Además de las que presentó contra los Congresos de Quintana Roo y Veraruz, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Congreso y el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, luego de que este emitió la reforma para la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, según lo informó esta madrugada el diario Milenio.
Duarte ha sido señalado por diversos sectores de la entidad, de incurrir en un desvío de recursos, motivo por el cual afirman, se pretende blindar para que no se actúe en su contra una vez que deje su cargo en octubre del presente año.
Dicha Fiscalía no tiene autonomía propia ya que depende directamente del mandatario estatal, señalan los denunciantes.
La PGR consideró que dicha reforma realizada por el Congreso chihuahuense “contiene vicios legales”, los cuales no son acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 que contempla la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Durante su administración, Duarte Jáquez se hizo de un banco, que de acuerdo con denuncias, fue posible gracias a un subsidio público. Además, el priista dejará la gubernatura con una deuda de 42 mil 762.1 millones de pesos, lo que la coloca como la segunda entidad más endeudada del país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, el gobernador electo Javier Corral Jurado, aseguró que esta cifra aumenta hasta los 50 mil 700 millones de pesos debido a los adeudos con diversos proveedores del estado.
El nuevo endeudamiento que aprobaron el pasado miércoles los diputados del Congreso de Chihuahua, en su mayorías priistas, por 6 mil millones de pesos “compromete el futuro de los chihuahuenses y es además una decisión irresponsable del gobierno de César Duarte que empeña aún más las finanzas públicas de Chihuahua”, dijo Corral.
