Las diferencias que de inicio han sostenido la magistrada María Esther Rentería y el presidente del Tribunal, Jorge Armando Vásquez, arreciaron esta semana. La primera se dijo acosada por el titular del Poder Judicial, y éste refiere que es el ORFIS, la entidad que la investiga por no comprobar 150 mil pesos del ejercicio 2014 cuando ella fue presidenta del Tribunal. La inhabilitación del magistrado Carlos Cataño avivó el fuego de la enemistad entre los colegiados
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California está dividido.
Entre el poderío que aún pretende seguir ejerciendo la ex titular, magistrada María Esther Rentería, y el liderazgo que no acaba por concretar el actual presidente del Poder Judicial, Jorge Armando Vásquez.
En el grupo de Rentería se encuentran los magistrados Miriam Niebla Arámburo, Emilio Castellanos Luján, Marco Antonio Jiménez Carrillo y Gustavo Medina Contreras.
Mientras el presidente mantiene por el momento la mayoría, con el apoyo de los colegiados Félix Herrera Esquivel, Jesús Espinoza Orozco, Jorge Ignacio Pérez Castañeda, José Luis Cebreros Sarmiento, Olimpia Ángeles Chacón, Raúl González, Salvador Juan Ortiz, Sonia Mireya Beltrán Almada, Víctor Manuel Vázquez Fernández, Fausto Armando López Meza y Carlos Cataño González.
Esos dos bandos son los que sostienen el pleitazo que se vive al interior del Tribunal Superior de Justicia y que ha trascendido de las sesiones del pleno a notas en medios de comunicación, donde básicamente la abogada Rentería acusa al presidente, de acoso.
Aunque los desencuentros entre la magistrada y el presidente del TSJE iniciaron en abril de 2015, cuando después del suicidio de Marco Antonio López Magaña, quien fungía como titular del Poder Judicial, Rentería apoyó al magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo y éste fue superado en votos por Vásquez, el tema que detonó el pleito en el Tribunal fue la investigación que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, que encabeza Manuel Montenegro, inició sobre manejos de recursos por parte de María Esther Rentería, durante el último año que estuvo como presidenta, en 2015.
Se da por sentado que el ORFIS refirió a Vásquez sobre los presumiblemente malos manejos, y éste aclaró que no fueron durante su administración como titular del Poder Judicial.
A las discrepancias entre Rentería y Vásquez, se sumaron los despidos que el segundo hizo sobre empleados impuestos por María Esther en los órganos administrativos, directivos y de contraloría internos. Además de que la destitución de la magistrada Miriam Niebla como consejera de la Judicatura, avivó el fuego del encontronazo entre ex presidenta y actual presidente.
En los últimos días, la inhabilitación del magistrado Carlos Cataño por parte del Consejo de la Judicatura Federal, luego de probar que favoreció con amparos la importación de autos chocolate al país, dio elementos a la magistrada Rentería para iniciar una guerra mediática, opinando que Cataño debía ser retirado del Tribunal, considerando que éste es incondicional de Jorge Armando Vásquez.
La investigación del ORFIS: no comprobó 150 mil pesos
Pocos meses después de que Jorge Armando Vásquez tomara posesión como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el 17 de julio de 2015, recibió del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) el oficio DMEF793172015, por parte de Manuel Montenegro Espinoza, auditor superior de Fiscalización, donde señala “falta de documentación comprobatoria”. Y precisa:
Magistrado Carlos Catano Gonzalez
Que el Tribunal registró durante el ejercicio del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, en la partida 5.1.3.8.3.2., denominada “Gastos de Representación”, para María Esther Rentería Ibarra, 150 mil pesos, de los cuales no se presentó documentación comprobatoria.
