Mientras que autoridades estatales en Sonora reclaman a la Federación actúe en contra del ex gobernador Guillermo Padrés Elías por delitos durante su administración, un juicio de amparo deja en claro que tampoco en Sonora se hace mucho para enjuiciarlo, pues no existen órdenes de aprehensión en 40 juzgados
Las dificultades para Guillermo Padrés Elías, uno de los nueve gobernadores que en 2015 dejó su cargo en medio de cuestionamientos por mal manejo de recursos estatales y federales, no han cesado pero tampoco las autoridades han dado pasos definitivos para enjuiciarlo penalmente.
Así se desprende de la sentencia de un juicio de amparo promovido por el ex gobernador de Sonora, a través de su defensor, el ex procurador general del país, Fernando Antonio Lozano Gracia, en el que se informa que 40 jueces del fuero común y federal en la entidad del noroeste no cuentan con orden de aprehensión en su contra.
La resolución pone en entredicho a la actual gobernadora sonorense Claudia Pavlovich Arellano, quien el lunes 20 de junio, a través de un video difundido en redes sociales, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que actúe contra el ex mandatario sonorense por haber cometido actos que perjudicaron al erario público.
A nueves meses de que Padrés Elías dejó el poder, son muchos los señalamientos que hay en su contra. Desde faltantes de dinero por aclarar, presuntos perdones de impuestos a empresas, envío de dólares a bancos estadounidenses, tortura e injusto encarcelamiento a la ex niñera de sus hijos y, hasta, favorecer una red de venta de niños.
Algunos de los hechos que pudiesen ser considerados delitos son competencia del fuero federal, pero otros de los asuntos son del fuero común. Ahí es donde tampoco la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora (PGJES) ha podido satisfacer la urgencia de acciones que reclama Pavlovich.
Claudia Pavlovich Arellano
La PGR contestó a la mandataria a través de un comunicado de prensa que las investigaciones por ella señaladas en el video “se atienden y determinarán conforme a las reglas de competencia, procedimentales y en los plazos que establecen la Constitución y las leyes procesales aplicables”. Pavlovich lamentó la respuesta institucional.
Lo más que el gobierno de Sonora se ha acercado a Guillermo Padrés es capturando a uno de sus administradores que en el fuero común solo es procesado por narcomenudeo y se han cateado algunas de sus propiedades para obtener documentos que revelen los delitos que pretenden imputársele en más de 700 investigaciones locales. También se ha inhabilitado a 19 ex funcionarios que fueron colaboradores de la anterior administración.
Primeros indicios
Todo comenzó a principios de marzo de 2015 cuando el diario norteamericano The Wall Street Journal publicó que el entonces gobernador sonorense era investigado por haber recibido cantidades millonarias de empresarios a cambio de contratos de su gobierno.
El influyente periódico afirmó que el panista obtuvo tres millones de dólares en una triangulación que realizó su hermano Miguel Padrés para facilitar la asignación de un contrato por la manufactura de uniformes escolares para las escuelas públicas y que autoridades hacendarias rastrearon las transferencias a una cuenta que el fraterno de Guillermo abrió desde 2012 en los Estados Unidos.
Gustavo Madero, a la postre dirigente nacional del Partido Acción Nacional, salió en inmediata defensa de Padrés, afirmando que solamente se trataba de una denuncia mediática por los tiempos electorales y que no llegaría a tener investigación alguna.
La respuesta de las autoridades llegó casi dos meses después, cuando a finales de abril, el Servicio de Administración Tributaria reconoció que investigaba irregularidades en la posible condonación de impuestos a 41 empresas por un monto superior a 708 millones de pesos. Entre las personas morales beneficiadas figuraban negocios del propio Padrés Elías, sus familiares y el entonces candidato a la gubernatura por el PAN, Javier Gándara.
