La PGJE tiene cuatro líneas de
investigación sobre la ejecución
del ex subprocurador de
Investigaciones Especiales, Samgar
Salvador Gómez Reyes, ocurrida la
mañana del 29 de junio en la colonia
Guaycura de La Paz
La Paz, Baja California Sur. Cuando el ex subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, Samgar Salvador Gómez Reyes, fue atacado alrededor de las 7:50 am del miércoles 29 de junio, había llegado de ejercitarse.
Los tres sicarios que, según una grabación de una cámara de seguridad en poder de la PGJE-, participaron en su homicidio, ya lo estaban esperando a bordo de un automóvil sedán Nissan, polarizado, cuatro puertas y rines deportivos.
Los matones aguardaban pacientemente estacionados justo afuera de la casa de los padres del ex funcionario, localizada en la esquina de Airapí y Puesta del Sol en la colonia Guaycura. El primero estaba en el volante, el segundo de copiloto, y el tercero viajaba en el asiento trasero de la unidad automotriz.
El ex funcionario estatal todavía vestía ropa deportiva: playera, shorts y tenis negros, y de acuerdo con las primeras fotografías de su complexión física, lucía descuidado, subido de peso y había dejado crecer su barba.
Al momento de ser atacado, según testigos, el ex subprocurador llegó a bordo de su automóvil Dodge Charger color gris para estacionarse en doble fila sobre la calle Airapí, enseguida bajó y volteó su mirada hacia una persona de complexión delgada, vestida de tenis negros con blanco, pantalón gris y camisa rosa, quien hablaba por teléfono sobre la acera.
Fue entonces que, contra esquina de la vivienda de sus padres, y donde dicho sea de paso, tenía a un costado su despacho jurídico Xamgar & Asociados, apareció un sujeto robusto, bien vestido, con playera negra tipo polo, el cual desenfundó una pistola del lado izquierdo y comenzó a disparar en su contra.
El despacho de “Xamgar & Asociados”, dentro del area perimetral que hicieron peritos de la PGJE.
Tras sentir el primer impacto, Samgar intentó correr, y sólo alcanzó a dar un par de pasos porque por la herida en el rostro, tropezó y cayó al suelo, quedando boca arriba, hasta donde llegó el sicario y disparó en tres ocasiones más.
Entonces el sicario corrió y se subió al automóvil, y enseguida su acompañante, el cual hoy se sabe sólo simulaba la llamada, cruzó del lado derecho al izquierdo del carro para abordarlo y huir con rumbo desconocido.
En la escena del crimen, la PGJE levantó cuatro cartuchos percutidos calibre 9 milímetros, y en su dictamen medico, decretó que la muerte de Samgar Gómez fue por traumatismo craneoencefálico.
Al cierre de esta edición y gracias a una cámara de seguridad, la PGJE pudo obtener el rostro de los dos sicarios y del vehículo en que viajaban, para lo cual envió un exhorto a medios de comunicación para que fueran difundidas las imágenes con los rostros de los criminales.
Durante un operativo realizado la noche del 29 de junio, la Procuraduría encontró el carro abandonado en una cochera de una vivienda de Calle Estrella en la colonia La Esperanza I, el cual fue levantado y llevado para su análisis por peritos de la corporación.
La tragedia
De acuerdo con videograbaciones de reporteros en la escena del crimen, el padre y la madre del ex servidor público de la PGJE, salieron casi de inmediato tras el percance y vieron a su hijo yacer en el piso, por lo que el padre se agachó y trató de ayudarlo, pero no pudo.
Los signos vitales del ex subprocurador eran muy débiles. Aunque los vecinos salieron tras escuchar los disparos y solicitaron auxilio a la Cruz Roja, fue demasiado tarde.
El ex funcionario había muerto, lo que desató una tragedia en su familia. Los familiares de Samgar rompieron en llanto. Primero el padre comenzó a pegar puñetazos a una camioneta de su propiedad tipo vagoneta, color gris, y vidrios polarizados; en tanto su madre caminaba de un lado a otro, llorando, completamente desolada y mirando a todos lados.
La mujer observó que en la parte frontal, un reportero urbano grababa con su teléfono celular la escena del crimen y hacía una transmisión streaming desde el lugar de los hechos, por lo que se dirigió hacía el y gritó: “¡Es lo que quería la prensa, ¿verdad?!”.
Cuando el papá escuchó el reclamo, caminó hacia el reportero, atrás de su esposa, y al verse en riesgo-, éste rápidamente se desplazó hacia el lado derecho, mientras un policía hacía señas de que saliera del sitio.