Tal oficio se respondió en septiembre, pero una vez en 2015, no se solventan los gastos ejercidos en 2014. Por ello el Órgano de Control abre un procedimiento de investigación, pues no se cumplió con el Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de Baja California, el cual señala: “Toda erogación a cargo de los Presupuestos de Egresos de los sujetos de la presente Ley deberá ser indispensable, con enfoque de género, normal y propia de quien los realiza, de aplicación estricta al ramo, capítulo, concepto y partida al que corresponda, y ajustada a la descripción de la partida contra la cual se realiza el cargo. La comprobación del gasto público se efectuará con la documentación original que demuestre la entrega del pago correspondiente y que reúna los requisitos que establecen las disposiciones fiscales y las reglas generales que emitan la Secretaría de Planeación y Finanzas, las Tesorerías Municipales y las Unidades Administrativas equivalentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, las cuales se harán del conocimiento del Congreso del Estado para los efectos de la revisión de la Cuenta Pública”.
En esas condiciones, al análisis de las pruebas documentales, determinan que en el periodo de revisión de la cuenta pública 2014, del 1 de enero al 31 de octubre de 2014, María Esther Rentería recibió 150 mil pesos, sin haber comprobado “el debido ejercicio de dicho recurso o haber devuelto las cantidades correspondientes”.
Lo anterior, suponen, constituye omisión en la comprobación de recursos públicos y por lo tanto, un daño a la Hacienda pública. Aun sin una determinación por parte del ORFIS, relativa al destino de la investigación para sancionar una conducta irregular, María Esther Rentería promovió un amparo.
El 23 de junio de 2016, el juez José Guadalupe Arias Ortega, Tercero de Distrito, concedió “la suspensión definitiva” en los siguientes efectos:
“1. Sin suspender el procedimiento de responsabilidad número PAR CONTR 05/2016 iniciado en contra de la quejosa, no se emita determinación que lo dé por terminado.
“2. No se aplique consecuencias subsecuentes de los preceptos legales reclamados, esto es, que la quejosa no sea amonestada, suspendida, destituida o inhabilitada; no se le impida el libre ejercicio de su cargo como Magistrada numeraria del tribunal Superior de Justicia del Estado, ni sea privada de su sueldo, y demás prestaciones inherentes al ejercicio de su cargo, de conformidad a lo previsto en el artículo 58, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California”.
Esto debido a que en la guerra mediática entre uno y otro, se refirió que por la irregularidad en la no comprobación del recurso, las sanciones a que se hacía acreedora, de confirmarse el ilícito, eran la amonestación, la suspensión, destitución, sanción económica, inhabilitación e incluso a restitución, de acuerdo con el Artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.
La versión de Rentería: nadie comprueba viáticos
“Miente, yo no he recibido ni tengo noticias de ninguna orden del Órgano de Fiscalización Superior en relación a que se investigue o se siga un proceso de responsabilidad”, refiere la magistrada María Esther Rentería Ibarra, quien desde junio de 2008 hasta noviembre de 2014 fungió como presidenta del Poder Judicial bajacaliforniano.
La respuesta tiene que ver con el señalamiento del actual presidente, Jorge Armando Vásquez, en relación a la falta de comprobación de los gastos de representación recibidos por Rentería durante su último año al frente del Poder Judicial.
“Hace un año que se inició una investigación y se concluyó. Supuestamente Contraloría Interna inicia el procedimiento de responsabilidad con base en que a su parecer no se justificaron unos gastos de representación. Pero esos gastos, de acuerdo a la normatividad interna que imperaba hasta el día que dejé de ser presidente, no son susceptibles de comprobarse”, expone la magistrada. Y afirma que ningún presidente anterior -ni posterior a ella- comprobó esos gastos, calculados en 15 mil pesos mensuales.
Maria Esther Renteria Ibarra, ex mMagistrada Presidente
Como prueba muestra un documento fechado el 24 de agosto de 2015 y dirigido al entonces oficial mayor del Consejo de la Judicatura, Humberto Moreno Sada, donde a través de la Unidad de Transparencia se solicitan copias de las facturas de los gastos de representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, emitiendo como respuesta:
“En sesión del 24 de enero de 2006 se determinó por unanimidad de votos que los gastos por concepto de viáticos (…) a que se refiere dicha partida no son susceptibles de comprobación…”.
