La Procuraduría General de la República (PGR) investiga las propiedades del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de su círculo cercano de colaboradores, y hasta de sus familiares más cercanos, asegura el diario Reforma.
De acuerdo con el rotativo de circulación nacional, la PGR pidió a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz información “con carácter de urgente y confidencial” sobre propiedades del mandatario estatal, y también los antecedentes catastrales de 69 personas físicas y morales.
Entre ellas, la esposa de Duarte, Karime Macías Tubilla, y su hermano, Daniel Duarte de Ochoa.
Además, dice Reforma citando un documento de la PGR, fue solicitada documentación catastral de 35 empresas de Veracruz, entre ellas los equipos de béisbol Cafeteros de Córdoba y Rojos del Águila de Veracruz, empresas inmobiliarias, tiendas deportivas, de frutas y verduras, autotransportes, refacciones y gasolineras.
La PGR, detalló el medio en cuanto al expediente FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016, investiga propiedades de funcionarios como José Antonio Chara Mansur, delegado federal de la Secretaría de Economía; Octavio Manuel Ruiz Barroso, edil de Alvarado, y Gerardo Bonilla Suárez, encargado del Velódromo de Xalapa.
Lo anterior se da después de que Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, presentara denuncias contra Duarte, acusando un presunto desvío de recursos, por medio de diferentes operadores. Al respecto, el gobernador ha dicho que es inocente, y que las acusaciones no tienen fundamento.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el pasado 11 de julio sobre la presentación de 32 denuncias ante la PGR, por el caso de las empresas fantasma con las que el gobierno de Duarte desapareció 645 millones de pesos, y que reveló Animal Político.
Esas empresas obtuvieron contratos para ser proveedoras de bienes, mercancías y servicios para el gobierno de Veracruz, a pesar de que estaban recién constituidas.
Esto lo lograron por adjudicaciones directas o licitaciones simplificadas, en las que siempre competían las mismas. Además, no se tiene constancia de que se hayan entregado los productos supuestamente adquiridos, que eran para habitantes de zonas populares.