Entonces, el padre de Samgar Gómez, corrió y le cerró el paso, y el reportero regresó corriendo hacia atrás para salir de la zona, con el peligro de ser agredido por los padres de la víctima.
Mañana tragica en La Paz
Entonces, la mamá gritó: “¡Eres un estúpido!”, y el marido secundó: “Es lo que querían, ¿verdad, desgraciados?”.
La madre volvió a la cargada: “¡Por su culpa mataron a gente inocente! ¡A la gente que sólo quiso hacer el bien!, ¿por qué lo mataron con esa saña y poder?”.
Evidentemente desconcertado, el reportero urbano no sabía qué o hacer, sólo atinaba a relatar en su transmisión en vivo: “Es una señora que se siente agobiada”, y tras escuchar, ésta respondió: “¿Cuál agobiada? ¡Puras mentiras y malas noticias dicen!”. Y en un afán de defenderse, el hombre contestó: “¡Puras buenas pongo yo, señora!”.
Mientras el señor gritaba afuera de su casa, y se lanzaba contra otro grupo de reporteros que estaba en la otra esquina tomando fotografías, fue controlado por policías que resguardaban la escena del crimen.
“¿Esas son sus notas, las que ponen puras mentiras? Diciendo cosas que no son ciertas, y todos los periódicos informaron a toda la ciudadanía, ¡mi hijo está muerto!, ¡lo mató el gobierno! ¡El gobierno lo mató!”, exclamaba la madre del ex subprocurador de Investigaciones Especiales.
Y el reportero continuó su relato en voz alta: “Vean ustedes, es la importancia de una familia que le acaban de matar su hijo… pues así se siente la importancia de una madre, la impotencia de un padre que desgraciadamente le quitaron la vida a su hijo, esa es la impotencia”.
La mujer insistió: “¡Sigues… sigues!”, por lo que el reportero dejó de grabar.
Apenas había apagado el celular, cuando el comunicador reinició, y entonces, en la escena apareció el padre de la víctima, el cual nuevamente se fue en su contra: “¡Acércate, acércate a tomar video! Pinche bola de corruptos, ¡acércate!”, por lo que el reportero comenzó a alejarse y se desplazó hacia el lado izquierdo, exponiendo: “¡Pues aquí a los medios nos están culpado que somos los responsables! Nosotros no sacamos nada a la luz pública (sic) y lo único que hacemos es sacar los sucesos”.
El padre salió inesperadamente del lado derecho y se lanzó sobre el reportero: “¿Quién te avisó?”, a lo que contestó: “Vivo a tres cuadras”.
“¿Por qué la traen conmigo?”, preguntó el reportero, a lo que el padre de Samgar Gómez contestó: “¡Acércate para decirte… grábame! ¡Todo lo que es la prensa, cómo se portó con mi hijo, ¿eh?!, gritó para regresar al cuerpo de su vástago muerto, haciendo ademanes de dolor y resignación.
En una tercera y última transmisión, la madre del ex funcionario reclamaba a un grupo de reporteros: “¡Ustedes son una prensa vendida y pagada! ¿Con dinero de dónde? Seguramente mal habido. ¡Él no le debía nada a nadie!, ¿saben por qué lo quitaron? ¡Porque él sabía todo de Jonathan (Hernández Ascencio) y a él le costo la vida! ¡Él sabía quién había sido!, ¿y qué le dijeron? (del gobierno) ¡Lárgate!”.
Los reporteros que cubrieron el asesinato sólo guardaban silencio y observaban la escena de la familia del ex funcionario.
Las hipótesis
Según agentes de investigación de la PGJE, sobre el homicidio del ex subprocurador de Investigaciones Especiales existen cuatro líneas de investigación:
La ejecucion
- Por parte de sicarios del Cártel de Sinaloa, ya que el ex servidor público no había cumplido el pacto de entregar la plaza del narcomenudeo al grupo criminal del capo Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, actualmente bajo el dominio de una alianza encabezada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien supuestamente había recibido 5 millones de pesos por la venta, distribución y trasiego de droga en territorio sudcaliforniano, y cuyo botín habría sido repartido entre servidores públicos de la PGJE y SSPE.
- Por presuntamente haber perseguido y encarcelado sicarios y jefes de célula en el cuatrienio del ex gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, cuando se había desempeñado como agente del Ministerio Público de Homicidios Dolosos y Delitos de Alto Impacto de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales.
