Desea conocer las acusaciones en su contra en media docena de averiguaciones previas
Guadalajara, Jalisco.- Mientras que en sus asuntos jurídicos en materia civil la empresaria Angélica Fuentes Tellez ha recibido algunas resoluciones adversas a sus intereses, en juzgados de Guadalajara promovió al menos nueve demandas de amparo en las últimas 48 horas para que la Fiscalía de Jalisco le permita el acceso a las averiguaciones previas que existen en su contra.
Fuentes judiciales informaron al semanario ZETA sobre los nueve escritos que fueron repartidos en tres tribunales diversos para que igual número de jueces estudien las peticiones de protección de sus derechos fundamentales a enterarse de las indagatorias en las que presuntamente tiene el carácter de indiciada y de defenderse.
Las nueve demandas de garantías fueron radicadas en los Juzgados Segundo, Cuarto y Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco.
La quejosa señala como autoridades responsables al titular del Ministerio Público adscrito a la Agencia 13 de Abuso de Autoridad de la Fiscalía Central, entre otras.
La aún esposa del empresario Jorge Carlos Vergara Madrigal, con quien sostiene férreas batallas legales en los ámbitos familiar, mercantil y penal, reclama la negativa del representante social de dar respuesta a sus escritos y la violación al derecho fundamental de defensa adecuada.
Carlos Alberto Aguirre Pelayo, en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de Angélica Fuentes Téllez, refiere que la Fiscalía ha impedido el acceso a las averiguaciones previas en las que su representada tiene la calidad de indiciada.
En las demandas de amparo se hace referencia a las indagatorias números 16154/2015, 16156/2015, 16157/2015, 16158/2015, 16160/2015, 16164/2015, 16168/2015 y la más reciente 3352/2016-A, algunas de ellas impulsadas por su consorte y apoderados legales de la empresa Omnilife de México S.A. de C.V.
Los jueces que conocen de los juicios de garantías concedieron la suspensión provisional a Fuentes Téllez para efecto de que el Ministerio Público no agote la etapa de las averiguaciones previas ni ejerza acción penal contra la empresaria sin haberle permitido el ejercicio de su derecho de defensa que constitucionalmente le corresponde, sin que ello signifique paralizar la integración de las indagatorias.
