34 presidentes municipales electos, en funciones o ex, han sido asesinados en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Pungarabato, Guerrero, asesinado en la semana, había denunciado las amenazas al Gobernador, convocado a la sociedad a no ceder ante el crimen organizado e incluso Renato Sales, el Comisionado Nacional de Seguridad, le había redoblado la escolta
El fin de semana pasado la violencia cobró la vida de dos alcaldes –y en circunstancias muy distintas–, fallecieron Domingo López González, edil de San Juan Chamula, Chiapas, y también el alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, esta última una muerte anunciada, y en la que el Gobierno Federal no intervino, a pesar de las reiteradas peticiones del propio funcionario municipal, quien temía por su vida ante las amenazas constantes de parte del crimen organizado en su contra.
Según un conteo de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), con estas dos ejecuciones, la cifra de alcaldes electos, en funciones y ex ediles asesinados desde noviembre del 2006 hasta el momento, llega a 79: 1 en el gobierno de Vicente Fox Quesada, 44 durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y 34 en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto.
De los 79 alcaldes asesinados, 40 eran ediles en funciones, 7 electos y 32 ex alcaldes. Por filiación política, 37 eran del Partido Revolucionario Institucional (PRI), seguido del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 17, y 11 eran miembros del Partido Acción Nacional (PAN). Por región o territorio, el estado de Oaxaca es la entidad más peligrosa con 15 asesinatos de alcaldes, seguida de Veracruz con 9. Luego, en tercer lugar, se encuentran Michoacán y Guerrero, con 8 crímenes cada uno, y Durango con 6.
El pasado lunes 25 de julio, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong condenó los hechos de violencia ocurridos en Chiapas y en Michoacán. “Son actos que no pueden ser tolerados en nuestro país”, dijo, para después asegurar que el gobierno federal tomará medidas para que ninguna autoridad local sea violentada otra vez por los grupos del crimen organizado.
Desde el 30 de septiembre de 2015, fecha en que asumió el cargo como presidente municipal de Pungarabato, Soto Duarte, recibió amenazas telefónicas por parte de la delincuencia organizada, misma que le exigía una cuota de tres millones de pesos mensuales para dejarlo gobernar, tras lo cual, el alcalde renunció ante la dirigencia de su partido, el PRD.
Soto Duarte asumió una postura firme, con la esperanza de que los miembros de su partido, el mismo gobernador y la Federación, lo escucharan y lo ayudaran. El edil de Pungarabato optó por hacer públicas las amenazas y se negó abiertamente a colaborar con la delincuencia. Convocó a la población diciendo: “tenemos que poner un alto a la delincuencia”. En las primeras entrevistas que dio sobre el tema, se quejaba de que “las autoridades federales y estatales no hacían nada contra las extorsiones”.
El mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, sabía que la vida del alcalde de Tierra Caliente corría peligro, porque el propio edil le habló de las amenazas de muerte en su contra. El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, le prometió protegerlo con medidas cautelares, cuadruplicando su cuerpo de seguridad. Esto fue en el marco del anuncio de la implementación del operativo Tierra Caliente, con la que llegaron 500 elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería, con el que, al contrario, se incrementó la violencia en la región.
14 días antes de que fuera asesinado, el perredista Soto Duarte pidió ayuda al presidente Enrique Peña Nieto, luego del asesinato de su primo y tras las constantes amenazas de muerte que recibía, pero no obtuvo respuesta. “Mataron a mi primo, estoy amenazado por la delincuencia organizada. Ya es hora de actuar señor presidente EPN (Enrique Peña Nieto) Tierra Caliente lo necesita”, escribió el alcalde en su cuenta de Twitter.
El edil fue asesinado durante una emboscada por hombres armados la noche del pasado sábado, en la comunidad de San Lucas, perteneciente al estado de Michoacán, a solo 20 minutos de su casa. En el lugar, perdió la vida su chofer y resultaron heridos los agentes federales que estaban asignados a su seguridad. Según el fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, los sicarios dispararon sobre la camioneta de Soto Duarte alrededor de 200 proyectiles de diferente calibre, entre ellos, los disparados por un fusil Barret calibre 50.
Su primo y jefe de escoltas, Sebastián Soto Rodríguez, había sido encontrado muerto el 5 de julio en un basurero ubicado en Cutzamala de Pinzón. Tras los hechos, Soto Duarte solicitó el regreso de la Policía Federal, corporación que había salido de los municipios de Tierra Caliente, por lo que sus comunidades habían quedado a la merced de los grupos de la delincuencia, según lo denunció el propio alcalde de Pungarabato.