- Por presuntamente saber el trasfondo del caso del crimen de Jonathan Hernández Ascencio, ocurrido en 2010 y recientemente reabierto, en cuyo expediente LPZ/028/HOM/2014 aparece un testimonial del ex funcionario, hablando sobre la forma en que se torció la investigación desde un principio y el sospechoso silencio del hermano de Jonathan, Daniel Hernández Ascencio, y cuya verdad histórica evidentemente, según el ex funcionario, pretende ocultarse a la sociedad.
- Porque aparte de ejercer su profesión de abogado, Samgar elaboraba trabajos de investigación privada en su despacho Xamgar & Asociados.
Cualquiera que fuera el caso, y según un experto en el tema de delincuencia organizada consultado por ZETA, el crimen de Samgar Salvador Gómez Reyes llevó el sello de la mafia.
Las cuatro hipótesis tienen conexión de una u otra manera con el ex funcionario de la PGJE, por las siguientes razones:
La primera. El 27 de febrero de 2016, Samgar Gómez Reyes fue ascendido de titular de la Unidad Antisecuestros a encargado del despacho de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, en una desafortunada decisión del procurador Palemón Alamilla Villeda, y del secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo.
Cuando todo estaba en plena calma en las calles, y en los 20 días que estuvo como responsable de las áreas del combate al narcomenudeo e investigaciones de homicidios, la violencia volvió a desatarse entre células criminales.
De tal manera que el 17 de marzo, Gómez fue señalado públicamente en una narcomanta de ser el responsable del reinicio de la violencia en La Paz: “Samgar Reyes tu eres el culpable de la guerra que estamos viviendo en La Paz por tratos con el CDS (Cartel de Sinaloa) y Guadalupe Acosta Javieres, todo estaba ya en tranquilidad, tu ambición desmedida vale más que la vida de las personas y de la paz de la propia paz”.
El cese del ex servidor público vino de inmediato por parte del gobernador Carlos Mendoza Davis, quien con base en sus facultades constitucionales, envió como sustituto al ex director del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales de la PGJE, Ramón Ulises Contreras Contreras.
El destituido, quien en ese momento gozaba de todas las confianzas y se había convertido en brazo derecho del procurador Palemón Villeda Alamilla, no salió de la PGJE, sino que fue regresado como titular a la Unidad Antisecuestros, en cuya área tenía a su cuñado Marcos Rentería Meza como comandante del grupo.
En la escena del crimen
Desde esa posición y con la venia del procurador, el ahora occiso estuvo controlando y operando a través del también entonces encargado del despacho de la Policía Ministerial del Estado, Bibiano Rigoberto Burgoing García, lo que terminó por evidenciarse el 23 de abril, tras la colocación de una segunda narcomanta con el siguiente mensaje: “Sangar y Viviano. Tienen 5 días para entregar los 5 millones por limpiar la plaza traidores hijos de su puta madre contesten los Blackberry ratas traidoras… CDS”.
La grave acusación pública obviamente terminó con la salida de Burgoing García y el nombramiento -como encargado de despacho- de Josué Geovanny Zúñiga Méndez, quien hasta el 29 de junio era controlado por el ex subprocurador de Investigaciones Especiales, Samgar Gómez Reyes.
Durante ese tiempo, tanto Bibiano como Samgar sufrieron atentados en sus propiedades, a manera de advertencia.
En el caso del ex encargado del despacho de la Policía Ministerial del Estado, el 12 de mayo un comando armado baleó la casa de Burgoing en la calle Bahía Campeche, Colonia Paraíso del Sol. Los disparos hicieron blanco en cristales, puertas y una camioneta Toyota RAV4 de color blanco; no hubo heridos ni muertos, porque según vecinos del ex jefe policiaco, tenía escasa semana que se había cambiado de domicilio.
En el caso del ex subprocurador de Investigaciones Especiales, Samgar Gómez, sucedió el 6 de junio, cuando un grupo armado perpetró disparos en contra del despacho jurídico de su propiedad, impactando en los cristales de la oficina, localizada justo al lado de la vivienda de sus padres. El hoy occiso no presentó ninguna denuncia penal, únicamente se limitó a cambiar los vidrios de su negocio.
Cuando fue subida la primera narcomanta, el procurador Palemón Alamilla Villeda fue omiso y complaciente, pues de manera engañosa anunció que “había iniciado una carpeta de investigación en contra de Samgar Salvador Gómez Reyes”, lo que todavía ratificó en una conferencia de prensa, hablando sobre los hechos ocurridos el viernes 13 de mayo en el edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Sin embargo, eso nunca sucedió, lo cual fue evidenciado en vida por el propio ex subprocurador de Investigaciones Especiales, durante la única entrevista pública que se conoció de él.
