Después de que el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal (TUCAM) ordenó al Ayuntamiento de Tijuana entregar el permiso de Uso de Suelo a la empresa Silza para la instalación de un expendio de gas dentro de una zona habitacional, los vecinos decidieron ampararse contra la determinación.
Ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Tijuana, y representados por José Ángel Peñaflor Barrón, alegaron que en ningún momento fueron llamados al proceso en el que resultó favorecida la empresa, pese a que son interesados por las afectaciones que tendrán con la puesta en marcha de la estación de gas.
Además, al Ayuntamiento de Tijuana le reclaman “cualquier cumplimiento” de la orden del tribunal para otorgar el uso de suelo.
Fue el jueves 30 de junio cuando Román Rebeil Godínez, juez del TUCAM, determinó que los argumentos de la empresa de gas, presentados por Alfredo Medina Rodríguez, son suficientes para invalidar los requisitos municipales –de seguridad– para la instalación de una estación de carburación, mismos que no cumplen. Entre otros: que el predio –la estación– esté a una distancia mínima de 30 metros de casas y que el terreno mida como mínimo 900 metros cuadrados.
La gasera manifestó que aunque hay diversas especificaciones en el Reglamento de Zonificación de Uso de Suelo para las Acciones de Edificación, Instalación, Conservación y Operación de Estaciones de Carburación, éstas violentan el derecho constitucional (artículo 5) a dedicarse “a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode” y la Ley Federal de Competencia Económica. Para el tribunal municipal fue suficiente.
Mediante un oficio, el Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Dirección de Administración Urbana (DAU), informó a Gas Silza que condiciona la entrega del Uso de Suelo al cumplimiento de 15 puntos distintos, entre ellos: un estudio de impacto vial y un proyecto de integración vial, la resolución de impacto y riesgo ambiental, la verificación de la Secretaría de Energía, atender las especificaciones municipales para estacionamiento y un programa de protección civil.
La titular de la DAU, Ana Lilia Loaiza, dijo en su momento a este semanario que la resolución del Juez no implica que la estación vaya a operar, pues además de una revisión ecológica, a la empresa le resta presentar, por ejemplo, un dictamen de factibilidad de Bomberos.
Aunque la DAU se ha mostrado en contra de la instalación de la gasera, el abogado de los colonos, José Ángel Peñaflor, desconfía de dicha postura, pues menciona que las decisiones del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal –técnicamente un órgano autónomo municipal–, regularmente sigue los intereses del Ayuntamiento, refiriéndose a la Plaza 11 de Julio y el predio de La Ocho.
En diversas ocasiones se trató de localizar a personal de la empresa, sin éxito hasta el cierre de esta edición.
