Tras haber cambiado de estrategia en materia de impugnación (primero iban por solo algunos cómputos distritales, luego por la nulidad total), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) da un plazo de un mes al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California para resolver la nulidad respecto a Tijuana.
Sin embargo, el Tribunal rechazó la mayoría de sus recursos por estar mal planteados – algunos a destiempo–, y con argumentos inexistentes en la Ley Electoral, como impugnar la elección de munícipe ante los Consejos Distritales y no al Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), que es el que valida los resultados de todos los Distritos en su conjunto.
Adán Carro Pérez, encargado de la impugnación, explicó que fueron ocho los recursos de revisión presentados, siete buscando la anulación de mil 573 casillas, uno por cada cómputo distrital y otro que “demanda la nulidad (total) de la elección”.
En entrevista con ZOOM POLÍTICO, el ex director jurídico del Comité Ejecutivo Nacional priista, aceptó que la impugnación de los siete cómputos distritales “no tienen ya la mayor relevancia”, por lo que no fueron admitidos por el Tribunal, lo que sí sucedió con el recurso RR-141/2016, enfocado a impugnar la Declaratoria de Validez de la Elección.
Para Carro, las malas prácticas del IEE son incuestionables y constituyen un elemento suficiente para invalidar la victoria panista: “se hicieron evidentes conductas de los Consejos Distritales, para modificar ilegalmente los resultados. Por eso, los resultados producidos durante los cómputos y las cifras de las casillas siguen sin coincidir, es decir, se agrandaron los errores aritméticos”, señaló.
El abogado anotó que Juan Manuel Gastélum Buenrostro, abanderado blanquiazul, excedió los límites de gastos de campaña que dispuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en más del cinco por ciento. Refirió a la captura “a escondidas” de personal del IEE en el Distrito 11, lo que para el equipo jurídico tricolor refleja el “dolo” para beneficiar al PAN.
En un documento enviado a ZETA, afirmó:
“Si el tribunal local no resuelve en un tiempo razonable, acudiremos a las instancias nacionales para intentar brincarlo por obstaculizar nuestro derecho de acceder a una justicia pronta, completa y expedita.”
El “tiempo razonable” es de un mes a partir de la interposición del recurso el 24 de junio, de lo contrario, llevarán el caso ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Guadalajara, y de no ser suficiente, hasta la Sala Superior del mismo Tribunal, en la Ciudad de México.
Tanto la impugnación del PRI como de Encuentro Social (PES) se encuentran bajo la ponencia del magistrado Martín Ríos Garay, ex empleado de la Secretaría General de Gobierno en la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
En un documento oficial emitido el 6 de julio, el Tribunal Local anunció el rechazo de seis de los ocho recursos de revisión solicitados por el tricolor, no obstante, el oficio contiene varios errores. Por ejemplo, incluyó en el listado de Distritos que el PRI impugnó en Tijuana al 7, que es de Tecate, al que asignó el número de expediente RR-116/2016, que en realidad es una impugnación ante el Distrito 8, al que relacionan con el expediente RI-094/2016, correspondiente a una solicitud interpuesta por el PAN.