La entrevista exclusiva fue publicada por el diario El Independiente el 13 de mayo, es decir, 57 días después de haber sido cesado, la cual reproducimos íntegramente por el interés que reviste en este momento:
“… El ex titular de la Unidad Antisecuestros de la PGJE, Samgar Salvador Gómez Reyes, habló en exclusiva sobre los señalamientos que pesan en su contra tras un supuesto vínculo con células delictivas en el estado.
“… Primeramente aseguró que desde el 30 de abril de 2016 se solicitó su renuncia tras los señalamientos recibidos sin que hasta el momento haya una denuncia en su contra o investigación proceso, con tal de no obstaculizar los trabajos correspondientes de la autoridad aceptó la separación.
“… Asimismo, dijo que como servidor público cuenta con las acreditaciones del (…) control y confianza ante la Procuraduría General de la República para desempeñarse en el cargo citado, además que para ser subprocurador fui a México a hacer un examen de control y confianza, el cual también aprobé.
“… Lo anterior fue dado a conocer para deslindarse de las acusaciones en su contra, tanto expresadas por medios de comunicación como por mantas que han aparecido colgadas en algunos puentes peatonales de La Paz.
“… No tengo ninguna relación con la Procuraduría, tampoco tengo ninguna influencia dentro de la Procuraduría. No hay ninguna carpeta de investigación ni una averiguación previa en mi contra iniciada por alguna autoridad federal (…) estoy dispuesto acudir a cualquier cita o investigación que se realizara en la cual yo tuviera que aclarar mi no (…) participación con ningún grupo de delincuencia organizada ni en la comisión de ningún delito.
“… Asimismo, Gómez Reyes aseguró que jamás actuó en contra o a favor de ningún grupo delictivo en el estado o fuera de él, por lo que pidió no ser relacionado sin pruebas ni sustentos en una actividad que ha generado inestabilidad en su familia.
“… Finalmente, en relación a las amenazas que ha recibido, dijo que se siente tranquilo al considerar que se ha desempeñado en forma correcta.
Las sendas narcomantas que colgaron en puentes peatonales de LaPaz en contra del subprocurador de Investigaciones Especiales
“… Que quede claro no tengo ningún pendiente, no tengo ninguna preocupación por la cual yo deba dejar de dormir o dejar de hacer mi trabajo; soy abogado egresado de la UABCS (…) no tengo ningún rencor con nadie…”.
La segunda. En el segundo caso, el ex funcionario fungió como agente del Ministerio Público de delitos dolosos o de alto impacto, cuando estalló la guerra entre narcomenudista el 31 de julio de 2014 en La Paz.
En ese lapso investigó, persiguió y encarceló a sicarios y jefes de células criminales, entre los que se encuentran:
* Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón”.
* Víctor Martínez Barraza “El Víctor” o “El Vidal”.
* Juan Antonio Martínez Rosas “El Furby”.
* Eduardo Martín Alvarado “El Cumi”.
* Juan Alberto Meza González “El Diablo”.
* Ariel Bautista López “El Chapo”.
* Gustavo Lozoya Portillo “El Güero” o “El Portillo”.
* Jovanny Núñez Espino “El Loco”.
* Abel Nahúm Quintero Manjarrez “El Grande”.
* Pedro Héctor Gómez Camarena “El Chino”.
* Adrián Medina Velázquez “El Moreno” o “El 5”.
* Melissa Margarita Calderón Ojeda “La China”
La tercera. El tercer caso es quizá el más controvertido porque le tocó iniciar la investigación de la ejecución del joven Jonathan Hernández Ascencio, ocurrida el 4 de marzo de 2010 en el trágico sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.
Desde un principio, y según el testimonio del ex funcionario, el cual obra en el expediente de la recientemente reabierta investigación, la verdad histórica del caso pretendió esconderse y evitar que saliera a la luz pública por parte de la familia Hernández Ascencio.
El secretario general de gobierno, Alvaro de la Peña, más preocupado en cabalgar que en la seguridad pública del estado.
Por su interés, trascribimos íntegro el testimonio de Samgar Salvador Gómez Reyes, cuando fue citado a declarar en calidad de testigo sobre el caso Jonathan, en el expediente LPZ/028/HOM/2014.
