En la delegación de la PGR encabezada por Pedro Jesús Torres Salazar, dejaron ir a dos ex agentes federales involucrados en el tráfico de droga. Policías estatales y militares los entregaron, pero no los incluyeron en el informe homologado. Tras el acto de corrupción, no hubo reacción, ni de Daniel de la Rosa, jefe de los estatales, ni del General José Ricardo Bárcena Rosiles, por sus soldados. Los ex agentes, en la impunidad, encubiertos por los locales
Dos ex policías federales que iban por un cargamento de droga, fueron dejados en libertad. No declararon respecto al origen de la droga que les fue decomisada, ni de dónde provenía, ni quién o quiénes eran los dueños. A la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California no le interesó saber para cuál cártel delinquían.
En actos de corrupción, los dos ex federales, fueron protegidos.
El viernes 24 de junio, muy de mañana, ZETA fue informado: elementos del Ejército y de la Policía Estatal Preventiva, habían encontrado aproximadamente tonelada y media de droga, marihuana, en una casa de Villafontana. Además de asegurar el inmueble detuvieron a tres personas, incluido un ex agente federal de Investigaciones.
Droga asegurada
Los tres detenidos quedaron identificados por credenciales que portaban. Se trató del ex agente federal de Investigación, Iván N; el agente federal incapacitado, Édgar Luciano Beristáin Ávila -aseguran desde la Federación también retirado del servicio-; y el civil Omar Galván Valdez.
Pero en la PGR sólo confirmaron el aseguramiento del domicilio y el proceso para la orden de cateo. Al cuestionar sobre el paradero de los detenidos, no hubo respuesta.
Obra en papeles que desde que los estatales y soldados remitieron el informe homologado al Ministerio Público Federal, los tres detenidos desaparecieron. Ni sus nombres ni referencias a su detención. Aunque una primera versión indica que ni los estatales ni los soldados redactaron el documento, es decir, que los nombres de los detenidos podrían haber sido omitidos por los federales, resulta que tanto agentes estatales como militares, firmaron el documento. “Los federales llegaron a la escena y se les entregó todo”, fue el argumento de defensa desde las corporaciones aprehensoras.
En el informe policiaco indican que un grupo coordinado Ejército-PEP, en atención a una denuncia recibida en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), acudió a la vivienda con el número 23609-B de la calle Catania, entre Margot y Encinas de la colonia Villa Fontana en la delegación La Presa. Al llegar a la dirección el portón de la propiedad estaba abierto, igual la puerta de la casa, y en el interior del patio había un auto sedán con placas fronterizas ALB-99-84 y la cajuela también abierta. Dentro, paquetes de droga envueltos en cinta canela.
Aseguran que sin ingresar al domicilio observaron los paquetes de droga y requirieron la presencia del Ministerio Público Federal, para que éste solicitara la orden de cateo.
Edgar Luciano Beristain Avila
Además del MP, llegaron dos agentes federales enviados por el delegado de la PGR en Baja California, Pedro Jesús Torres Salazar, y se llevaron a los sorprendidos con la droga: Iván N, Beristáin Ávila y Galván Valdez.
PRESENTADO MÁS TARDE POR UN ARMA
Al mediodía del mismo viernes 24 de junio, el informe homologado reportando la casa y droga aseguradas, se recibió oficialmente en las oficinas de la PGR, no así a los ex agentes federales de investigación capturados.
Iván N y Beristain fueron presentados más tarde, alrededor de las siete de la noche del mismo 24 de junio, pero de acuerdo con datos oficiales, su detención se habría realizado supuestamente por elementos de las PGR en las inmediaciones de una tienda Oxxo ubicada cerca de la casa cateada. Esta vez de quien no se volvió a saber fue del civil Omar Galván Valdez.
El argumento para retener a los ex policías federales fue que los encontraron en una camioneta en posesión de una pistola de bajo calibre, los judicializaron rápidamente- debieron salir antes del cateo- como instruye el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y se fueron, porque ese es un delito por el que siguen proceso en libertad.