Aún con la investidura de primer mandatario, el implicado reaccionó el 27 de abril al acusar al gobierno federal de filtrar información apócrifa a un medio de comunicación nacional sobre el presunto “perdón” de créditos fiscales en su entidad. Se defendió al decir que la facultad para condonar impuestos es exclusiva de la federación.
Tres ex auditores de la Secretaría de Hacienda de Sonora contradijeron a Guillermo Padrés y revelaron que las condonaciones eran ordenadas por funcionarios estatales. Supuestamente se realizaba una auditoría simulada al contribuyente para corregir su situación fiscal y no pagaran importantes cantidades de dinero a las arcas del erario público.
Más faltantes
A finales de junio de 2015 se incrementaron los señalamientos por presuntas anomalías del titular del Ejecutivo en Sonora. La Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado documentó que de 2009 hasta esa fecha había un faltante de 10 mil millones de pesos en la administración que encabezaba Padrés.
Marcos León Perea, diputado priista y presidente de la Comisión de Vigilancia, afirmó que existía un acumulado de mil 500 observaciones sin solventar correspondientes al sexenio del panista que aún tenía tres meses para concluir.
Entre los principales faltantes que fueron señalados resaltan 2 mil 200 millones de pesos del fondo de pensiones y jubilaciones del ISSSTE, son: 600 millones que el Poder Legislativo concedió al Ejecutivo a través de un crédito para modernizar el transporte urbano y 60 millones de pesos ejercidos por la Secretaría de Agricultura estatal sin que se haya presentado la documentación comprobatoria.
Un mes más tarde, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mostró interés en sumarse a las investigaciones que las autoridades mexicanas realizan en el plano federal por actos de presunto lavado de dinero en los casos de la dispensa de impuestos a empresarios y cuyo producto fue insertado en el mercado financiero norteamericano. Los estadounidenses informaron a la PGR que iniciaron una investigación contra Guillermo Padrés en Arizona y desean intercambiar información para reforzar su indagatoria.
La noticia de las pesquisas al otro lado de la frontera norte sirvió para que opositores del PAN y detractores del propio ex gobernador le tundieran. Esta vez, Acción Nacional ya no lo defendió. La dirigencia del blanquiazul pidió al involucrado que aclarara la información sobre la supuesta investigación por el blanqueo de capitales por 3.3 millones de dólares.
Padrés Elías afirmó el 27 de julio que estaba dispuesto a someterse a cualquier investigación de las autoridades mexicanas o de otros países y que estaba interesado en aclarar cualquier imputación contra su persona. También dijo que no tramitaría ningún juicio de amparo porque no debía nada.
En agosto siguiente, el diario Reforma publicó que el aún gobernador de Sonora ofreció recursos para la campaña de Ricardo Anaya, aspirante a dirigir el blanquiazul, acción que, de comprobarse, sería constitutiva de delito.
La venta de niños
La sombra de otro escándalo se posó sobre el ex mandatario a mediados de 2015, cuando Padrés seguía como titular del Ejecutivo. El presunto tráfico de niños que eran entregados en adopción, principalmente a norteamericanos, por parte de funcionarios de su administración. Sin embargo, la PGJES no llevó a cabo las investigaciones sobre las denuncias en tiempo en un supuesto acto de protección a los sospechosos por ser miembros del mismo gobierno.
Michelle Rivera, reportera de Grupo Larsa, reveló que el procurador sonorense, Carlos Alberto Navarro Sugich, tenía conocimiento de la venta de niños en ese estado desde el 26 de marzo pasado cuando el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América se lo notificó. Las pesquisas comenzaron dos meses después, destacó la periodista.
El procurador aclaró el 31 de agosto que las investigaciones estaban avanzando y que eran nueve los casos de niños que fueron sustraídos ilegalmente del lado de su madre biológica y vendidos a padres adoptivos a través del Sistema DIF de Sonora, sin descartar la existencia de más víctimas.