Rentería explica que recibía 15 mil pesos mensuales para esos gastos de representación y que el monto requerido corresponde al último año de su gestión como presidenta, y suman 150 mil pesos. “Hablan de otra cantidad, no sé de dónde sale y, si es de viáticos, aquí nadie comprueba viáticos, ni el actual presidente, ni los consejeros de la Judicatura. Nadie absolutamente, porque es una normatividad que rige al Poder Judicial”.
Según la magistrada, pese a esta situación, solamente a ella le están fincando en Contraloría Interna ese procedimiento de responsabilidad, actualmente en fase de desahogo de pruebas, y tiene que ver con una investigación iniciada en agosto de 2015 y que hasta junio de este año concluyó la etapa de investigación, y a la par dio inicio la procesal. “Estoy aportando pruebas, se están desahogando, tengo audiencia hasta agosto”, dice María Esther en relación a un proceso no concluido.
“Tengo entendido que el actual presidente dijo que podría concluir en una inhabilitación, no sé por qué opina en ese sentido, primero sin formar parte del Órgano que lleva a cabo, es adelantar su criterio y no sé cómo es que cree que puede concluir en eso, no debe de opinar al respecto”.
Además, asegura que ella ha tramitado un amparo donde dice combatir algunas disposiciones legales y la competencia que pueda tener la Contraloría Interna. En ese proceso se requirieron los informes de parte de Contraloría y al parecer apenas fueron entregados el martes 5 de julio. Por lo pronto ya obtuvo una suspensión definitiva -antes concedieron la provisional- en el Juzgado Tercero de Distrito.
En cuanto a que el tema se presente en el marco de una polarización en el Poder Judicial, Rentería Ibarra coincide: “Así lo veo, no tengo otra interpretación. No sé a qué se debe el hostigamiento y la represalia. Tal vez a que no estoy de acuerdo con la mayoría de las decisiones importantes”.
Y expone que no había escuchado a Vásquez mencionar públicamente el tema de los gastos de viáticos hasta que se hizo pública la inhabilitación del Consejo de la Judicatura Federal, al magistrado Carlos Cataño. Recuerda que las primeras declaraciones del presidente fueron el 21 de junio -en el marco de una reunión del Consejo Ciudadano-, y a partir de entonces, ha habido varias exposiciones en el mismo sentido.
“La única interpretación que le doy es que se pretende llamar la atención sobre mi tema, sin embargo, el del señor Cataño es otra situación diversa, donde sí hay una resolución de inhabilitación y sin embargo continúa formando parte del pleno y de la Sala, y el presidente no tengo conocimiento que haya propuesto ninguna solución a esa situación”, argumentó Rentería, entrevistada la mañana del miércoles 6 de julio.
El tema se ha abordado en el pleno del Tribunal y algunos magistrados han considerado que no son competentes para emitir una decisión, se giró un exhorto al Consejo de la Judicatura local para que se abocaran al tema, en función de que un Colegio de Abogados presentó un escrito la semana pasada donde solicitan que Cataño sea relevado del cargo.
La magistrada indica que, ante el pleno, Cataño expuso que ha interpuesto un recurso -en relación a la inhabilitación- y que en su opinión se suspendían los efectos de la resolución de inhabilitación. “Yo no comulgo con ese criterio, considero que el señor sólo podría estar formando parte del pleno y de la Sala con un amparo, con una suspensión provisional o definitiva”, considera la magistrada.
Vásquez: pensamientos de Rentería “muy respetables”
Por su parte, el magistrado presidente Jorge Armando Vásquez niega que el Poder Judicial esté pasando por un periodo de ingobernabilidad -menciona el pleno de la semana, donde de manera normal se abordaron los temas agendados- y plantea que los señalamientos vertidos por la ex presidenta del Poder Judicial “son muy respetables”. Vásquez enfatiza en que el pleno del TSJE es un órgano colegiado donde la libertad de expresión y de las ideas va a provocar algunas diferencias en algunos momentos, u opiniones distintas a las que se están proponiendo.
