La estrategia política no es nueva. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se significó por el cambio de Gobernadores que hubo. Unos porque caían en desgracia y eran anulados políticamente, otros porque fueron llamados a ser parte del Gabinete presidencial. Entonces la soberanía y autonomía de los Estados era letra muerta, lo que imperaba era el ejercicio del presidencialismo.
De entre todos los cambios en los estados que realizó Carlos Salinas de Gortari destacan dos. Aunque habría que iniciar por los motivos. En la elección presidencial de 1988, aquella cuando se cayó el sistema y el candidato del PRI resultó triunfador con más del 50 por ciento de los votos, hubo cinco entidades en que la autoridad electoral -por esos días en la facultad del Secretario de Gobernación- no pudo obviar el triunfo de la oposición, encabezada por el abanderado de las izquierdas y a la postre fundador del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En efecto, el triunfo del candidato del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional fue reconocido en Baja California, Estado de México, Distrito Federal, Morelos y Michoacán.
En dos de los cinco casos, hubo gobernadores depuestos, específicamente –así lo refiere la historia política popular-. Mario Ramón Beteta Monsalve en el Estado de México, y Xicoténcatl Leyva Mortera en Baja California.
Ramón Beteta había tomado posesión en 1987 como Gobernador del Estado de México, y el 11 de enero de 1989, 41 días después de la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari como Presidente de la República, fue retirado del cargo, y nombrado director general de Banco Comermex, institución que en la reprivatización de 1993, sería integrado al Grupo Financiero Inverlat y que en el desaseo del Fobaproa en el segundo lustro de la década de los noventa, sería capitalizado y adquirido por Scotiabank. En el Estado de México, sin realizar un proceso electoral para elegir un Gobernador sustituto que cumpliera con el sexenio para el cual había sido electo Beteta (quien tenía menos de tres años de haber sido electo para el cargo), fue designado por el Congreso del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagaza, quien años después se convertiría en presidente nacional del PRI y Secretario de Energía, ambos cargos en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.
De Ramón Beteta poco o nada se supo después. Depuesto del Gobierno, ocupó otro cargo similar al de la deshonrosa caída y hasta ahí.
La historia de Xicoténcatl Leyva Mortera es harto similar. Con el agravante del clima de corrupción, inseguridad e impunidad que se vivía en Baja California durante su administración. Electo de 1983 su periodo concluía en octubre de 1989, y desde 1988 ya se le veían los ánimos en el ámbito contrario a Salinas. El bajacaliforniano había apoyado abiertamente a Manuel Bartlett para que fuese el candidato del PRI a la Presidencia de la República, y cuando llegó la definición y posteriormente la elección, el Tricolor perdió el Estado 29 y la culpa política recayó en el Gobernador.
35 días después de la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari, el licenciado Manuel Camacho Solís, ya fallecido, viajó a Baja California para deponer a Xicoténcatl Leyva Mortera. El 5 de enero de 1989 fue retirado del cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California y en su lugar fue electo por el Congreso, don Óscar Baylón Chacón, quien entregaría el poder político al panista Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador de la oposición en México, en octubre de ese mismo año.
Xicoténcatl Leyva Mortera fue nombrado Director Adjunto de Nacional Financiera en Washington, Estados Unidos, nombramiento de papel que convirtió la acción presidencial en un cargo deshonroso que poco o nada ejerció el priísta, que desde aquel tiempo, cayó en un ostracismo del cual no se ha podido levantar.
Luis Martínez Villacaña era el Gobernador de Michoacán cuando Salinas perdió la elección en aquel Estado. Tres días después de la toma de posesión del Presidente de la República, pidió licencia para retirarse del encargo como Ejecutivo del Estado. A Lauro Ortega Martínez, no hubo necesidad de deponerlo u obligarlo a solicitar licencia indefinida a su posición de Gobernador de Morelos. El mismo 1988 concluía su periodo sexenal. Y Ramón Aguirre Velázquez, quien era Jefe del Departamento del Distrito Federal, fue nombrado Director de la Lotería Nacional, y su lugar ocupado por el entonces operador político de Carlos Salinas de Gortari, el licenciado Manuel Camacho Solís.
La deposición de gobernadores no es pues, una nueva técnica en la política mexicana, como sí es una práctica del salinato que, para confirmar las sospechas populares, ahora es retomada en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Quien aún dentro de una forma más legal, precisamente en el ámbito judicial, está ejerciendo –aunque de manera tardía- el presidencialismo a ultranza que el PRI instauró en México, para someter la soberanía y la autonomía de los Estados.
Hace días, el Presidente Peña escuchó, vio, le contaron, los excesos legislativos ejercidos por dos gobernadores priístas que haciendo valer su autoritarismo local, pretendieron blindarse para no ser investigados –o en caso de serlo, ser exonerados- por los actos de corrupción e impunidad de los cuales han sido señalados ellos y sus gobiernos.
En ese contexto, finalmente el Presidente accionó para poner un freno a la impunidad política en Veracruz gobernador aun por Javier Duarte, y en Quintana Roo administrado por Roberto Borge. Solicitó hace dos días que la Procuraduría General de la República, presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acciones de inconstitucionalidad para dejar sin validez las iniciativas tomadas por los Gobernadores Duarte y Borge, y sus respectivos Congresos, para instaurar departamentos y funcionarios anticorrupción, semanas previas a su salida como mandatarios, para blindarse de futuras investigaciones, y adelantándose al recién aprobado –aun trunco- Sistema Nacional Anticorrupción.
Es cierto, el Presidente Peña ha utilizado una figura legal para frenar a dos gobernadores priístas que son culpados de la derrota del PRI de junio de 2016, y que costó el cargo partidista a Manlio Fabio Beltrones Rivera, pero en el fondo, a Javier Duarte y a Roberto Borge, los ha depuesto por lo menos en términos políticos, como sucediera en este país en la administración de Carlos Salinas de Gortari.
De continuar en la línea, el siguiente paso será juzgarlos en términos de la Ley por sus abusos y excesos, en los momentos mismos que los próximos gobernadores tomen posesión, el panista Miguel Àngel Yúnez Linares en Veracruz, y el panista Carlos Joaquín en Quintana Roo, siempre, como ya se vio que es posible, con la ayuda del Gobierno Federal.
El Presidente Enrique Peña Nieto no puede detener sus “esfuerzos” anticorrupción, solo con frenar las leyes que Duarte y Borge promovieron y lograron su aprobación para blindarlos, no; debe continuar, ayudar a investigarlos, procesarlos y juzgarlos, para acabar con la impunidad de la que goza personajes indeseables para la vida política en este país.