Ya el 27 de junio se ejecutó orden de cateo en el inmueble, donde elementos federales con apoyo de agentes estatales y militares, decomisaron una tonelada 756 kilos de marihuana contenida en 164 paquetes; según la PGR, corresponde al código FED/BC/TIJ/0000059/2016.
Ese lunes, desde la Procuraduría General de la República finalmente salió información. El boletín DPE/182/2016 informó que “… mediante cateo la PGR en Baja California asegura más de tonelada y media de marihuana”, en el cual reportan en inicio de una carpeta, porque personal del Ejército y la PEP encontraron varios paquetes de al parecer marihuana en un domicilio.
Omar Galvan Valdes
Se preguntó en la delegación de la PGR nuevamente por Iván, Beristáin y Galván, pero la respuesta fue que en ese tema, el contenido del comunicado era lo que había.
LA VERSIÓN EXTRAOFICIAL
De acuerdo con datos recabados por ZETA entre personal de las diversas corporaciones participantes en el decomiso de Villa Fontana, la PEP y el Ejército recibieron el informe que había droga en esa casa, los testimonios los obtuvieron de alguien relacionado con el civil detenido y liberado, Omar Galván Valdez.
Entonces, elementos de inteligencia hicieron guardia en el domicilio por más de 48 horas, esperando que alguien llegara por la carga, lo que sucedió la mañana del 24 de junio.
Detallaron que llegaron los tres referidos, pero era Galván Valdez quien traía la pistola -que después le pusieron a los ex AFIs-, las llaves de la casa y la voz de mando del grupo. Que se presentaron al inmueble en una camioneta, “llegaron por parte de la droga”, y los uniformados aparecieron. Así los detuvieron. Hablaron con el delegado de la PGR para informar y solicitar la intervención para la orden de cateo, y éste mandó a su gente.
Después, en la PGR, la casa con droga se consignó por un lado, y los detenidos se entregaron por separado. En lo que suponen, al menos documentalmente, fueron dos actos distintos, y no producto de un operativo de la PEP-Ejército.
Así el caso del encubrimiento de los ex miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) por parte de los federales de la PGR en Tijuana.
PEP EN TORTURAS, ROBOS Y EXTORSIONES
El 23 de junio, ZETA entrevistó a la procuradora Perla Ibarra. Se comprometió a enviar números de denuncias contra policías –-datos duros, fríos- que llegaron, limitados y a destiempo para la edición pasada, pero merecen ser considerados.
Cuando se le preguntó de los policías denunciados por delitos recordó cuatro asuntos destacados de municipales y, al ser interrogada respecto a policías estatales, “… ahí sí, sobre todo aquí en Tijuana tenemos varias”.
En Tijuana, en los primeros seis meses del año, la Procuraduría de Baja California ha recibido 144 denuncias contra autoridades del tema de seguridad; 111 contra municipales y 35 contra PEPs. En 2015 se contabilizaron más de 200 denuncias contra agentes estatales.
La diferencia entre los expedientes abiertos en contra de los uniformados es que la mayoría de los asuntos de los locales no son calificados “graves”. Pero en el caso de los expedientes de los estatales, las denuncias son por abuso de autoridad, tortura, extorsión o robo, y muestran un sistema de violencia sistemático.
El 90% de los casos son porque detuvieron a la presunta víctima para revisión, les quitaron el teléfono celular, los revisaron, los llevan a su casa, la revisan, se llevan lo que pueden, les preguntan violentamente dónde está lo que tenían – refiriendo droga o dinero-, les exigen que pongan a alguien y luego los sueltan.
Adicionalmente, dos gentes del área de investigación de la PEP en Tijuana, se han visto envueltos en fechas recientes en hechos en los que se presume delito.