“No hay tal ingobernabilidad, hay diferencia en manifestaciones de ideas, de opiniones”.
En cuanto a los gastos, el presidente del Tribunal aclara que la presidencia recibió un oficio del ORFIS donde le exponen que se registraron -en la revisión de 2014- gastos de representación por 150 mil pesos, sin contar con la documentación comprobatoria -lee un párrafo-: “Sírvase efectuar las aclaraciones correspondientes”, y complementa que el 11 de agosto de 2015 el ORFIS envió a Rentería un oficio donde la cita para aclaraciones sobre el tema.
Argumenta que la magistrada compareció ante el ORFIS con dos representantes, pero aun así, la partida no fue solventada, lo que implicó el inicio de esa investigación, ya que de no hacerse, la Ley de Responsabilidades podría aplicárseles por omisión.
Manuel Montenegro, titular del Orfis
“Nos comunicaron que tiene un juicio de amparo y nos enteramos por parte del Consejo y del Tribunal, efectivamente se le dio la suspensión, pero el procedimiento continúa”.
En cuanto a que se trata de una partida no comprobable, Vásquez refiere: “En el Consejo de la Judicatura tenemos lineamientos para la justificación del erario, y en este caso hay lineamientos de 2012, de 2006, que establecen que todos estos fondos deben ser justificados. Nunca ha habido ninguna instrucción para hostigar o presionar a la magistrada, simplemente es una observación del ORFIS al revisar la Cuenta Pública 2014”.
Sobre la situación interna del Poder Judicial, negó que se trate de una crisis institucional: “El Poder Judicial, que es un órgano colegiado, cada quién opina como quiera, ella tiene sus argumentos y algunos otros argumentos distintos”.
Sobre la división al interior, el magistrado presidente sintetiza:
“En el ejercicio de la función siempre va a haber diferencias, en ocasiones a algunos le das la razón, a otros no les das la razón. A veces ese tipo de situaciones como que en algunas personas queda muy grabado, muy marcado. Lo que veo es que siempre son los mismos, son las mismas personas que en algún momento dado tuvieron diferencias como juzgador y que hacen públicos temas que realmente no deberían quitarle el tiempo a las instituciones”.
Remoción de Cataño al Congreso
La inhabilitación por diez años del magistrado Carlos Cataño por el Consejo de la Judicatura Federal dio un vuelco al trascender que esa instancia judicial federal puso un plazo de tres días al Congreso del Estado y al Consejo de la Judicatura local para cumplir la sentencia emitida desde el 6 de abril de este año. El nuevo oficio fue girado por el CJF el miércoles 29 de junio y recibido en las instancias locales el lunes 4 y el miércoles 6 de julio.
Eso implicó que en el pleno semanal de los legisladores abordara el caso -forzados ya por la decisión-, igual en el pleno del Consejo de la Judicatura local, realizado el jueves 7 de julio.
Apenas la semana anterior, en la sesión de pleno del Tribunal Superior de Justicia, se incluyó el tema sin que llegasen a algún resolutivo, presionados por una carta firmada por una veintena de abogados donde pedían la destitución del magistrado bajo el argumento que su permanencia significaba una ilegalidad. Simplemente y sin votar definieron que el pleno no tenía facultades para decidir sobre el caso de Cataño, enviándolo al Consejo de la Judicatura para que definiera el punto.
El rubro se originó tras una investigación del CJF iniciada en 2011 al detectar irregularidades en cerca de 15 amparos promovidos por importadores de autos usados que utilizaban las aduanas de Mexicali y San Luis Rio Colorado. A raíz de eso fueron suspendidos un magistrado de Circuito, un juez federal y cinco secretarios del Juzgado, entre éstos, Carlos Cataño, quien en diciembre de 2011 fue designado magistrado del TSJE. Los secretarios fueron acusados de incurrir en “notoria ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones”, y en mayo de este año fueron inhabilitados por diez años.