“… Daniel Hernández Ascencio, en un principio, cuando llegó a la oficina tenía una actitud fresca, dado los acontecimientos anteriores, no observé a mi juicio manifestaciones de dolor o perdida. Me pareció confiado a primera vista, sin embargo, al sentarlo y hacerle saber la trascendencia de su declaración, ya que el mismo había sido víctima de un delito en el cual había resultado muerto su hermano Jonathan Hernández Ascencio, su actitud jovial cambio, y noté en su expresión facial preocupación, y tal vez miedo. Le pregunté ¿que era lo que le incomodaba? inmediatamente después me comentó que no emitiría ninguna declaración, si no se encontraba su abogado defensor presente, a lo que le comenté que era necesario en primer lugar, porque el tiempo apremiaba y era muy importante desarrollar la investigación dentro de nuestras primeras 48 horas, sin embargo, el insistió en que no hablaría palabra alguna, si no estaba presente su abogado defensor. De nueva cuenta le hice hincapié en la importancia de su declaración y le dije que era su derecho, más sin embargo, que recordara que el era una víctima del delito y no era un presunto responsable. Que mi obligación primordial era velar que no se violentara ningún derecho, a lo que me comentó de nueva cuenta lo mismo. Noté en él demasiado desdén dado la importancia del asunto, motivo por el cual le dije que lo iba dejar que pensara unos minutos, pensando que en ese lapso llegara su abogado, sin embargo, pasó más o menos hora y media, y el cual no se presentó, motivo por el cual lo invite a que rindiera su declaración, lo cual finalmente aceptó hacer rindiéndolo más o menos en la forma en que estaba plasmada en la Foja Número 56 del expediente que se me puso a la vista. Me gustaría aclarar que durante su declaración en varias ocasiones le pregunte si había visto a la persona que había matado a la persona Jonathan Hernández Ascencio, herido a Emilio González, Héctor (Hernández Ascencio) y el mismo, contestándome tajantemente que no había visto nada y, que no sabía quien haya sido, porque el cuando escucho las primeras detonaciones, insistentemente dijo que salió corriendo, lo cual a mi experiencia como Agente del Ministerio Público, y mi capacitación en cuanto a técnicas de interrogatorio de las conductas humanas, me pareció que estaba tratando de ocultar algo detrás de sus respuestas. Le hice hincapié si tenía algo que decir que fuera realmente importante y lo dijera y, que en ese momento no importaba quien fuera o a qué se dedicara o de quien fuera hijo el presunto responsable, nuestra obligación era investigar, sin embargo, el me volvió a contestar que no había visto a nadie ni sabía quien había sido. Debo admitir que a nivel personal, sentí frustración, ya que mi experiencia me indicaba que había una verdad que no quería decir, motivo por el cual le dije que honrara la memoria de su hermano y que diera gracias a Dios porque estaba vivo, ya que estuvo a centímetros de morir, haciéndole referencia de dos rozones de bala en su cráneo. Por un momento, sentí que dudo y estaba a punto de abrir, sin embargo, volvió a recalcar prácticamente lo mismo, no vi nada y no se qué fue, dichas manifestaciones quedaron inicialmente tecladas en el cuerpo de la declaración, sin embargo, ya que fue impresa y para firma, me manifestó que no lo firmaría hasta en tanto llegara su abogado, y el cual se presentó ante mi y dijo llamarse Héctor Ascencio, padre de una de las víctimas del delito, y me dijo conocer el derecho penal, pues había sido Agente del Ministerio Público Federal por muchos años de su vida y me recordó el derecho de su sobrino de tener un abogado, lo cual reconocí, pidiéndome leer la declaración, pidiéndome una vez que termine de leer, no queremos que está parte quede asentada en su declaración, haciendo referencia a las partes que textualmente cita no haber visto ni conocer a su agresor, asesino de su hermano y agresor de Emilio y Héctor. Yo le pregunte que si cual era la razón, y el me dijo que no le parecía conveniente, le dije que a mi juicio Daniel estaba mintiendo y que tenía muchas cosas que decir y me contesto en un tono prepotente, nosotros somos las víctimas, por lo que le pido que omita lo que le estoy diciendo, a la cual yo a regañadientes acepté, sin tomar precauciones y haber hecho constar la presencia del abogado de Daniel y sus manifestaciones, sin imaginarme nunca que el expediente giraría en una forma tan radical y tan descompuesta como en la actualidad está…”.
La cuarta explicación. La cuarta y última hipótesis es quizá la menos posible, sin embargo, fue considerada por los agentes del caso, y está relacionada a investigaciones privadas que el abogado hacía en su despacho Xamgar y Asociados, tras su salida de la PGJE.
De hecho, durante el levantamiento del cuerpo de Gómez, peritos de la Dirección de Servicios Periciales extrajeron carpetas de documentación del despacho jurídico, cuyos documentos están siendo revisados y analizados, en busca de alguna pista que pueda llevar a los asesinos del ex funcionario.
