El secuestro de Jesús Alfredo Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, en Puerto Vallarta sería una venganza. Autoridades jaliscienses señalan al Cártel Jalisco Nueva Generación como autores del levantón. Una fuente consultada por ZETA afirma que existe una alianza entre el CJNG y los Beltrán Leyva. SEIDO atrae las investigaciones por la privación de libertad en el restaurante La Leche. “Alfredillo” cuenta con cargos en una Corte Federal de Illinois por tráfico de drogas
Fuentes de inteligencia estiman que detrás del levantón de Jesús Alfredo Guzmán Salazar “Alfredito”, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, y otras cinco personas en Puerto Vallarta la madrugada del 15 de agosto, se encuentra una perversa alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los hermanos Beltrán Leyva, con miras a convertirse en la organización criminal más poderosa de México.
La coalición de los Beltrán Leyva con Los Zetas en Sonora, los Guerreros Unidos en Guerrero y otras facciones criminales en diversos territorios; y los pactos del CJNG con el Cártel Arellano Félix e infiltración en sectores del Cártel de Sinaloa en Baja California, son clara muestra de su expansión territorial en el trasiego y mercado de las drogas.
Los Beltrán Leyva que disputan el control del narcotráfico en Sonora, Sinaloa y Nayarit, estarían ampliando sus conexiones a Jalisco y Baja California, además de Chihuahua. Por su parte los jaliscienses entrarían al negocio en algunos de los estados del Noroeste donde no han tenido influencia.
La fuente consultada por ZETA sustenta su hipótesis en un personaje que sería el nexo entre ambas agrupaciones delictivas: Rafael Caro Quintero, quien durante su estancia en el penal estatal de Puente Grande –a partir de 2010– vio surgir al Cártel Jalisco Nueva Generación que controló los centros penitenciarios, con quienes el sinaloense llevó una excelente relación y con discreción ejerció un liderazgo pacífico.
Con Caro Quintero liderando el proyecto de crear un “mega cártel” se estaría alineando también a los correligionarios de los Carrillo Fuentes (sobrinos de su ex socio Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”) en Chihuahua y a algunos grupos de Los Zetas fuera de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, buscando una conformación geográfica controlada del narcotráfico como la que existía hace más de tres décadas: Los del Pacífico y los del Golfo, antagónicos.
La persecución a los más cercanos colaboradores y familiares del encarcelado capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, además de representar una venganza personal de los Beltrán Leyva, significaría para Rafael Caro reconciliar a la parte del Cártel de Sinaloa que no es atacada por este bloque, la que representa Ismael “El Mayo” Zambada en el “Triángulo Dorado”.
Las células criminales de otros cárteles como los Caballeros Templarios y sus derivados en Michoacán, Los Rojos en Guerrero y otras más en las regiones de La Laguna y el Sureste del país tendrían que alinearse también o de lo contrario la “guerra” será cruenta en esas entidades, dijo el informante de extracción militar, quien colaboró para el gobierno federal en pasadas administraciones.
Puerto Vallarta
La madrugada del lunes 15 de agosto, a las 00:10 horas, un comando armado irrumpió en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, donde un grupo de hombres y mujeres, encabezados por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo” Guzmán realizaba una celebración. Los sujetos armados con rifles de asalto se llevaron al joven y cinco varones más.
Inicialmente hubo una gran confusión, pues en el establecimiento gastronómico ubicado sobre la avenida principal del destino turístico, al que la policía tardó más de 40 minutos en llegar, se había preparado una mesa en la que había 16 personas y se presumía que a todas las habían privado de la libertad.
Para justificar su demora, las autoridades locales argumentaron que el reporte de auxilio fue realizado mucho tiempo después del suceso, además que habían recibido otras dos llamadas que informaban de un atraco por un grupo numeroso de individuos al Hotel Fiesta Americana y una riña colectiva en diverso punto, lo que les hizo desviar recursos humanos y materiales para atender las que resultaron ser falsas emergencias.
A las afueras del restaurante, la Policía localizó estacionados cinco automotores de lujo, todos en color blanco, uno de ellos blindado, que pertenecían tanto a los “secuestrados” como a los que no fueron levantados, pero abandonaron el lugar.
Los victimarios, dijeron empleados de La Leche, arribaron al sitio a bordo de varios vehículos y a bordo de dos camionetas –de color blanco– subieron por la fuerza a quien después se sabría es hijo del “Chapo” Guzmán y sus amigos, quienes no opusieron ninguna resistencia ni poseían armas de fuego.
