Pobladores del sur de Ensenada denuncian que han puesto su confianza en los casi 30 agentes de la Policía Municipal en activo que resguardan la seguridad de la delegación y que se enfrentan a tareas del NSJP para las cuales aún no están preparados física ni económicamente
La delegación de San Quintín, municipio de Ensenada, ha sido menospreciada por los gobiernos que destinan una mínima parte del presupuesto al funcionamiento de los poblados que reciben un tratamiento de región agrícola, pero que en la realidad enfrentan problemas de gran ciudad.
Quienes viven en Punta Colonet, Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario, perciben un incremento en el número de delitos como robo vehicular, habitacional, a comercio, tráfico de drogas, asaltos con violencia, levantones, maltrato infantil y de género, así como homicidios.
Por ejemplo, una noche en la segunda semana de junio, una mujer de 23 años recibió dos impactos de arma de fuego, uno en la espalda y otro más en un glúteo, en la colonia Leandro Valle; horas antes se reportó en la colonia conocida como la “5 Mil” a otro hombre joven con varios impactos de bala que fue trasladado a la ciudad para su atención médica.
Otro inconveniente para los lugareños es la demora en el proceso de levantamiento de cadáveres. Hace unos meses un hombre quedó en un camino rumbo al Rancho San Marcos, donde permaneció trece horas tendido en la terracería, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, que llegaron los peritos; aunque la Policía Municipal montó el protocolo de primer respondiente, fue imposible no invadir el área del crimen ante la presencia de los familiares.
También el jueves 23 de junio por la mañana cuatro hombres aparentemente armados ingresaron a Casa de Empeño Monte California en la colonia Lázaro Cárdenas, donde amagaron a los empleados para robar un millón 100 mil pesos, entre dinero, mercancía y aparatos electrónicos. Todos huyeron en un automóvil compacto con vidrios polarizados y sin placas de circulación, según consta en material grabado por una cámara de video vigilancia.
Por éste y otros motivos como la falta de calles pavimentadas, señales de tránsito, áreas de recreación y mejores escuelas, es que grupos de la sociedad civil impulsan la propuesta de municipalizar San Quintín, la cual está en la “congeladora” del Gobierno del Estado.
El ingenio del primer respondiente
La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) el 11 de marzo pasado, llegó con carencia a esta región donde los oficiales tienen que llenar una serie de papeletas con evidencias del delito que atendieron, pero aseguran no tener lo básico.
“La guardia se coopera para comprar el papel, tenemos copiadora pero no el material, por eso lo pagamos de nuestra bolsa o mejor ni atendemos”, mencionó un agente sin revelar identidad.
Según los oficiales, han tenido que comprar vasos de foamy e “hilo de tendedero” para acordonar el área donde sucedió un homicidio.
Las esperas son largas cuando se trata de atender un homicidio, dicen los uniformados.
San Quintín tiene 35 elementos activos pero, al igual que en la zona urbana de Ensenada, donde hay 921 agentes, al final cuentan sólo con el 70 por ciento del personal porque el 30% restante regularmente está de vacaciones, en permiso o incapacitado.
Roban automóviles para “el kilo”
El subprocurador de Justicia de Zona Ensenada informó que es prematuro hablar de un incremento de muertes violentas en comparación a 2015, no obstante, en lo que va del año tiene registrados siete homicidios, de los cuales cinco están relacionados con narcomenudeo, otro por robo con violencia y uno más por venganza.
“En relación con temas de narcomenudeo, ellos -los cinco hombres- tienen antecedentes y hay indicios de que se dedicaron a la actividad o tiene relación con alguien que no haya sido detenido”, reveló.
Sobre la investigación o resolución de los casos, el funcionario estatal ventiló que en todos los asuntos tiene datos importantes como los vehículos que participaron, generales de personas, así como apodos.
Uno de los robos más trascendentes en la región sur, dijo, fue el de productos agroquímicos (que se usan para la elaboración de droga sintética), pero ahora se presentó el asalto a una casa de empeño, lo que impactó a los lugareños.
“Se llevaron aparatos electrónicos, lo que habla que pueden ser detectados con mayor facilidad. Tenemos avances relevantes como son rostros, testimonios, y se está trabajando en resolver el caso”, sostuvo.
Con base a las estadísticas de detenidos, hay un alza considerable en el índice de robo vehicular.
Además del robo de camiones de pasajeros o de trabajadores agrícolas, mencionó que hay gran afluencia de vehículos de modelos “no tan recientes como 1983, 1995, que son marca Honda o Toyota y que por su año y peso, son más valiosos en una recicladora”.
Embalajes deben ser inmediatos
Sobre el lento proceso para el levantamiento de cuerpos, Chavarría López respondió que no existen motivos para que un cadáver permanezca trece horas tendido en el suelo cuando sus agentes, y los municipales, están preparados para atender este tipo de casos.
“Lo que te puedo decir es que trabajamos con la gente de la Dirección de Seguridad Pública, derivado de los protocolos que fungen como primeros intervinientes en la cadena de custodia, según el código nacional”, explicó.
A su vez, reconoció que los investigadores de primera mano son el grupo de Homicidios y tienen estancia en la ciudad de Ensenada, por lo que deben trasladar el equipo hasta el lugar de los hechos.
Sin embargo, esto no es motivo para prolongar la agonía de los familiares cuando un cuerpo está en la vía pública ya que hay trabajadores que tienen capacidad para trabajar en la materia.
