La Junta de Coordinación Política del Senado de la República definió la fecha del período extraordinario y solicitó a la Comisión Permanente discutir como Cámara de origen, las observaciones que al Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (llamada Ley 3de3), hizo el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, informó que el próximo 5 de julio el Congreso de la Unión celebrará el periodo extraordinario para discutir el polémico artículo, que obligaba a los empresarios y civiles a presentar sus declaraciones: fiscal, patrimonial y de intereses en caso de recibir recursos públicos.
El senador priista aseguró que el Congreso de la Unión sólo tiene la opción de aprobar o rechazar las propuestas del Ejecutivo. La semana pasada, el presidente Peña Nieto devolvió al Congreso el Artículo 32 de la Ley 3de3 por considerar que contiene medidas que podrían afectar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Debido a ello, la Ley deberá ser discutida nuevamente para hacerle las modificaciones necesarias. Por su parte, Roberto Gil Zuarth, presidente de la mesa directiva del Senado, explicó que los grupos parlamentarios encabezados por la Comisión Anticorrupción, tendrán la obligación de emitir un nuevo dictamen basado en el análisis de las observaciones hechas por el Presidente de la República.
Asimismo, el senador perredista Miguel Barbosa confirmó que la bancada de su partido está considerando la posibilidad de abstenerse en la votación. Además, dijo que exigir una declaración patrimonial a las personas físicas y morales que sostengan contratos con el gobierno no tiene aval constitucional.
El 15 de junio de este año, el Senado de la República aprobó su versión de la Ley 3de3 con 94 votos a favor, 23 en contra y menos exigencias para los funcionarios de las que contemplaba la versión original. La Cámara de Diputados la ratificó sin modificaciones.
El dictamen aprobado fue propuesto por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) en abril pasado como una versión diferente a la iniciativa ciudadana presentada para esa legislación, la cual fue respaldada por 634 mil firmas.
La iniciativa respaldada por los ciudadanos proponía definir claramente la corrupción, a partir de 10 tipos de conductas ilegales. Además, buscaba rediseñar el Sistema de Responsabilidades de los servidores públicos y planteaba sanciones a particulares en hechos de corrupción.
El pasado 23 de junio, tras las críticas recibidas por parte de organismos civiles y empresariales, el Presidente Enrique Peña Nieto decidió vetar el Artículo 32 de la llamada Ley 3de3.
