Arturo Méndez Preciado, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, fue demandado penalmente por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y tráfico de influencias para favorecer a una empresa filial de Grupo Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon.
La denuncia consignada con el Número único de Caso 0204-2016-02064 fue presentada por Ramón Félix Moreno, el martes 5 de julio de 2016, en el Módulo de Orientación Zona Río, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE).
Desde el 30 de marzo de 2012, Félix Moreno denunció por despido injustificado a la empresa Administración y Logística del Noroeste, S.A. de C.V., de la cual había sido despedido.
Hasta mayo de 2016, el juicio había sido aplazado por diversos motivos, siendo la principal el no desahogo de los testimoniales presentados por la parte demandada, “porque los actuarios de la junta no acudían a los domicilios de los testigos a notificarlos”, refirió el quejoso en febrero de 2016.
De acuerdo a las actas emitidas por la Junta hasta mediados de 2015, de las cuales proporcionó copia a ZETA, se estable que los actuarios de la Junta Especial Número Cuatro de la Local, a cargo de Zabel Arturo Solís Ruíz, encargada de dar seguimiento a su demanda, no habían acudido a avisar a los testigos, sin mediar razón alguna.
En agosto de 2015, Félix Moreno presentó una queja administrativa al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Arturo Méndez, señalando la dilación por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local, encargada de su caso. No tuvo respuesta y el oficio tiene el sello de recibido de la oficina de Méndez Preciado, el funcionario dijo desconocerla, “nunca recibí nada”, comentó.
Al no tener respuesta, el quejoso acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instancia que clasificó su queja en el expediente 923/15/4VG por violación a los derechos de legalidad y seguridad jurídica y actuación negligente e ineficaz de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tijuana, así como del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, asunto que continúa en integración.
Después de la intervención de Derechos Humanos, en el expediente de la demanda laboral fueron localizadas actas que asientan que a partir de noviembre de 2015 el actuario asignado procedió a la notificación de los testigos pero, estableciendo que “después de hacer un recorrido no fue posible localizar el domicilio porque no se encontró el numeral –número de referencia del domicilio”.
“Esas actas son falsas, no se encontraban en el expediente, fueron añadidas”, acusó el denunciante, al referir la razón por la que interpuso la demanda penal.
Al respecto, el presidente de la Junta local de Tijuana, Arturo Méndez, dijo desconocer la demanda, la cual sería la primera que recibiría, tanto en su contra como de la dependencia a su cargo, pero desestimó la causa de la querella anotando que “es imposible, no se puede hacer –falsificar un documento”.
Sostuvo que los expedientes de la dependencia a su cargo son “inalterables”, al ser sellados y contar con un número de folio, dijo al momento que mostraba la numeración consecutiva colocada con pluma y a mano en la parte superior derecha de cada hoja del expediente de Ramón Félix.
“Pero si a mí me demuestran que hay alguna irregularidad de que está falsificado un folio, alterado, bueno, de esto le damos vista a contraloría y yo mismo presento la denuncia penal, no estoy defendiendo a nadie, estoy defendiendo un método”, acotó, añadiendo que la Junta está abierta a la transparencia.
Por la afectación de derechos laborales y la implicación de autoridades esta información es de interés público. El o los imputados deben presumirse inocentes durante el proceso.
