Después de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal confirmó la cancelación del evento en que el presidente Enrique Peña Nieto promulgaría el paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, entre las que se encuentra la Ley 3de3, se comenzó a especular que el mandatario nacional podría vetarla, tal como se lo ha pedido la Iniciativa Privada.
El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, confirmó que cuentan con 30 días hábiles, los cuales concluyen el 17 de julio, para analizar la Ley 3de3 y señaló que el presidente de la República sostuvo una reunión con las dirigencias empresariales del país.
Peña Nieto se reunió la noche de ayer con integrantes de la cúpula empresarial, entre ellos, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón; Gustavo de Hoyos de la Coparmex y Alejandor Ramírez del Consejo Mexicano de Negocios, para determinar los alcances de este tema.
“Le externaron al Presidente de la República algunas inquietudes, el Presidente las escuchó con atención. Insisto, hay un proceso de análisis que la Presidencia de la República lleva a cabo, de ésta y de todas las leyes que envía el Congreso de Unión para ser promulgadas, el plazo vence el próximo 17 de julio y antes de esa fecha el Presidente de la República procederá conforme a derecho”, afirmó el vocero presidencial.
La semana pasada, senadores y diputados aprobaron la ley de responsabilidades administrativas, lo que permitirá a los funcionarios públicos ocultar información en su declaración patrimonial, fiscal y de interés, con el argumento de proteger su “vida privada”.
El dictamen aprobado por el Congreso de la Unión indica que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, será el organismo que “emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
El artículo 32 también fue aprobado, por lo tanto, deberá presentar su declaración patrimonial, fiscal y de interés “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios”.
Por su parte, el presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, dijo que el presidente Peña Nieto puede vetar la Ley 3de3 y, a su vez, el Congreso de la Unión tiene la obligación de corregir las observaciones que les haga, afirmó.
“El Presidente está en su derecho, está en su facultad de hacer observaciones a lo aprobado por el Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión está en plena apertura para conocer las razones técnicas, los argumentos que motiven, en su caso, las observaciones del Ejecutivo y corregir aquello que se tenga que corregir”, afirmó Gil Zuarth.
En entrevista previa a la sesión de este miércoles, el senador del PAN afirmó que la posible modificación al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, obliga a los empresarios a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, cuando firmen contratos de obras y servicios con el sector público.
“No nos vamos a negar a ninguna modificación, a ninguna observación. Ya hemos explicado cómo se dio la modificación del artículo 32, a partir de una reserva que se presentó en pleno, que fue admitida y que no permitió una discusión serena y técnicamente sustentada con respecto a sus implicaciones”, aclaró el legislador.
A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, reconoció que si se mantiene la redacción del Artículo 32 de la llamada Ley 3de3, puede generar problemas de operación y distorsionar el espíritu de la legislación.
Entrevistado en el marco de la inauguración del Seminario Internacional “Fuentes Históricas sobre la Constitución de 1917”, el también coordinador de los diputados del PRI, explicó que jurídicamente el conocido “veto” se llama observación, y que el Presidente de la República decidirá conforme a Derecho.
“No sé cuál sea la decisión del presidente, vamos a esperarla. Lo que es cierto, es que nosotros desde el día siguiente a la aprobación de esta Ley de Responsabilidades, hicimos pública nuestra posición, sobre la posibilidad de enmendarla”, informó Camacho.
Agregó que hay una gran laxitud, una redacción que es por amplia, ambigua y que, de primera intención, en el Artículo 32, inciso C, de la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos.
“Si se mantiene así, pudiera generar problemas de operación y que se pudiera en todo caso, distorsionar el espíritu original de legisladores”, precisó.
Indicó que personalmente habló con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y le ofreció la revisión de dicha párrafo 32, lo cual fue recibido con simpatía por parte del líder empresarial.
Por su parte, entrevistado en el mismo evento, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe Solís Acero, apunto que el vetar o no dicho ordenamiento es derecho exclusivo del presidente de la República.
Sin embargo, indicó que hay tiempo suficiente dentro de lo que marca la ley para poder hacer la promulgación de las leyes secundarias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
Comentó que el evento para promulgar estas leyes que el Poder Legislativo aprobó y envió al Ejecutivo federal la semana pasada, se pospuso porque “estaba de por medio una audiencia del Presidente de la República, de manera que se quiso desahogar”.
“Está pendiente, la promulgación se va hacer dentro del plazo que la ley establece, y se hará dentro del plazo constitucional señalado”, aseguró Solís Acero.
