Un enjambre de moscas verdes se ven desde lejos en plena calle del fraccionamiento donde emanan las aguas negras. Los desechos de toda la colonia escurren por el arroyo que bordea el Ejido Ruiz Cortines y desemboca en la Presa “Emilio López Zamora”
Toda una comunidad en el fraccionamiento de interés social Mar de Ensenada, en la Zona Noreste de la ciudad, tiene al menos dos años viviendo en el encierro por el hedor que se desprende de un chorro de aguas negras que brota del pavimento. Escurren por una cuenca y bordean el Ejido Ruiz Cortines, para desembocar en la presa “Emilio López Zamora”.
La familia Gutiérrez dice que ya se acostumbró a convivir con lo que ellos apodan “La Fuente”, es decir, a lo malo e indigno, pese a estar pagando una disposición de aguas residuales que no se hace desde hace más de 11 años.
Durante el día el aroma es mínimo porque el calor del sol y el viento disipan las partículas del mal olor, pero en las noches tienen que bloquear puertas y ventanas, y encender ventiladores para no respirar el insoportable hedor del ambiente, un tanto agrio, como a amoníaco o inodoro.
El agua grisácea surcó una colina que se ha convertido en un socavón de tierra y basura dominado por moscas y zancudos negros. El guardia de seguridad que resguarda el inoperante cárcamo también está harto de la contaminación.
La empresa Casas GEO no ha respondido, pero, según las autoridades, es la responsable por abandonar el cárcamo de aguas negras que daba servicio a cientos de familias que residen en fraccionamientos colindantes; tampoco entregó la zona residencial al ayuntamiento como establece la Ley, menos aún hay una fianza que garantice los desperfectos.
Otros involucrados son Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), que cada mes envían las facturas de los cobros a los usuarios pero se deslindan de responsabilidad. Ecología Municipal tampoco hace su trabajo.
Jorge Valdés Miranda, presidente de Grupo Vehcsa, empresa que desarrolló el fraccionamiento Mar de Ensenada y convino con Casas GEO compartir ese cárcamo en un terreno propio, hizo el compromiso de resolver el problema de ahora a un mes.
Reconoció que tiene una responsabilidad moral con quienes creyeron en el proyecto habitacional: “Quiero dejar claro que no es responsabilidad de nosotros (Vehcsa), pero viendo la falta de respuesta de Casas GEO he acordado con CESPE que pondré la mitad de la inversión y la otra mitad ellos”, declaró el constructor.
Expuso que la inversión es mínima, pues es cuestión de voluntad y unos seis meses de trámite para que el cárcamo vuelva a funcionar.
Agregó que el problema con el rebombeo de aguas negras en el fraccionamiento no es de dinero, es que a la empresa GEO se desentendió totalmente del problema, y el gobierno no la pone fácil para recibir la obra, darle mantenimiento y tenerla operando.
“Esto es una piedra en el zapato, tenemos diez fraccionamientos entregados, pero si no hay voluntad de la CESPE, no lo vamos a poder resolver; ya hay que olvidar a GEO”, sugirió Valdés
Entre patos, pingüinos y otras aves
ZETA denunció el daño ambiental en febrero de 2015, entonces Casas GEO se dijo en quiebra, CESPE afirmó no tener responsabilidad a pesar de cobrar y Ecología Municipal demostró su incapacidad para ocuparse del conflicto que afecta mantos acuíferos, vegetación y fauna de la zona, además de cuerpos exteriores de agua como la presa.
Lejos de resolver el problema se propagó a la siguiente alcantarilla ubicada en la calle Gaviotas y Albatros, donde los vecinos han tenido que ejecutar obras con sus propios recursos económicos para disminuir el flujo de aguas negras y buscarle salida.
En ese momento, el director de la CESPE, Arturo Alvarado González, informó que GEO fue una de las compañías castigadas por esta y otras irregularidades, por lo cual se les negó todo tipo de contrato.
No obstante como sucede en distintas compañías constructoras, quienes antes trabajaban para GEO, ahora son fundadores de nuevas empresas del ramo y ahí están tratando de operar. GEO como tal sigue en problemas y, aunque se rumoró que iba a volver, no pasó de ahí.
Mientras tanto, las personas viven en Mar de Ensenada de una manera indecorosa, restringidos de su libertad, en una zona habitacional que prometía progreso y por eso se aventuraron a adquirir una deuda a 30 años con el INFONAVIT, a un costo por vivienda de 290 mil pesos y una suma similar tan solo en intereses, revelaron los residentes.
