Aun cuando ciertamente la Secretaría de Seguridad Pública fue oficializada en el inicio del Gobierno Federal encabezado por Vicente Fox Quesada, su origen empezó a fraguarse en el círculo político mexicano en los estertores del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, con la creación de la Policía Federal Preventiva.
Sin el marco regulatoria que le sucedería, la PFP habría ido a enquistarse en la Secretaría de Gobernación, para su facultad y uso de la fuerza pública. Los dos gobiernos de transición, el saliente de Zedillo y el entrante de Fox, en aquel inicio del milenio, tenían claro que preservar la policía política no se acoplaba a los tiempos de democracia y ciudadanización de las instituciones por los que México estaba atravesando.
Los resultados de la policía política no habían sido satisfactorios para generar un entorno de certeza social. La utilización de la fuerza pública por parte de la secretaría encargada de la política interior, se prestaba para la represión de la sociedad. Habían existido casos extremos de abusos como los que protagonizó la Dirección Federal de Seguridad creada en la década de los cincuenta y finiquitada en 1985 cuando fue desaparecida para crear el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que prevalece hasta nuestros días. Sin embargo, dio origen a leyendas del espionaje, la represión y el abuso de la fuerza pública, como Fernando Gutiérrez Barrios, Javier García Paniagua, Miguel Nazar Haro y José Antonio Zorrilla, por mencionar algunos protagonistas.
Llegado el sexenio de Fox, la policía política, aquella enquistada en la Secretaría de Gobernación, desapareció. Se creó exprofeso, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para concentrarse en el Programa Nacional de Seguridad Pública, diseñar la estrategia de prevención del delito, como la de combate a la delincuencia organizada, el manejo de los penales, y en general la estructuración de políticas públicas para la preservación de la paz. Al salir el manejo de la policía de la Secretaría de Gobernación, esta instancia se dedicaría exclusivamente al manejo de la política interior, el cumplimiento del Estado de Derecho, mantener las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo, el Judicial y con las entidades federativas. La operación política pura.
Sin embargo, al regreso del PRI a la Presidencia de la República en la persona de Enrique Peña Nieto, éste decidió dar marcha atrás a un programa de seguridad nacional enfocado exclusivamente en ello, y cederle tales facultades a la Secretaría de Gobernación que encabezaba ya, de origen sexenal, Miguel Àngel Osorio Chong. El hidalguense volvía a ser el súper Secretario, el policía de la política.
Han pasado poco más de tres años de la toma de aquella decisión, y si por los hechos se le conoce, se está comprobando que mezclar la seguridad con la política, no ha dado buenos resultados. Al inicio del sexenio, Osorio cambió la forma de hacer política y la manera de proveer seguridad. Comenzó dividiendo al País, para tener un “mejor” enfoque en las dos áreas, en cinco regiones. A cada cual, en materia de política y en materia de inseguridad, le asignó un “representante”, éste extraído del gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, que serviría de enlace con él y con el propio Ejecutivo Federal.
De las reuniones periódicos del Consejo Nacional de Seguridad que se tuvieron en los últimos sexenios, el gobierno federal pasó a reuniones esporádicas en ésta, la época de Peña Nieto. El tema de la seguridad se flexibilizó hasta lograr el reagrupamiento de los criminales organizados y los narcotraficantes, para dar paso a una situación de violencia y sangre como no se había visto en los últimos doce años. Si Felipe Calderón Hinojosa, con todo y su Secretaría de Seguridad, fue el Presidente de los más de cien mil ejecutados en seis años, Enrique Peña Nieto con su Súper Secretaría de Gobernación y en ella la Comisión Nacional de Seguridad, sobrepasará esa cifra de hombres y mujeres ejecutadas en un clima de inseguridad de alto impacto (tan solo en los primeros tres años de gobierno superó los 65 mil ejecutados).
Concentrar los dos temas de mayor relevancia en el País, la inseguridad y la operación política interna, cuando se pretende salir de una “guerra contra las drogas” y se atestigua el crecimiento del narcotráfico en el mundo, no fue quizá la mejor decisión que tomó el Presidente Enrique Peña Nieto. Ni controló la inseguridad, ni mejoró la operación política.
Miguel Àngel Osorio Chong no ha tenido la capacidad, y acaso ni el tiempo, para bien dirigir la política nacional de seguridad pública, ni para controlar la política interna, y sí por otra parte, ha dado muestras de impericia en el manejo de las dos cuando se le mezclan. Ahí está el caso de Ayotzinapa, ahí está el de Nochixtlán, el de Tlatlaya, y los estados de Michoacán, Guerrero y Veracruz, escenarios en los que se ha evidenciado una falta de operación política y un exceso del uso de la fuerza policiaca.
México se ha visto, en los últimos tres años, ya no solo como el País que no puede controlar la criminalidad organizada ni el narcotráfico, sino aquel que reprime a su sociedad, que no puede acordar con los movimientos sociales, y que la manifestación por las causas justas, aparece cuando se abusa del poder, se niega el diálogo y no se cuenta con la pericia política para negociar con sectores de la sociedad ávidos de participación social, la justicia, la certeza jurídica y el ejercicio del Estado de Derecho.
Con Osorio manejando la política y el sistema policíaco, México ha incrementado las señalamientos de abusos en materia de derechos humanos, el sindicalismo está desenfrenado, la corrupción rampante, la seguridad nacional vulnerada por grupos internos, la sociedad polarizada por movimientos sociales; quien debería ser el apagafuegos presidencial, ha encendido más movimientos que sofocado fenómenos problemáticos.
El escenario caótico al que ha conducido la ausencia de una operación política eficiente y la conducción profesional y científica de una policía, ha llevado los niveles de inseguridad a otro nivel. Ya no solamente son criminales y narcos contra sociedad organizada y económicamente activa, ahora son policías contra movimientos sociales, y movimientos sociales contra terceros. Aunado a los escándalos de corrupción, de los cuales el Secretario de Gobernación no ha podido librar a la Presidencia de la República y al círculo cercano al Presidente, este caos de inseguridad y un pobre manejo de la política interior, llevaron entre otras cosas, al PRI a la derrota en las recientes elecciones, y a México a las primeras planas de los medios internacionales, como un país en el que la inversión no es recomendable ante las muchas explosiones internas, sociales, de activismo, de represión, de criminalidad y narcotráfico.
A casi cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto, bien podría –así como solicitó perdón- aceptar que se equivocó. Que darle a una sola persona y concentrar en una sola institución, el manejo político interno, y la facultad sobre la fuerza pública, no fue ni lo más adecuado, ni lo que ha dado resultados benéficos para la sociedad, el bien común, el desarrollo económico y social, y el combate real al narcotráfico y el crimen organizado que desenfrenadamente sigue trastocando la vida de los mexicanos.
