Por Ley, y gracias a los beneficios dados por el recurso de Juicio Abreviado, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal que empezará a operar en el país a partir de las cero horas del sábado 18 de junio, homicidas confesos podrán quedar libres en 13 años y algunos violadores que acepten haber cometido el ultraje físico no pisarán la cárcel. En 2015, Baja California registró 909 asesinatos y 687 denuncias por violaciones
Carlos Fabián Torres García era un veinteañero, casado y con dos hijos. Era policía ministerial desde hacía cinco años y, la mañana del 26 de mayo de 2015, dos ladrones en huida lo mataron a balazos.
Torres se topó con el auto de los presuntos delincuentes y los persiguió, había escuchado la notificación por radio cuando las autoridades informaron que en un intento fallido de asalto a El Rey, centro cambiario el fraccionamiento Valle de Puebla en Mexicali, estos hombres habían herido de bala a dos empleados. Sus delitos y caras quedaron grabados por las cámaras de video del negocio.
Cuando el ministerial los interceptó inició la balacera. El joven empleado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recibió siete impactos en abdomen y piernas, según informaron después sus jefes. Alcanzó a pedir ayuda en clave e informar por radio “Me dieron”, minutos después llegó una patrulla, lo subieron para trasladarlo al Hospital General, pero llegó sin vida.
El ataque fue alrededor de las nueve de la mañana. A la 1:30 pm del mismo día, el subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González Martínez, declaró que ya estaban identificados los dos agresores y habían encontrado un arma de fuego.
FOTO: Agustin Reyes.- Nuevo sistema justicia penal NSJP
Dos días después, Santiago García, uno de los empleados heridos en el asalto fallido falleció también como resultado del ataque de los perpetradores.
Actualmente, José Ramón Zaragoza y Francisco Javier Zaragoza – de 65 y 38 años- están como imputados por este delito de homicidio. En el Código Penal, el asesinato conlleva una pena de 20 a 50 años, pero en este caso, a los acusados les ofrecieron un procedimiento abreviado “de 30 años”, detalló el subprocurador González, aunque abogados de Mexicali habían informado que les darían la pena mínima de 20 años.
Esto implica que el acusado renuncia al juicio oral y confiesa la culpa -recordando que en este caso están video grabados- para recibir la pena aceptada, con lo cual se reduce una tercera parte de la sanción. En este caso los homicidas quedarán en la reclusión mínima de 20 años por asesinar a dos hombres, el trabajador de una casa de cambio y un agente de la PGJE. Sin embargo, cuando en el juicio abreviado a los homicidas se les ofrece la pena mínima, que es de 20 años, acceden al beneficio de salir, habiendo purgado las dos terceras partes, que son 13 años y tres meses.
“En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos”, refiere la Ley.
Lo anterior fue confirmado por el licenciado Pedro Ariel Mendívil García, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, con cinco años de experiencia litigando en el Nuevo Sistema de Justicia Penal de Mexicali, quien ejemplificó que el juicio abreviado es un proceso de anticipación del NSJP, en el que si una persona en un homicidio calificado recibe una pena de 20 a 50 años, la pena promedio que pide el Ministerio Público serían 35 años.
Pero “tú haces un juicio abreviado con una persona porque no tienes todos los elementos, ahí hay que valorar hacerlo porque está hablando de 13 años o de 10 años de cárcel contra 35, que no se logrará si el Ministerio Público no presenta elementos suficientes. Porque se reduce desde una tercera parte hasta la mitad de la pena, dependiendo del delito”.
Peor aún, “cómo le dices a una mujer que es violada que su violador no va a pisar la cárcel, porque la pena mínima de un delito de violación son siete años, si le aplicas el juicio abreviado alcanza libertad, entonces estas cuestiones es donde hemos platicado con la procuradora, el Ministerio Público se va a tener que sensibilizar.
“Si le dice ‘Tengo pruebas en contra del violador’, probablemente si vamos a juicio se nos escape, vamos a tener que ofrecerle el abreviado, y sólo estará preso durante el tiempo que dure el proceso -que según los estimados es alrededor de tres meses-, y al salir tendrá antecedentes”, ejemplificó Mendívil.