El 31 de mayo, el agente Mario Domínguez Nava llevó a su esposa herida a la Cruz Roja, ante algunas inconsistencias la Procuraduría del Estado inició una investigación ante la presunción de que la lesión la hubiera hecho el oficial, pero al declarar la mujer lo exculpó.
El 29 de junio, en audiencia de control, la jueza Verónica Carolina Cataño González ratificó legal la detención del agente estatal preventivo Santiago Castro Márquez, aprehendido la noche del 26 de junio en el fraccionamiento El Florido en Tijuana, por el delito de privación ilegal de la libertad agravada, del cual fue señalado por la víctima, de nombre Iris Hernández.
Los hechos que dieron pie a la determinación se plasmaron en un informe homologado de la Policía Municipal, leído por el Ministerio Público, en el cual explican que cuatro agentes detuvieron a Castro porque a las 10:53 pm respondieron a la denuncia al C4 alertando que en el Oxxo Abejas del fraccionamiento El Florido una mujer refería que estaba privada de su libertad y un sujeto la amenazaba, que al llegar al comercio un hombre les gritó “allá va, allá va”, y señaló con la mano el auto donde la llevaban. Lo detuvieron a las 11:01 pm y del auto descendió la mujer hacia los policías, gritando: “Ayúdenme, me tienen secuestrada, trae un arma”, después el policía estatal bajó diciendo: “Soy agente de la Policía Estatal de inteligencia, no me perjudiquen, no hablen”, estaba de descanso, andaba sin uniforme en vehículo personal, estaba alcoholizado y en realidad pertenece al área de investigación. Lo detuvieron a las 11:02 pm.
La víctima explicó y los policías incluyeron en el informe que a las 10:15 pm -casi una hora antes-, ella se encontraba a las afueras del fraccionamiento Hacienda Santa María cuando el policía llegó, descendió del auto y la obligó a subir apuntándole con un arma en la cara y le advirtió: “Súbete, hija de tu puta madre”, no la dejó salir y le ordenó no gritar; le preguntó cuánto le cobraría por tener relaciones sexuales.
El defensor público argumentó que no existía certeza del hecho, porque la víctima pudo haberse bajado en la tienda Oxxo donde pidió ayuda- el PEP había bajado por cervezas-, que la dejó sola, por lo tanto, no estuvo privada de la libertad.
Al final, la jueza determinó que se daba la flagrancia, asignó como medida cautelar la prisión preventiva, y determinó que será en audiencia a celebrar a las 8:30 am de hoy viernes 1 de julio cuando se resuelva la situación jurídica del policía estatal.
Este hecho es de interés público por tratarse de una conducta que amerita judicializar y haber sido realizada por un servidor público. Y debe presumirse la inocencia del imputado en todo momento.
Entrevistado al respecto, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa, evadió hacer comentarios de los ex agentes federales no presentados en el aseguramiento de droga en Villa Fontana.
Del agente Castro, reiteró que está suspendido y esperando el proceso de remoción, además de sujeto a un procedimiento penal y a sanción respectiva de carácter penal, no únicamente administrativa. De Domínguez agregó: “Se ha desarrollado la investigación propiamente dentro de lo que tenemos, hay un avance sustancial”.
Respecto a las denuncia en PGJE, expuso que se han reducido en un 30% e informó que en casi tres años, van 256 elementos de las diversas áreas de la Secretaría que se han venido depurando.
Apenas en febrero de 2016 se informó de casos en los que policías municipales y estatales de Tijuana estaban secuestrando criminales de un cártel para entregarlos a sus contras, de elementos del Ejército Mexicano que fueron detenidos en operativos por venta de enervantes, y agentes ministeriales de la PGJE videograbados “robando droga” al crimen organizado.
Ninguno de esos casos se ha resuelto, y las autoridades representadas en el Grupo Coordinación siguen tratando el tema “en lo corto y en lo oscuro”, acumulando casos de corrupción en sus corporaciones.
