Pobladores de El Rosario, localidad del sur de Ensenada, protestaron ante funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), para exigir la regularización de sus terrenos, que derive en títulos de propiedad y la seguridad legal de los inmuebles en los que han viviendo durante décadas.
El Rosario, fundado el 2 de julio de 1774 – hace 242 años -, es considerado por quienes ahí viven como “el pueblo más viejo de Baja California.”
Alejandro Espinoza Arroyo, habitante y cronista de la comunidad, contó a ZETA que la problemática comenzó en 1961 – hace 55 años -, cuando por disposición del Gobierno Federal, envió a un grupo de trabajadores agrícolas de varias entidades del país a Baja California; el grupo radicaría en el Valle de Mexicali, pero por la falta de espacio, las autoridades estatales los canalizaron a El Rosario, donde fundaron el Ejido Nuevo Uruapan, tras el hecho el Gobierno no dio certeza a los cientos de inmuebles, arriesgando el patrimonio de los residentes de ambas poblaciones:
“Nuestros abuelos enfrentaron eso, nuestros padres y ahora nosotros. No hemos podido obtener la regularización de la tenencia de la tierra, tanto para ellos como para nosotros”, dijo, y agregó que el hecho de que gran parte de las familias no cuenten con un documento que certifique su propiedad, afecta su seguridad personal:
“Si no tienes la certeza jurídica no puedes hacer negocios, no puedes hacer tratos, todo el tiempo estás con la zozobra. Vemos en riesgo el patrimonio”. En El Rosario viven cinco mil personas, en Nuevo Uruapan otras mil. El modo de vida está orientado a la pesca, la agricultura y la ganadería.
Espinoza criticó al Gobierno por no dar legalidad a la propiedad de los terrenos, diciendo que “funcionarios van, funcionarios vienen, y nomás le dan largas al asunto, el Gobierno ha sido indolente”. Señaló que actualmente gran parte de los casos están siendo analizados en Tribunales Agrarios, sin ser resueltos, e inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió resoluciones – una en 1964 y otra en 1996 – que no han sido respetadas:
“Nosotros no detendremos este movimiento hasta que cada persona de El Rosario tenga su título de propiedad en la mano”, puntualizó.
Al respecto, el delegado de Sedatu en el Estado, José Lauro Aréstegui Verdugo, explicó a este semanario que la dependencia no puede tomar ninguna decisión porque “el problema está en tribunales y también en el lado civil. Nosotros hemos estado aportando elementos para facilitar la resolución por falta del Tribunal, pero el problema está fuera del ámbito de la Delegación”.
La manifestación se realizó la mañana de hoy viernes 1 julio, durante la ceremonia de instalación del Consejo Estatal de Desarrollo Agrario, presidida por Gustavo Cárdenas Monroy, subsecretario de Sedatu – y segundo al mando en la dependencia después de Rosario Robles Berlanga – , quien dijo a la prensa local que la importancia de la regularización radica en que los propietarios de tierras ejidales puedan “tener acceso a programas de apoyo del Gobierno de la República”.
De acuerdo al funcionario, en Baja California y Baja California Sur, hay cerca de diez mil conflictos relacionados con la tenencia de la tierra; Cárdenas Monroy señaló que la tardanza de los procedimientos legales – en el caso de El Rosario es de más de medio siglo -, deriva de la lentitud tanto de la autoridad como de los afectados:
“Estamos sujetos a los intereses que hay dentro de los núcleos ejidales, porque luego hay división de los mismos Ejidos, cuando los intereses no son concurrentes. Todo esto se tiene que resolver, conflictos, expropiaciones, terrenos nacionales”, anotó.
En el evento, llevado a cabo en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes (Ceart) en Tijuana, tanto la Sedatu, como la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), desarrollaron en conjunto una serie de Audiencias Agrarias, orientadas a atender problemas de asentamientos humanos irregulares.
Gilberto Covelli Gómez, delegado de Corett en la entidad, explicó que las Audiencias, que hoy comenzaron en Tijuana, se desarrollarán en otros puntos de la entidad. Agregó que en Ensenada, municipio con más territorio, hay por lo menos 125 asentamientos irregularidades detectados. En el caso de Tijuana, las Audiencias resolvieron conflictos originados en comunidades como Maclovio Rojas, 3 de Octubre, Nueva Esperanza, Ojo de Agua, y asentamientos colocados en las vías del tren, Tijuana-Tecate.
