcotráfico. Adolfo Roa había ingresado por recomendación de un abogado a la misma corporación en 2005, directamente como escolta de Antonio Martínez Luna, quien fuera procurador de justicia en la época.
La aparición de un video -dado a conocer por ZETA– en el que figuraba un individuo de nombre Ramón Velázquez, al parecer detenido, reveló que diversos elementos de la Policía Ministerial, incluido el entonces primer fiscal de Baja California, estaban relacionados con la protección al Cártel de Sinaloa.
“El Roa” declaró que aunque trabajaba en la Procuraduría, rendía cuentas una persona externa del grupo que lo había recomendado a la dependencia y su labor consistía en desarrollar “labores de inteligencia” a favor del grupo del “Chapo” Guzmán. Otros agentes hacían la misma función para informar al “licenciado” sobre las personas que se dedicaban al secuestro en Tijuana.
Sobre el caso de Ramón Velázquez, Roa de Lara, dijo que en mayo o junio de 2006, gente de los Arellano Félix levantó a dicho personaje, quien a los dos o tres días apareció muerto en Mexicali, frente a una de las casas del ex procurador Martínez Luna. Adolfo recordó que a la semana del homicidio de Velázquez, “en los medios televisivos salió un video donde aparecía éste manifestando, entre otras cosas, que el procurador estaba ligado al Cártel del Pacífico”, lo que motivó que a los agentes ministeriales involucrados los reubicaran a diferentes grupos de investigación de la Procuraduría.
En el caso de quien fuera su superior, la Procuraduría General de la República no fincó responsabilidad penal alguna por considerar que las declaraciones de los detenidos no eran suficientes para involucrar a Antonio Martínez Luna en la averiguación previa por tratarse de testimonios “de oídas”; sin embargo, se ejercitó acción penal en contra del “Chapo” Guzmán.
Aunque “El Roa” y “Nando” aseguraron que Guzmán Loera es el líder de la organización denominada Cártel del Pacífico, dentro de la cual le atribuyen funciones de administración, supervisión y dirección, sus declaraciones también son “de oídas”, pues en ningún momento dijeron conocer en persona al capo ni hacen imputaciones directas o contundentes de su participación en delitos en Baja California.
El hecho de que el juez y el magistrado que decretaron la formal prisión a “El Chapo” no justipreciaran individualmente los testimonios de los procesados, motivó el otorgamiento del amparo para que se deje sin efecto el auto de bien preso, se subsanen las violaciones ya explicadas y se dicte una nueva resolución “con plenitud de jurisdicción, que podrá ser en el mismo sentido que la reclamada, pero purgando tales vicios”.