El escándalo se canalizó hacia Guillermo Padrés y se politizó con declaraciones de los diversos actores de partidos en las cámaras parlamentarias. El 3 de septiembre, la fracción del PAN en el Senado, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a atraer la investigación, y a perseguir a quienes hayan participado en los hechos denunciados.
En tanto, la Procuraduría estatal identificó a 16 personas que participaron en las adopciones pagando desde 80 mil hasta 180 mil pesos a funcionarios del DIF y solicitó órdenes de aprehensión por los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, así como sustracción y tráfico de menores. Al concederse los mandamientos judiciales, a mediados de septiembre se habían ejecutado ocho capturas.
El procurador sonorense Carlos Navarro fue denunciado ante la Procuraduría General de la República junto con otros funcionarios por la compraventa de bebés y ahora fue la Cámara de Diputados la que presionó a través de un punto de acuerdo para que el asunto fuese competencia de las autoridades federales. Finalmente fue el 25 de septiembre cuando la PGR ejerció la facultad de atracción a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Las pesquisas de la Procuraduría Estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora documentaron 17 casos de venta de menores. Se identificó a Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex funcionario del Sistema DIF, como líder de la célula delictiva y a su cómplice José Hernández López, entre otros, como miembros de la red de tráfico de infantes que tenía varias ramificaciones en la entidad y llegaba hasta Estados Unidos. Se emitieron fichas rojas por parte de la Interpol y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también inició investigaciones. Se descartó la injerencia de Padrés en el caso.
Fuera del gobierno
Al asumir como nueva gobernadora de Sonora la priista Claudia Pavlovich Arellano aseguró que se investigarían todos los actos de corrupción de la anterior administración y se llevaría ante la justicia a quien tuviese alguna responsabilidad, sin excepciones. Desde el 13 de septiembre, en que por primera vez –en la historia de esa entidad– una mujer lleva las riendas del gobierno se han iniciado diversas averiguaciones previas.
Por su parte, Guillermo Padrés Elías se retiró a la vida privada, desde donde sigue recibiendo los embates por presuntos hechos que se le atribuyen. Al iniciar noviembre, Gisela Peraza Villa, quien trabajó nueve años como niñera de los hijos del ex gobernador y pisó la cárcel acusada de haberle robado a éste 600 mil pesos entre efectivo y joyas, denunció penalmente a su ex jefe y otros funcionarios por tortura y abuso de autoridad.
El 19 de noviembre último, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sorprendió al informar que tomaría el control absoluto de cobro y revisiones de contribuyentes relacionados con impuestos federales en Sonora hasta que concluyera el año en seguimiento a irregularidades advertidas, pues las autoridades estatales incumplieron con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que le permitía cobrar algunos impuestos federales, como ISR o IEPS, a cambio de algunos incentivos.
Las irregularidades anunciadas por parte del SAT en el cobro de contribuciones federales por parte del gobierno sonorense ascendieron a mil 705 millones de pesos. Se precisó que a inicios de 2015 fueron 574 los contribuyentes que se beneficiaron de las auditorías aplicadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal de Sonora.
Padrés Elías, que había afirmado a medio año que no se ampararía, comenzó a presentar demandas de amparo en la Ciudad de México y Sonora ante la falta de información de parte de las procuradurías estatal y federal sobre la calidad que guardaba en diversas averiguaciones previas detectadas por sus abogados, hasta en contra de la indagatoria por la denuncia de la niñera. Miguel Padrés, hermano de Guillermo, hizo lo propio.
Los ex colaboradores del ex gobernador también están en la mira. Tras la intervención del SAT en la fiscalización de impuestos en Sonora, se comenzaron a presentar denuncias en contra de ex funcionarios públicos que trabajaron directamente en auditorías o revisión de actas de las empresas beneficiadas irregularmente. A finales de 2015 las denuncias sumaban más de 40, pero ninguna era en contra de Padrés Elías.