El siete de julio pasado, Soto Duarte denunció ante reporteros, al concluir un evento celebrado en la residencia oficial del gobernador, que había sido objeto de nuevas amenazas por integrantes de la delincuencia organizada y que los criminales le advirtieron a través de un mensaje de texto a su celular, que iban a aprovechar la ausencia –desde mayo– de la PF para asesinarlo, lo que a los pocos días cumplieron.
“Nuestro plan B (es armarnos), hemos hablado con algunos ganaderos que están registrando sus armas, están listos para defenderse, porque ya no aguantan más. Estoy dispuesto a lo que sea con tal de terminar con estas lacras que están afectando la sociedad, incluyendo a mi familia”, sentenció Soto Duarte.
Un supuesto informe de inteligencia, que fue filtrado a la prensa, señala que en agosto del año pasado Soto Duarte convocó a varios de los alcaldes de Tierra Caliente de Guerrero para llevarlos con Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, para formalizar compromisos de pagos mensuales de tres millones de pesos a cambio de protección. El sujeto, que hasta hace poco tiempo era parte de la organización criminal La Familia Michoacana, lleva, dice la filtración, más de tres años como jefe de una banda autónoma que opera desde esa zona de Tierra Caliente, y que tiene su base en Arcelia, Guerrero.
El supuesto reporte de inteligencia, replicado por la agencia Quadratín y otros medios locales, señala que de este municipio partían grupos de secuestradores a otras entidades, y que sus cómplices fueron responsables, por ejemplo, de la ola de secuestros en Valle de Bravo en el verano de 2014. Sin embargo, la tarjeta confidencial que muchos periodistas atribuyen en su autoría al gobierno estatal, no aclara cuál era la relación de Soto Duarte con Hurtado Olascoaga, ni cómo o cuándo lo había conocido. Tampoco disipa cuáles fueron los motivos por los que convocó a dicha reunión, ni si ésta fue mediante coerción.
Por su parte, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEM) del PRD, Beatriz Mojica Morga, guerrerense, responsabilizó a Peña Nieto, “quien se negó a brindar la atención a la violencia en Tierra Caliente y prefirió utilizar a los elementos federales para reprimir al magisterio que combatir a los delincuentes”.
Domingo López González, alcalde de San Juan Chamula, Chiapas
A través de su cuenta de Facebook, Mojica Morga recordó que el edil denunció las amenazas de la delincuencia organizada y pidió ayuda al gobierno federal, pero no fue escuchado y lo asesinaron. “Peña Nieto abandonó la Tierra Caliente de Guerrero, porque prefiere perseguir maestros en lugar de narcos. Ambrosio Soto, presidente de Pungarabato, denunció amenazas, no fue escuchado y fue asesinado. Exigimos justicia para Bocho (como era conocido el edil) y una respuesta inmediata para frenar la ola de violencia en todo el país”, escribió cuando ya era muy tarde.
Pocas horas antes, el sábado por la mañana, y en circunstancias muy distintas, fue ejecutado en plena plaza pública, el alcalde chiapaneco de San Juan Chamula, Domingo López González, junto al síndico Narciso Lunes Hernández y el quinto regidor Miguel López Gómez. Con ellos murieron otras dos personas, todo en el marco de una discusión de los miembros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con pobladores indígenas.
Las primeras versiones apuntan a que la tragedia se debió a que el alcalde se negó a entregar recursos públicos a los representantes comunitarios del pueblo. El procurador de justicia de Chiapas, Raciel López Salazar, aseguró en una entrevista radiofónica que “el móvil del asunto no es precisamente el reclamo de las obras. El móvil del asunto es que por la vía de la violencia querían recuperar la presidencia municipal. Las investigaciones van tendiendo en ese objetivo”. Hasta el momento, ya han sido detenidas 7 personas supuestamente relacionadas al crimen.
Como se vio en San Juan Chamula, los alcaldes no son las únicas víctimas de la violencia. En fechas recientes, Delfino Nieto Peláez, esposo de la priista presidenta municipal electa de Mártires de Tacubaya, en Oaxaca, fue asesinado de dos balazos. El crimen tampoco distingue colores partidistas. Por ejemplo, el 22 de abril de este año fue asesinado el panista Juan Antonio Mayen Saucedo, presidente municipal de Jilotzingo, Estado de México, cuando transitaba en un vehículo por una carretera de Naucalpan. Los homicidas dispararon más de 100 balas a su comitiva.