“¿Qué es lo que sucede? La Policía Municipal interviene, acordona el lugar y si ellos determinan que hay elementos de tiempo como que se puede descomponer (el cadáver) u otras circunstancias que puedan estropear la investigación, puede hacer el embalaje o la Policía Ministerial del Estado se puede cargo de la escena”, describió.
El funcionario no dudó en que al final de cuentas y con base a la problemática, asigne una persona de las que residen en San Quintín para que trabaje en esas escenas, aunque insistió en que cualquiera lo puede hacer.
Sobre el trato a las comunidades indígenas, el subprocurador aclaró que el Código Nacional refiere que la Ley es aplicable para todos de manera general, salvo en ciertos procedimientos especiales.
En cuanto a los grupos étnicos, citó la legislación y anotó que es distinto porque cuando alguien de este grupo es procesado, se le nombra un perito traductor y cuidan todo lo que prevén, los tratados y acuerdos nacionales e internacionales en materia de derechos de indígenas, para que no se vean vulnerados.
Amalgama de delitos en SQ
Por su naturaleza agrícola, la mayoría de la población de San Quintín es migrante, proveniente de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Chiapas.
“Es difícil para un oficial decirle ‘¡Oye, te pasaste el alto!’, porque regularmente es gente que no tiene documentos de identidad, menos licencia, o conduce un vehículo irregular, pero además la carretera es federal”, platicó Francisco Javier Shields Galindo, director de Seguridad Pública Municipal.
Por ser un poblado donde el mayor porcentaje de los habitantes tiene usos y costumbres distintas, no pueden tratar la seguridad igual que como en la zona urbana.
“Su cultura es diferente, hay que darles un tratamiento distinto”, declaró complaciente.
Si bien existen carencias en materia de seguridad, como en otras regiones del país, el problema redunda en economía, recursos, porque hay poco dinero, “por eso priorizamos la seguridad en ciertas áreas como en las comerciales”.
Y si a ello se suma que cuando hay un delito de alto impacto la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) les demanda una patrulla con mínimo dos oficiales para que se hagan cargo de primera instancia del asunto, el número de elementos en activo baja.
“Sí estamos limitados, pero estamos tratando de hacer una estrategia para tener una mejor cobertura en seguridad pública y lamentablemente son cuestiones de recursos para tener mayor capacidad de arreglar unidades, mover personal”, calculó.
Sobre la comandancia que fue destruida durante las protestas en mayo de 2015 por simpatizantes de la Alianza de Jornaleros, el titular de la DSSPM de Ensenada reclamó que es una ofensa el hecho de que la estación esté totalmente vandalizada, por lo que solicitó la intervención de Obras Públicas Municipales para que remocen el inmueble.
Sobre los operativos con la Base de Operaciones Mixtas (BOM), que se realiza con la Policía Estatal Preventiva y militares del 67 Batallón de Infantería, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), explicó que se llevan a cabo con mayor frecuencia y fomentan la prevención.
“Hemos estado de una manera periódica mandando grupos a trabajar en diferentes rubros, lo que le da mayor certeza para la prevención, porque para los colonos no es muy usual ver grupos de manera juntos”, argumentó Shields.
Incrementan aseguramientos de droga
Cada mes, la SEDENA destruye de 15 a 20 plantíos de marihuana y amapola en la zona rural del municipio de Ensenada, estimó Julio Álvarez Arellano, Comandante de la Guarnición Militar de El Ciprés.
Agregó que con las lluvias de 2015 y 2016, con la presencia del fenómeno “El Niño”, aumentó la cantidad de agua en barrancas, aguajes y lechos de arroyos, favoreciendo el cultivo de enervantes en la región.
“Se ha incrementado la localización de plantíos en un trabajo coordinado con la Base de Operaciones Mixtas, donde el Ejército aporta cuadrillas de soldados para resguardar la seguridad externa. Además, realizamos juntas de coordinación para elaborar los programas que vamos realizar durante la temporada, como los recorridos de reconocimiento para localizar pistas clandestinas, sembradíos de droga, armas u otro hecho delictivo”. Acciones que se ejecutan en apego a la Ley y respetando los derechos humanos.
Durante los operativos encuentran mayormente marihuana y, en menor cantidad, amapola.
“Son pequeñas extensiones pero varias, de hasta 2 mil metros cuadrados”, resaltó el mando.
Las áreas que más procuran los narcotraficantes son los terrenos con frente de agua en las delegaciones Ojos Negros, Leyes de Reforma, Valle de la Trinidad, Santo Tomás y otros lugares cerca de la sierra.
Sólo le falta presupuesto
De acuerdo con cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), en 2010, la población era de 87 mil habitantes -desde Punta Colonet al Paralelo 28-, que se podrían equiparar con las de Tecate y Playas de Rosarito, donde el último censo (2016) del Consejo Nacional de Población (CONAPO) calcula 110 mil habitantes.
La participación electoral de esta zona del municipio correspondiente al Distrito XV fue definitoria para el triunfo del alcalde electo Marco Novelo Osuna, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien de no ser por el sufragio de los sureños, no hubiera obtenido mayoría.
Cobertura policiaca para 65 mil habitantes
San Quintín | 35 |
Vicente Guerrero | 26 |
Camalú | 20 |
Punta Colonet | 16 |
Total | 97 agentes |
Homicidios
2016 | 7 (enero-junio) |
Narcomenudeo | 5 |
Robo violento | 1 |
Venganza | 1 |
Infracciones: 15 diarias |
Reportes comunes: Riña conyugal |
Delitos a la alza: Robo de vehículo
|