Pero el tema evidenció la indolencia del Congreso local y, por otro lado, la evidente división en la cúpula del Poder Judicial, en el pleno de magistrados que conforman el Tribunal Superior de Justicia.
“Estamos peleados. Aquí hay una división total, esa es mi percepción, porque los puntos de análisis realmente jurídicos a veces ni siquiera se debaten o se quedan sobre la mesa. Si la situación está así, seguiremos divididos en aras de que de afuera hacia adentro se incida en las decisiones del Tribunal”, expuso Cataño.
El jueves 7 de julio de 2016, el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California, decidió que corresponde al Congreso del Estado resolver acerca de las remociones de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, informaron oficialmente a través de un comunicado.
Refieren que la decisión de no ser el Consejo de la Judicatura la entidad que remueva al magistrado Cataño ante la inhabilitación, fue por mayoría de votos y “en ejercicio de sus atribuciones”, con base en la fracción XVIII del Artículo 27 de la Constitución Política local que textualmente anota, en la parte de Prerrogativas y Facultades del Congreso: “Resolver acerca de las licencias definitivas de los Diputados y del Gobernador; así como respecto a las renuncias y remociones, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y de los Consejeros de la Judicatura designados por el Congreso”.
Ahora la pelota de la remoción por inhabilitación del abogado Carlos Cataño, está en el Congreso del Estado.
Congreso le tira la bolita al Consejo de la Judicatura… y éste la regresa
El Congreso del Estado realizó un exhorto al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California a efecto que dé cabal cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de la Judicatura Federal del 6 de abril, en el procedimiento disciplinario 45/2014 contra el magistrado Carlos Cataño González, que consiste en la inhabilitación del mismo.
El pleno del Congreso votó por unanimidad la dispensa de trámite con lo que aseguran dar cumplimiento a sus responsabilidades, expresó la presidenta de la mesa directiva, Mónica Bedolla. “Fuimos a la Ciudad de México para ver los alcances, porque nosotros cuando fuimos notificados de esa resolución no nos indicaba qué nos tocaba hacer al Congreso, es verdad que la Constitución habla que nosotros podemos remover a un magistrado, pero en un juicio político, pero la remoción en el Estado habla que es el Consejo de la Judicatura”.
Dijo que el Consejo de la Judicatura es el órgano sancionador, por lo que le correspondería en primera instancia hacer cumplir el procedimiento disciplinario contra Cataño. La diputada manifestó que el exhorto es para que el Tribunal Superior ejecute la sentencia, ya que se tienen sólo tres días para actuar, o de lo contrario podrían promover un incidente de inejecución de sentencia contra del Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina indicó que el ordenamiento federal es muy claro al momento de señalar al Consejo de la Judicatura de Baja California para que proceda a dar cumplimiento de inhabilitación en los términos de sus normatividades.
“En un análisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y del alcance de Consejo de la Judicatura Federal, al Consejo estatal le corresponde, tiene una facultad establecida para proceder a la destitución de magistrados”, afirmó el diputado.
Sin embargo, el mismo jueves 7 de julio de 2016, el pleno del Consejo de la Judicatura, integrado por los magistrados Jorge Armando Vásquez, Miriam Niebla y Salvador Ortiz, así como el juez Raúl Martínez y los ciudadanos Gerardo Brizuela, Orlando Díaz y Salvador Avelar, resolvieron por mayoría que corresponde al Congreso del Estado acerca de las remociones de los magistrados del TSJE.
Argumentaron que la decisión fue “en ejercicio de sus atribuciones” y basados en la fracción XVIII del Artículo 27 de la Constitución Política local, que textualmente anota como facultad del Congreso del Estado: “Resolver acerca de las licencias definitivas de los Diputados y del Gobernador; así como respecto a las renuncias y remociones de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y de los Consejeros de la Judicatura designados por el Congreso”.