En 2015, Baja California registró oficialmente 909 asesinatos y 687 denuncias por violaciones. Mientras que del 1 de enero al 30 de abril contabilizaron 355 expedientes por asesinatos violentos y 215 por violación.
Las cifras de Tijuana no son más alentadoras: el año pasado fueron 674 asesinatos dolosos y 344 violaciones, en los primeros cuatro meses de 2016, 265 ejecuciones y 97 violaciones.
LAS FALLAS EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
“Esos procedimientos abreviados es una manera de la PGJE de obtener confesiones cuando no son capaces de hacer bien su trabajo y sustentar los expedientes”, una forma injusta para las víctimas que ya no se pueden defender, y sus familias convertidas en víctimas secundarias, expuso un abogado de Mexicali que participó en un caso similar.
Pero el subprocurador José María González no estuvo de acuerdo: “El juicio abreviado se propone cuando se tiene una perfecta integración de carpeta de investigación y, para no ir más allá en un juicio, lo propones. Por eso son tantos. Allá (Mexicali) se resuelve el 75 por ciento de los homicidios”.
Como tercero en discordia, el licenciado Mendívil García detalló: “¿Cómo podemos los ciudadanos estar tranquilos? Yo creo que si a través de una política criminal adecuada le ofrecemos el juicio abreviado a aquellas personas con las que no se tienen todas las pruebas, todos los elementos, con las personas que la investigación está débil, pero que sabemos que hay responsabilidad y ellas la aceptan, esto es correcto, es adecuado. El problema es negociar sentencias con las personas que tenemos una carpeta totalmente integrada, que si fuéramos a juicio tendríamos 50 años de cárcel, ahí creo que fue uno de los problemas y equivocaciones importantes que hubo al principio de la administración pasada con Guadalupe Osuna (ex gobernador) y Rommel Moreno (ex procurador).
FOTO: Ramon T Blanco V.-Pedro Ariel Mendivil Garcia.- Presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali
“Esta administración al menos en el tema de administración y de justicia, bajo el mandato de gobernador Francisco Vega de Lamadrid y la procuradora Perla Ibarra, y de Armando Vázquez como presidente (del Tribunal Superior de Justicia del Estado) hemos tenido otro enfoque, un diálogo constante con la comunidad jurídica que nos ha permitido llegar a ciertos acuerdos no escritos de no premiar a los delincuentes”, reflexionó el titular de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California.
LA OPOSICIÓN DE LA VÍCTIMA
Para que se autorice este juicio acortado, el Código Nacional de Procedimiento Penales incluye varios requisitos, nos ocuparemos del impuesto en el Artículo 204. Oposición de la víctima u ofendido: “La oposición de la víctima u ofendido sólo será procedente cuando se acredite ante el Juez de Control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño”.
No obstante, “en términos reales no sirve de nada oponerse, porque el Ministerio Público puede decidir que lo aplica, aunque la familia o la víctima se opongan. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada”, dice la Ley, pero no detalla cuáles son los fundamentos válidos.
Cuestionado al respecto, el subprocurador de Zona en Tijuana, Jorge Álvarez, respondió que el Ministerio Público está obligado a preguntar y escuchar.
— ¿Pero no sirve de nada que las víctimas o su familia se opongan, el MP igual puede otorgarlo?
“Eso se podrá responder cuando haya jurisprudencia al respecto”.
Mientras tanto, el abogado Mendívil García confirmó que el Ministerio Público es el que decide en este tema.
CÓMO ENFRENTAR LA INJUSTICIA
El presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California explicó que estos beneficios u opciones estaban en el Código Nacional de Procedimientos Penales y no eran una decisión atribuible a los funcionarios de la Procuradurías, a los jueces o a los abogados, sino al Congreso de la Unión, representado por las fuerzas políticas de todos los partidos y las entidades federativas.