Esa misma mañana, el fiscal general de Jalisco, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, confirmaría los hechos, teniéndose el dato de que se trataba de 16 personas privadas de la libertad, por lo que se trasladó hasta Puerto Vallarta con un equipo de investigación para la ocasión. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz anunció que ya realizaban la búsqueda de las víctimas “por tierra y aire”.
Investigación
Ese mismo lunes 15 inició una deficiente investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, con versiones oficiales variadas y con filtraciones de información a través de redes sociales y medios de comunicación. Una de las principales líneas señalaba que entre los plagiados había un hombre de apellido Coronel, otro sujeto que había sido escolta del ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez y un empresario nayarita.
Por la tarde, en rueda de prensa, el fiscal Almaguer reculó en la información y dijo que se trataba de entre 10 y 12 personas las que fueron privadas de la libertad, que procedían de los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Reiteró el dato del ex escolta y adelantó que se corroboraría si una de las víctimas tenía parentesco o no con el narcotraficante Ignacio Coronel.
La mayoría de los comensales del restaurante se hallaban vacacionando en el puerto desde el 8 de agosto, estuvieron hospedados en el Hotel Marriot, entre ellos varias mujeres, quienes fueron testigos del múltiple levantón y luego de recuperarse del shock nervioso pudieron retirarse sin ser molestadas por autoridad alguna. Después, cuando el Ministerio Público quiso localizarlas ya no lo consiguió.
Para la noche de la misma fecha, el vocero del Gobierno de Jalisco, Gonzalo Sánchez, informó a través de su cuenta de Twitter que finalmente fueron “entre seis y siete” los hombres llevados por los sicarios y aseguró que de las investigaciones se desprendía que los hechos ocurrieron por las disputas entre grupos de la delincuencia organizada.
El cerebro de los equipos de videograbación del restaurante fue asegurados por la Fiscalía y trasladado vía aérea a la ciudad de Guadalajara por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para extraer las imágenes de víctimas y victimarios e identificarlos.
En la madrugada del martes 16, el fiscal en entrevistas radiofónicas dejó la cifra de “secuestrados” en seis personas y reveló que uno de ellos era hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán. Unos medios de comunicación señalaron que se trataba de Iván Archivaldo, y otros, que era Jesús Alfredo, de apellidos Guzmán Salazar. Ante las adivinanzas del fiscal, otros periodistas señalaron que habían plagiado a ambos.
Esa tarde, Almaguer Ramírez, en rueda de prensa confirmó la identidad de Jesús Alfredo como uno de los privados de la libertad, junto a Juan Daniel Calva Tapia, de 53 años, Josías Nahualli Rabago Borbolla, de aproximadamente 35, y Víctor Galván Ureña, de 46, de los que se sabe fueron llevados hacia el sur de la Costa de Jalisco en los vehículos de sus captores.
Para entonces se había desahogado 30 diligencias de investigación, 25 dictámenes periciales, 15 entrevistas a testigos, la inspección a los cinco vehículos asegurados y del lugar de los hechos, así como la revisión de videos. No había detenidos, ni localización de víctimas.
Filtraciones
La madrugada del miércoles 17 de agosto, el Blog del Narco publicó fotografías obtenidas del video del restaurante La Leche. Se habían editado fotos de cada uno de los seis desaparecidos y otras tantas de los rostros de los plagiarios. Otras gráficas mostraban los momentos en que los comensales estaban arrodillados frente a sicarios con rifles de asalto.
Antes de la aparición de las fotos, la versión de que un hijo del “Chapo” estaba entre los privados de libertad fue una filtración que tuvo que ser confirmada por el fiscal Almaguer, quien en su afán protagónico siguió concediendo entrevistas a estaciones de radio para declarar que no sabía cómo se habían filtrado las fotos, si solo él, su gente cercana y los peritos, tuvieron el equipo de videograbación en su poder.
La tarde noche de ese día ocurrieron dos nuevas filtraciones. Una, la de una fotografía de la actriz Kate del Castillo, con quien supuestamente es Jesús Alfredo Guzmán. En redes sociales se publicó que la foto salió de uno de los equipos de telefonía móvil asegurados en la escena del levantón. La otra, un fragmento de 38 segundos del video del momento del ingreso y egreso del comando se difundió masivamente.