Las estadísticas
Después de cumplirse un año y ocho meses de la guerra entre narcomenudistas del Cártel de Sinaloa y una alianza de facto encabezada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, la ola de violencia no sólo no se detuvo en La Paz -principalmente-, sino que se expandió a los municipios de Mulegé, Comondú y Loreto.
Según el último recuento de ZETA, desde hace 701 días los sudcalifornianos han vivido en medio de la zozobra, detonaciones de armas de fuego, persecuciones, levantones, operativos y estrategias fallidas de los tres niveles de gobierno.
En el cuatrienio del ex gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor tuvieron que soportar 455 días del espiral de violencia, 184 en 2014 y 271 en 2015, y en los primeros ocho meses del actual gobernador, Carlos Mendoza Davis, 246 días transcurridos de su período y no se ve para cuándo la vituperada “coordinación de los tres niveles de gobierno” comience a rendir frutos.
Ni operativos federales ni patrullajes del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, pueden poner freno a la ola de violencia que incluso alcanzó a las propias autoridades, cuando una patrulla de la Policía Ministerial del Estado y una de la Dirección de Servicios Periciales, tras la ejecución del ex jefe de la plaza del narcomenudeo en La Paz, Luis Antonio Montoya Beltrán “Don Carlos” o “El Artista”, fueron incendiadas la madrugada del 8 de mayo en las colonias Costa Azul y Península Sur de la capital sudcaliforniana.
Mientras que el 13 de mayo, el comandante general de la Policía Estatal Preventiva, Luis Alejandro Osorio Álvarez, y el agente del Grupo Operativo Especial, Juan Carlos Casanova Posadas, fueron atacados por un comando armado en el cruce de las calles Himno Nacional y Unión en la colonia Diana Laura, el cual terminó en tres tiroteos y la muerte del civil Víctor Manuel Morales Zúñiga.
Vista aerea de la escena del crimen del ex servidor público captada por el drone de la Agencia Freelance.
Según un recuento elaborado por este Semanario, y con base a un comparativo del primer semestre de 2015 y de 2016, febrero, marzo y junio fueron los meses más violentos en el presente año y superiores al 2015; mientras que enero, abril y mayo fueron más intensos el año anterior que en 2016.
Las números están de la siguiente manera:
En enero de 2015 hubo ocho personas asesinadas, cinco en febrero, tres en marzo, 16 en abril, 21 en mayo y ocho en junio; en tanto, en enero de 2016, hubo dos, seis en febrero, cuatro en marzo, 10 en abril, nueve en mayo y 18 en junio.
Las gráficas publicadas en esta edición hablan por sí solas de la tendencia a la alza en la escalada de la violencia, donde sólo en junio, subió 100% el número de asesinatos de 2015 a 2016.
En cifras generales, y según el primer semestre de cada año, hubo 61 homicidios en 2015 y 49 en 2016, lo que significa una disminución del 21.33 por ciento de un año a otro, lo que echa para bajo la versión del secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, durante una reunión con el Grupo de Coordinación, respecto a que los delitos de alto impacto habían bajado hasta en un 65% en la presente administración.
Lo más grave de todo es que la PGJE, y según los propios expedientes oficiales, sólo han logrado la captura de un sicario durante los 49 crímenes registrados en el primer semestre de 2016, cuando la pasada administración cerró con 75 sicarios detenidos, entre ellos, alrededor de 12 jefes de células.
Después de ser cuestionado sobre los ataques en contra de unidades automotrices de la PGJE y de oficiales de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública, el secretario De la Peña justificó que la agresión puede tener su origen en la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno en contra de la delincuencia, principalmente en las áreas de seguridad y de justicia.
“Obviamente todo lo que implica la operatividad trae algunas consecuencias de repente, y es parte del riesgo asumido”, indicó.
En el caso del ataque armado en contra del comandante de la Policía Estatal Preventiva, Luis Alejando Osorio Álvarez, hasta donde el funcionario tiene entendido, los agresores se dirigieron hacia él y se interpreta como un atentado en contra de las instituciones y la propia corporación.
“Aquí en La Paz, en todo el país y en todo el mundo, cuando la Policía actúa, y por supuesto, es lo que no le gusta a la delincuencia, lo más fácil sería estar coludidos y que no ocurriera nada”, argumentó para complementar:
“Cuando hay hechos de esta naturaleza, y una agresión contra una corporación, es porque se está actuando, si no, esto no sería posible, por eso digo que vamos a continuar con el trabajo que venimos desempeñando y abatir este tipo de situaciones, sobre todo en la capital del Estado. La reacción no es extraña, es un riesgo calculado y se tiene en este trabajo, y sobre todo, cuando se está atacado directamente y dando un combate frontal a la delincuencia, a partir de que llegamos a la administración”.