Infértil Ecología Municipal
La directora de Ecología del Ayuntamiento de Ensenada, Pamela Castro Figueroa, no ha ejercido autoridad para erradicar unos de los problemas más serios de contaminación con el argumento (en 2015) de que la empresa GEO no obedece.
Ante la incapacidad por siquiera ir al lugar del foco de infección, optaron por transferir la responsabilidad a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Ecología tiene más de 20 trabajadores, que entre todos se llevan más de 300 mil pesos mensuales en nómina.
El Artículo 8 del reglamento para el control de la calidad ambiental del municipio de Ensenada, Baja California, menciona que la Dirección tiene por obligación prevenir y controlar las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores de competencia municipal, provenientes de establecimientos mercantiles y de servicios; “se prohíbe descargar o arrojar al sistema de drenaje y alcantarillado municipal, o depositar en zonas inmediatas al mismo, basura, lodos industriales o cualquier otra especie de residuos que provoquen o puedan provocar trastornos, impedimentos o alteraciones en funcionamiento del sistema”, señala el reglamento.
Mientras tanto, en cómodas oficinas algunos empleados vuelven a llamar a las olvidadas oficinas de GEO, a ver si pueden ocuparse del cárcamo.
Por algo se empieza
Es común que cuando las desarrolladoras pagan las fianzas para eliminar vicios ocultos de una construcción pública o privada, el dinero sea usado por el gobierno municipal a conveniencia. Los malos manejos solo dejan en la indefensión a los ciudadanos, quienes padecen las consecuencias de una obra mal hecha.
El síndico procurador Iván Alonso Barbosa Ochoa, propuso reformar el reglamento para la administración pública para el municipio de Ensenada, en la que se establece el correcto resguardo de las fianzas en obras de urbanización, aprobado por Cabildo en julio de 2016.
“Se pretende dar mayor certeza a la ciudadanía, ya que los complejos habitacionales que no hayan sido entregados al Ayuntamiento –como lo marca la Ley– por parte de los fraccionadores, el Municipio podrá hacer válidas las fianzas y brindar los servicios públicos”, añadió.
Su propuesta fue dictaminada y presentada por la Comisión de Gobernación y Legislación.
Puntualizó que la Tesorería Municipal será la obligada de resguardar el depósito por concepto de costo de estudios técnicos de proyectos de urbanización, así como la garantía para la terminación de las mismas, hecho que no estaba previsto en el ordenamiento.
De igual manera, tendrá la facultad de resguardar la fianza para garantizar la conservación de las obras que por estos conceptos realice el fraccionador, mediante oficio que previamente le gire el director de Catastro y Control Urbano, hasta el cumplimiento de la etapa de construcción que ampare la garantía y fianza de que se trate.
Barbosa Ochoa manifestó que tratándose de las áreas de donación incluidas en el acuerdo de autorización del fraccionamiento y una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el director de Administración de Bienes Patrimoniales deberá asegurarse que éstas sean inscritas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Baja California; de no haberse realizado la inscripción por parte del fraccionador, no se podrá llevar a cabo alguna acción.
CESPE cobra y debe corresponder
Jorge Valdés Miranda, de Vehcsa, desarrolladora del fraccionamiento mencionado, también es dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI) en Baja California, y vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE).
Una vez que se construyó Mar de Ensenada, la empresa GEO tuvo problemas financieros y la obra ya no se entregó, por tramitaciones y al tiempo evasiones que hay realizar y tardan por lo menos seis meses.
“El cárcamo estuvo funcionando, mientras GEO no lo entregara estaba obligado a mantenerlo operando, pero tuvo los problemas y dejó de operar, y a la fecha es hora que GEO no entrega”.
Insistió en que CESPE debe asumir la parte que le corresponde: “Cuando pagas tu servicio de agua estás pagando el drenaje, lo que marca el medidor incluye el tratamiento de esa misma agua”.
Apenas el lunes 18 de julio, Valdés Miranda se reunió con Jorge Ibarra, director técnico de la CESPE, donde acordaron evaluar el daño. Una vez concluido el trámite, Grupo Vehcsa pondrá el 50 por ciento del dinero, el resto la paraestatal, con la obligación de hacerse cargo del cárcamo como lo dispone la Ley. Esperan que con el cambio de director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, de Alvarado González a Carlos Loyola Peterson, que se realizó el martes 19 de julio, no haya relevos en el personal técnico para no prolongar más la agonía de los habitantes.