La Fiscalía General y la Secretaría General de Gobierno de Jalisco informaron que se investigaría quién o quiénes están vinculados con la fuga de información y que se llegará a las últimas consecuencias, con sanciones a los que resulten responsables.
El jueves 18 de agosto, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atrajo formalmente las pesquisas del suceso. La noticia fue confirmada por el delegado en Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR), Ramón Ernesto Badillo Aguilar. La Fiscalía estatal se convirtió solo en coadyuvante de la manoseada indagatoria al entregar la carpeta de investigación del caso.
Del posible levantón de Iván Archivaldo Guzmán “El Chapito”, Eduardo Almaguer declaró que “hasta el momento no hay ningún elemento, indicio, revisión de secuencia fotográfica y de videos, ni de todas las entrevistas a los testigos, que se han llevado a cabo, que digan que hay la presunción de que se encontrara esta otra persona entre las que fueron privadas de su libertad”. Dijo que se trabajaba en identificar a las dos personas de las que aún no se tenía su identidad.
Jesús Alfredo
Jesús Alfredo Guzmán Salazar es el cuarto de cuatro hermanos, hijos de la señora Alejandrina María Salazar Hernández, una mujer de 57 años, originaria de Culiacán, que en agosto de 1977 contrajo matrimonio civil en el poblado de Jesús María, Sinaloa, con el narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.
Alejandrina, que declaró en febrero de 2005 ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “nunca me he fijado en el acta de matrimonio bajo qué régimen de bienes estoy casada”, le puso el nombre de Jesús Alfredo a su hijo en honor a uno de sus 11 hermanos fallecido algunos años atrás.
“Alfredillo” es el menor de los Guzmán Salazar, nació el 17 de mayo de 1986, lo que indica que tiene 30 años de edad; sus hermanos son: Iván Archivaldo, de 36 años; Gisell Alejandrina, de aproximadamente 37, quien estudió medicina; y César, el de mayor edad, 39, a quien le gustó la carrera de administración de empresas.
La primera vez que figuraron en una averiguación previa los “Chapitos” fue en mayo y junio de 1993, tras las investigaciones del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Alfredo tenía apenas 7 años. Habían pasado su infancia mudándose de casa. Vivieron en las colonias Residencial Victoria, Chapalita, Ciudad del Sol, Conjunto Patria y Providencia, entre otras.
Jesus Alfredo Guzmán Salazar, el hijo del narcotraficante sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, que fue secuestrado esta semana por un presunto comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un restaurante denominado La Leche, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco
Los policías judiciales que fueron contratados como “niñeros” y choferes de los Guzmán Salazar confesaron su rutina. Iban por los tres niños más pequeños todos los días a una residencia de la calle Quebec en el fraccionamiento Providencia, para llevarlos a sus respectivas escuelas –primaria y secundaria– de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Su padre fue detenido en Guatemala el 7 de junio.
Tras la fuga de Guzmán Loera del penal de Puente Grande el 19 de enero de 2001, las investigaciones los llevaron de nuevo a las actuaciones. Se interrogó a su parentela y les aseguraron documentos, las mismas casas aseguradas en 1993 y algunas cuentas bancarias. A César se le señaló como coadyuvante en la fuga de su progenitor, pero sin cometer ningún delito.
Tras la detención de Iván Archivaldo “El Chapito” en enero de 2005 se investigó a todos los hermanos. Jesús Alfredo tenía 19 años y junto con su madre, fraternos y tías promovió un juicio de amparo ante el Juzgado tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, porque las autoridades federales presuntamente pretendían detenerle.
El Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, y en apelación, el Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito, negaron las órdenes de aprehensión solicitadas por la Procuraduría General de la República contra 14 de los familiares del “Chapo” por su presunta responsabilidad en la comisión de diversos delitos, incluido lavado de dinero.
Sin embargo, en los Estados Unidos de América, en agosto de 2009, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, junto con su padre Joaquín Guzmán Loera, fue acusado de múltiples cargos de tráfico de drogas en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois. A su madre, María Alejandrina Salazar Hernández, la señalaron de proporcionar apoyo material a las actividades de tráfico de drogas del cártel de Sinaloa. Por ello el Departamento del Tesoro los incluyó en la lista negra de cabecillas del narcotráfico el 6 de julio de 2012. En fecha diversa también se enlistó a Iván Archivaldo y otros hijos de “El Chapo”.
