Por no dar con el domicilio de la casa donde vivía la familia de Usiel, el menor que murió tras ser golpeado, una trabajadora social de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia dejó de investigar el caso de maltrato infantil reportado por el Sistema Educativo Estatal (SEE).
El 1 de junio de 2016, la coordinación del Programa de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del SEE, envió un oficio a la Procuraduría, perteneciente al Sistema DIF Estatal, para informar que docentes y personal del kínder Cecilia Grierson, ubicado cerca del Parque Industrial Pacífico IV en Tijuana, habían detectado un caso de maltrato infantil.
Una menor de cinco años de edad, hermana de Usiel Alejandro, quien falleció el viernes 8 de julio por traumatismo craneoencefálico, mostraba quemaduras en las manos y su madre había aceptado que la golpeaba a manera de castigo.
La procuradora de Defensa del Menor y la Familia, Consuelo Luna Pineda, explicó en entrevista con ZETA, que cuando personal del jardín de niños, donde la pequeña cursaba el tercer año de preescolar, cuestionó a la mamá por las lesiones que presentaba, “la madre dijo que la niña se portaba mal y la castigaba, le llegaba a pegar y también otra disciplina que implicaba situaciones de violencia”.
A pesar de que personal del SEE llenó el reporte de inmediato para que el DIF actuara –organismo responsable de investigar casos de maltrato infantil – la trabajadora social asignada al caso, acudió el viernes 3 de junio, dos días después de haber recibido el reporte, al domicilio referido.
“Tenemos constancia que (la trabajadora social) refiere que no le fue posible localizar el domicilio que se asentaba en el documento y por lo tanto, no pudo llevar a cabo la investigación con éxito”, dijo la funcionaria estatal.
Transcurrieron 25 días hasta que la empleada de la Procuraduría solicitó información adicional al SEE para dar con la vivienda de la familia mediante un oficio fechado el 28 de junio.
Dos semanas después, la fotografía de Usiel aparecía en medios de comunicación, en publicaciones en redes sociales y volantes para dar con su paradero. El pequeño de tres años fue primero reportado como desaparecido por su madre Karely Flores.
Luego se supo que murió en manos de Rafael Luviano, padrastro del menor y pareja de Karely, con quienes la familia vivía en la privada San Octavio. El cadáver fue localizado en una bolsa de plástico a la orilla del bulevar 2000 la noche del martes 12 de julio.
Cuestionada sobre la falta de actuación de la Procuraduría ante un caso de maltrato infantil ya documentado por la escuela donde estudiaba la pequeña y por qué se dejaron transcurrir 25 días para solicitar información adicional, su titular, Consuelo Luna Pineda aseguró “estamos llevando a cabo una investigación para saber si hubo alguna negligencia por parte de nuestro personal en darle la atención debida al caso”.
Detalló que personal de la Procuraduría inició el levantamiento de actas administrativas para así “dar vista si se considera que hubo alguna falta por parte del personal en el seguimiento puntual al caso, a la Controlaría Interna para que lleven a cabo el procedimiento administrativo que corresponde y en su caso emitan la sanción que consideren de acuerdo a la gravedad de la falta”.