La estrategia fallida
A pesar de que el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, dijo estar “actuando para combatir a la delincuencia”, los hechos demuestran lo contrario.
Según datos recabados por ZETA, la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública y la PGJE no tienen pies ni cabeza desde hace ocho meses, con base en las siguientes causas:
* La Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública permanece acéfala desde abril de 2014, cuando Adonaí Carrón Estrada presentó su renuncia y tomó protesta como titular de la PGJE. Desde entonces comenzaron a desfilar los “encargados de despacho”, como Martha Cecilia Garzón López y Juan Pablo Noriega Rangel en el cuatrienio de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor; y ahora Evelin Lezlie Rodríguez de León, en los primeros ocho meses de gestión de Carlos Mendoza Davis.
* Desde abril de este año, la PGJE tiene acéfalos los cargos de subprocurador de Investigaciones Especiales y Dirección de la Policía Ministerial del Estado, cuando Samgar Salvador Gómez Reyes y Bibiano Rigoberto Burgoing García fueron asignados “encargados de despacho”, pero posteriormente se les cesó, tras desatarse un escándalo de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Desde su salida, Ramón Ulises Contreras Contreras y Josué Geovanny Zúñiga Méndez, despachan como “encargados” de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales y de la Policía Ministerial del Estado, respectivamente, este último, heredado en el cargo por recomendación de Bibiano Rigoberto Burgoing García.
De acuerdo con un integrante del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur, “el secretario general de Gobierno tiene un control excesivo sobre la Subprocuraduría Estatal de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cual aparte de no dejar trabajar a los encargados de despacho, carece de un programa o plan estratégico de combate a la delincuencia”.
Desde el punto de vista del miembro del grupo interinstitucional, De la Peña “tiene una grave falta de oficio para atender el tema de seguridad y carece de gente que pueda asesorarlo, pues la mayoría de gente de la que desafortunadamente se rodea son jóvenes, algunos no tienen ni carrera profesional y mucho menos el perfil y experiencia laboral de cómo y de qué manera pueden combatir a la delincuencia.
“Yo veo que está arriesgando la estabilidad y el prestigio del Estado, y lo más grave, está exponiendo la seguridad de la población, los resultados están a la vista”, consideró.
Incluso, “el procurador Palemón Alamilla Villeda está amarrado de manos y no ha podido integrar un grupo confiable que pueda responderle a la población, y está prácticamente solo y sin gente de su confianza que bien pudiera ofrecer resultados, aunque tuviera que traerlos de otros Estados”.
De tal manera que el evidente descontrol “es aprovechado por un grupo comandando por el comisario de la Policía Estatal Preventiva, Francisco Javier Moreno Montaño, quien opera un grupo de policías que actualmente cobran cuotas de protección a los dos bandos en pugna, es decir, a los del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación, eso es lo que verdaderamente detonó los ataques contra la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública”, confió el integrante del Grupo de Coordinación, para rematar: “El gobernador está siendo engañado con cuentas alegres y traicionado por su propia gente”, por lo que es urgente que tome medidas y decisiones, “antes de que sea demasiado tarde”.
ZETA solicitó la opinión de un experto en delincuencia organizada, quien solicitó omitir su nombre, pero en una especie de radiografía sobre lo que está ocurriendo en Baja California Sur, analizó el tema y dijo que de lo que se mira desde afuera es lo siguiente:
* La muy fuerte presencia de la delincuencia organizada en BCS.
* La potencial y evidente corrupción y vínculos de servidores públicos con organizaciones criminales.
“Así lo estamos mirado desde afuera, y en el caso del crimen de Samgar Gómez, es muy evidente que tenía algunos pendientes con los grupos delincuenciales, porque hasta donde tengo entendido primero le cuelgan algunas mantas y después le balean el despacho de su propiedad, y él no presentó ninguna denuncia penal en calidad de víctima. Caso contrario hubiera sido si le cuelgan algunas mantas y le balean el despacho, y si estuviera limpio, va y presenta denuncia, porque no tenía ningún pendiente y solicita se esclarezca, porque ya en ese momento su vida estaba en riesgo”, reflexionó el consultado.
Ante la falta de resultados y una incapacidad manifiesta, es evidente que “los cuerpos de seguridad están trabajando al día, y no con un proyecto o programa de gobierno que incluya misión y visión”.