Los legisladores federales acordaron técnicamente que el juicio abreviado no pueda ser desechado por la oposición de la víctima y sea aplicable a todos los delitos.
Así que lo primero a analizar sería la posibilidad de hace reformas.
La opción actualmente factible fue detallada por el subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González, quien aseguró que la fiscalía representa a la víctima y sus familiares, agregó que también puede contratar un abogado que trabaja con la fiscalía y acceso al expediente, y si no tiene recursos, el gobierno le proporciona un asesor jurídico para que revise el caso, y es una figura muy interesante.
Ariel Mendívil habló también del asesor, que puede leer el expediente o decirle al ofendido o su familia si tiene elementos suficientes para condenar, o es más conveniente darle al presunto victimario el juicio abreviado.
“Como defensor que también represento a las víctimas, me parece muy preocupante que los juicios abreviados tengan esa laxitud y esa amplitud, lo entiendo si estamos en presencia de una carpeta donde no tienes pruebas y que lo negocias para efecto que no haya impunidad, pero cuando tienes todos los elementos, ¿por qué negociar?, ¿por qué ceder?
“El fin último del Derecho es el castigo, entiendo que este sistema está basado en la justicia restaurativa, pero no todos los hechos se pueden restaurar, no podemos hablar de violaciones, de secuestros, de homicidios, donde estemos premiando a los delincuentes disminuyéndoles su penalidad por delitos tan graves”, resumió.
SIN PRISIÓN EN LA MAYORÍA DE LOS DELITOS
Otro dato que deben tener claro los tijuanenses y rosaritenses que como víctimas se enfrentarán al NSJP a partir de las cero horas del sábado 18 de junio, es que aunque su victimario sea detenido, incluso en flagrancia, muy probablemente lleve el proceso en libertad, porque los delitos que ahora ameritan “prisión preventiva oficiosa” u obligatoria, son muy pocos.
FOTO: Agustin Reyes.-Jorge Armando Vásquez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Básicamente sólo quienes sean detenidos con elementos suficientes para ser imputados por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y delitos graves que la Ley determine en contra de la seguridad de la nación.
“Creo que todos los operadores, Procuraduría, defensa pública, jueces, policías y los abogados particulares hemos aprendido de la experiencia de lo ocurrido en estos casi seis años en Mexicali, no podemos tener errores, no son justificables, y bueno, el tema de que al infringir la Ley penal, no habrá prisión en la gran mayoría de los delitos es parte del sistema” manifestó el licenciado Ariel Mendívil.
“¿Cómo podemos controlar esto? A través de la política criminal. Si no permitimos que haya un abuso en los acuerdos, un exceso en las formas de terminación de los procesos para aquellas personas que están cometiendo delitos de manera habitual; si controlamos esta parte, bien vamos a evitar el fenómeno de lo que ocurría en Mexicali al principio de la implementación”.
Y adelantó: “Lo que esperamos es que el 90 por ciento de los asuntos se resuelvan a partir de los acuerdos de las salidas alternas, o de los procesos de aceleración, estamos hablando del juicio abreviado que el Código Nacional permite que se celebre en todos los delitos, desde homicidios, violaciones, secuestros, hasta robo domiciliario”.
Aunque precisó: “Si tenemos las pruebas, no podemos hacer este tipo de actos aunque estén permitidos por la Ley”.
Procedimiento abreviado
Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del juez para autorizar el procedimiento abreviado. El Juez de Control verificará en audiencia los siguientes requisitos:
- Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño;
- Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada; y
III. Que el imputado:
- a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado;
- b) Expresamente renuncie al juicio oral;
- c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado;
- d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa;
- e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación.
Tijuana y Rosarito preparados para el 18 de junio
El lunes 13 de junio, el Gobierno del Estado realizó en Tijuana el acto protocolario para “dar inicio” a la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en los municipios de Tijuana y Rosarito, para completar las cinco entidades que integran Baja California; sin embargo, se advirtió que el arranque sería con el resto del país a las cero horas del 18 de junio.
