El 23 de junio, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el acuerdo que establece al Golfo de Ulloa como una “zona de refugio pesquero” y “Área Específica de Restricciones Pesqueras”, es decir, se determinó una veda obligatoria para pescadores de la región para reducir la posible interacción de la pesca y así evitar la mortandad de tortuga amarilla (Caretta Caretta), ya que con anterioridad, ambientalistas denunciaron la alta mortandad de especies, lo cual llamó la atención del gobierno de Estados Unidos y se puso sobre la mesa la posibilidad de un embargo pesquero.
Dicha disposición entró en vigor y concluye el 30 de septiembre de 2016, además de que tendrá una temporalidad de dos años, situación que dejó mal paradas a las autoridades estatales, las cuales tuvieron que acatar la determinación establecida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
“En el ánimo de no generar pretextos para tener una sanción económica en el mercado de Estados Unidos a nuestros productos del mar, que son importantes, ha tomado la determinación de decretar esta veda en el Golfo de Ulloa durante dos meses y medio”, expresó Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur.
Incluso la medida llamó a las autoridades locales a aceptarla, lo cual para algunos sectores como el de Comondú significa una grave pérdida económica, por ello Francisco Pelayo Covarrubias, presidente de ese municipio, reconoció que los estudios no han sido certeros en señalar a la actividad pesquera como principal factor de mortandad de la tortuga amarilla “para demostrarle a todo el mundo, al gobierno de los Estados Unidos que está señalando a nuestros pescadores en el Golfo de Ulloa de la mortalidad o mortandad de la tortuga amarilla que no somos nosotros”.
Justamente en los recorridos que llevó a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en las bitácoras se inscribió que “no se aprecian señas de arte de pesca como factor”, lo cual ha sido ignorado por ambientalistas y el propio gobierno norteamericano. Pero al verse inminente el embargo pesquero, tuvieron que acceder a la veda.
Ambientalistas consideran que el periodo servirá para determinar las causas reales de la mortandad, aunque esto signifique paralizar las actividades y detonar un fuerte problema económico en los puntos de aprovechamiento en el Golfo de Ulloa.
Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambienta (CEMDA) exhortó a que los pescadores “puedan cambiar sus redes, que puedan mejorar sus artes de pesca y en consecuencia la actividad se vuelva más sustentable”.
Incluso las voces se alzaron ante esta disposición, pues para la Federación de Cooperativas Pesqueras de la Capital del Estado (FEDECOOP), la medida debe ser pareja, por ello, “pedimos haya personas de inspección, ya que si están deteniendo a los pescadores registrados, también debe ser para los que realizan la actividad ilegal”, advirtió su presidente, Alejandro Tirado Martínez.
En respuesta a la petición de la inspección, César Estrada Neri, delegado de SAGARPA en Baja California Sur, indicó: “La delegación de la PROFEPA participa en las investigaciones, prácticamente nosotros colaboramos para estar al pendiente de los datos que nos proporcionen”.
Pero esta veda obligada va a generar problemas económicos. Primero, porque sólo se repartirán 72 millones de pesos para pescadores afectados, en algunas comunidades que son netamente pesqueras, es insuficiente el recurso determinado para su región, incluso se les hace una burla el presupuesto al que van a acceder, ya que en comunidades como Poza Grande en Comondú, los habitantes tendrán que sobrevivir con 20 pesos diarios, sacando el promedio por día según el número de habitantes que dependen de la pesca y lo destinado para sobrellevar el año.
“Son 700 personas con 400 mil pesos al mes, que es una comunidad netamente pesquera, no hay otra actividad más que la pesca, si lo dividimos estamos hablando que les van a tocar 20 pesos al día”, lanzó Tirado Martínez, e incluso se quedó corto: el recurso para la zona dividido da a poco más de 19 pesos.
Pero se avistan otros problemas para la zona urbana y cualquier punto donde tengan acceso a los productos del mar, ante el desabasto de especies en mercados locales, pues al cesar la pesca en el Golfo de Ulloa, muchas especies importantes para la temporada de verano “como la pierna, el verdillo, jurel, lenguado, tal vez la garropa, que son los productos que salen de ahí”, se verán limitados, “sólo ven la posibilidad de conseguir el producto, si no es aquí sería en otras partes del país, también traen producto de Sinaloa, el chiste es tener el producto”, afirmó Ángel Castro, locatario del Mercado Bravo en La Paz, lo cual va a incrementar los costos principalmente en el mercado.
En ese sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha puesto a disposición sus oficinas para aquellos ciudadanos que se sientan violentados por aumentos en el precio de pescados y mariscos. Su titular en Baja California Sur, Isaías González Nava, insistió en que “estaremos vigilantes para atender las quejas de los ciudadanos, si se sorprende a algún comerciante de estos productos con aumentos abusivos será sancionado, ya que no se puede especular por este problema, deberán justificar todo aumento”.
Otro de los problemas que ya se tiene previsto por pescadores de la zona del Golfo de California (el Golfo de Ulloa se localiza por el Pacífico Mexicano), es la migración de pescadores a otras zonas de captura y que por falta de trabajo, recursos o alimento, pudieran invadir otras zonas de aprovechamiento pesquero.
“Estamos en contra de las autoridades porque permiten que esta gente esté brincando al Golfo de California, si ahorita son 20 pescadores mañana van a ser 50, pasado van a ser 100, y es un problema que yo lo considero como una bomba de tiempo. El grupo de ambientalistas, que es el que crea los problemas, no los resuelve de fondo como los están ocasionando con esta cooperativa del barrio del Esterito”, lamentó Miguel Méndez Sánchez, presidente de la Federación Los Sitios.
Por su parte, el Gobierno de la República apoyará con un recurso basado en el promedio de los últimos cinco años de producción, sin embargo, algunas comunidades van a resentir la veda establecida por los bajos recursos que recibirán, por ello el gobernador del Estado reconoció que será importante “hacer un ejercicio como ya lo hemos anunciado con todos los que se dedican a la pesca en esa zona, de poderles recompensar, porque de eso viven, el ingreso que van a dejar de tener a propósito de la veda. Se tiene contabilizada, nosotros creemos que vamos a dispersar recursos alrededor de los 40 millones de pesos”, finalizó Carlos Mendoza Davis.