Y remató: “En teoría, el Gobierno del Estado debería de tener un proyecto de seguridad, o sea, cuál es tu modelo de seguridad, porque no puede haber resultados sin un modelo de seguridad, y lo que está pasado, está poniendo en evidencia que todos los cuerpos de seguridad están saliendo nomas a sacar el día. Es decir, están saliendo a trabajar, sin tener a la mano un mapa georreferencial, donde venga qué tipo de delincuencia se está presentado en todos los municipios, cuáles son las zonas más peligrosas, dónde están las zonas donde se vende y trafica con droga y dónde se comete el mayor índice de delitos del fuero común, como robos y asaltos. No puedes salir a la calle a combatir algo que ni siquiera sabes dónde está”.
Según el número de esclarecimiento de homicidios, “de pronto ya no hay resultados y todo está para el lado de la chingada, porque cuando en la administración pasada hubo alrededor de 75 sicarios detenidos, ahorita únicamente hay uno en ocho meses de administración. ¿Dónde está la efectividad? ¿Dónde está la capacidad de quien está dirigiendo la estrategia de seguridad? ¿Dónde están los resultados?”, se preguntó para auto responder: “¡Eso es gravísimo!”, y concluyó que no es posible que a estas alturas ni siquiera se haya elaborado un programa de política criminal.
Los perfiles
El currículo y experiencia de los responsables de Seguridad Pública en la entidad no abona a nada, por el contrario, únicamente están calentando un espacio que bien pudieran ocupar verdaderos conocedores del tema.
A través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública -expediente 763/2015-, ZETA solicitó los currículos de algunos mandos de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública, y detectó que ninguno es especialista en el tema.
* Evelin Lezlie Rodríguez de León. Encargada de despacho de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública. Se tituló como licenciada en Derecho en 2003, por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En su experiencia laboral destaca haber sido encuestadora de la empresa Berumen de México, abogada en el área de cobranza de cartera vencida en la compañía Sertec e INFONAVIT, y gestora de cobranza en Banco Azteca. De ahí fue contratada como encargada de la Unidad Jurídica y de Procedimientos de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública en el periodo de Lennin Giovani Rodríguez Aguilar y de Álvaro de la Peña Angulo; y como encargada de Enlace Jurídico en la gestión de Adonaí Carreón Estrada, hasta quedar desde el primero de noviembre de 2015 como encargada de despacho de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública.
* Francisco Javier Moreno Montaño. Comisario de la Policía Estatal Preventiva, sólo tiene escolaridad de preparatoria y experiencia laboral como oficial de la PEP y como director de la Policía Municipal de Los Cabos.
* José Luis Esquivel Sánchez. Subcomisario de Análisis Táctico, es licenciado en Educación Media Superior con especialidad en Ciencias Naturales, en 2002 se tituló de la Escuela Normal Superior del Estado. Entre su experiencia laboral, sobresale como aprendiz y ayudante de electricidad automotriz, asesor de telesecundarias, maestro de Ciencias Naturales, agente de ventas en la compañía Sahuayo y encargado de tienda de autoservicio y venta de tarjetas Telcel.
Desde 2009 ascendió a cadete de la Policía Estatal Preventiva, después, oficial, supervisor y comandante del área de Análisis Táctico.
* Pavel Oliva Cota. Subcomisario de Investigaciones, se tituló en 2005 como ingeniero electricista por el Instituto Tecnológico de Sonora. Cuenta con experiencia como residente de obra de las empresas de electricidad El Nogal y Proinser, y responsable de mantenimiento de las compañías AMEEI y Factor Sales de México; así como jefe de departamento en la Secretaria de Seguridad Pública.
* Miguel Eduardo Morgan Bernal. Subcomisario de Operaciones, a su escolaridad de bachillerato se suma la experiencia laboral como auxiliar administrativo en el Gobierno del Estado de Sinaloa; de 2001 a 2002 estuvo en la Escuela Federal de Caminos y después como oficial de la Policía Federal Preventiva en Texcoco, así como en Los Cabos.
Por último, el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, expuso: “Hemos estado trabajando mucho en el tema de Evaluación de Control y Confianza en los aspirantes a ocupar ciertas áreas, porque no deseamos que esta gente tenga dudas en cuanto a su actuar”. No habló siquiera de reestructurar las áreas de la PGJE y de Seguridad Pública, justificando “… no quiere decir que esté descuidada, ha estado totalmente cuidada, por todo lo que implica la certeza, y han estado cuidadas las dos instituciones”.