Estuvieron presentes todas las autoridades de seguridad de los poderes Ejecutivo y Judicial de Baja California, encabezadas por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, y apoyadas por la doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, que encabeza la Secretaría Técnica (SETEC), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
Entrevistado respecto al equipamiento y los preparativos para la puesta en marcha del NSJP, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Armando Vázquez, explicó:
“Desde el año pasado presentamos un proyecto para solventar el tema de la infraestructura, ¿qué hicimos? En el edificio que tenemos dos Juzgados tradicionales, los llevamos al segundo piso y abajo pudimos hacer un proyecto con cuatro salas. Dos de ellas ya están listas para recibir y las otras dos salas están al 70 por ciento, yo creo en unas dos semanas más ya vamos a poder tener en operatividad ambas.
“Gracias a la doctora Fromow pudimos concretar un pago de 56 millones de pesos para la habilitación, en equipo tecnológico cerca de 5 millones de pesos y en recursos humanos concretar para operatividad de aquí a diciembre, 15 millones de pesos”, complementó.
“Yo estoy buscando esquemas para consolidar el tema en Baja California, la Ley orgánica indica que los juicios orales se llevarán a cabo con tres jueces, yo quiero evitar eso, que se resuelva con un solo juez si es necesario. Pero si en Mexicali programo cinco juicios orales me tengo que llevar a 15 jueces y son 18, entonces sólo me quedan tres para dar trámite a los preliminares. En Tijuana voy a iniciar con 12, imagina si necesito 15”, planteó Vázquez, para continuar:
“Si cambiamos los jueces a unitarios, entonces podemos llevar diez juicios y sólo ocuparíamos diez jueces, y los otros podrían trabajar en las etapas previas o las preliminares; ese modelo lo queremos implementar en todo el Estado para evitar que las programaciones de audiencias se prolonguen”, y aseguró que en diversas entidades de la República están trabajando con uno solo juez, incluso la Federación, porque en este momento los recursos económicos y humanos “no alcanzan”.
Desde la PGJE, José María González, subprocurador de Investigaciones Especiales, detalló que en el NSJP el área de Homicidios contará con cuatro Ministerio Públicos más y Narcomenudeo tendrá tres más en Tijuana, y dos en Ensenada. Trata y Antisecuestros no aumentará, adicionalmente, éstos tendrán 12 secretarios auxiliares.
Sin embargo, en lo que se refiere a agentes ministeriales investigadores por lo pronto serán los mismos, un ejemplo, 40 en Homicidios y 12 en Narcomenudeo.
“Respecto al tiempo de resolución, debe ser más rápido, dado las nuevas facultades a las Policías Municipales y de los agentes ministeriales. Y con el personal que me asignaron debemos avanzar en las determinaciones del sistema tradicional”, concluyó González.
Jorge Álvarez, subprocurador de la zona Tijuana recordó que lleva las últimas semanas realizando cambios de horarios en la administración y trabajando de manera coordinada con la Policía Municipal, así como en pláticas con los jueces, como si ya el NSJP estuviera implementado para que el inicio de mañana sábado no sea complicado.
Detalló que en su área -que atiende el resto de los delitos- iniciará con 51agentes -al final de 2016 serán 64- del Ministerio Público trabajando en delitos sin orden de aprehensión y 10 -serán 13- en delitos con detenido. Y la decisión de separarlos así “es responsabilidad mía, después de analizar yo consideré que así darán mayores resultados”.
Adelantó que los casos deben avanzar más rápido porque en el sistema viejo tenía sólo once agentes del Ministerio Público trabajando por turno. Y para evitar el rezago, la idea ahora es que no todos los Ministerios Públicos estén trabajando únicamente los asuntos con detenido.
“Uy, será más rápido porque los policías y agentes ministeriales realizarán algunas de las funciones como lo de dar fe ministerial, ni tomar comparecencias, no hacer las consignaciones, y los MP podrán avanzar con los expedientes”, confió Álvarez.
La zona Tijuana recibe un promedio de 3 mil denuncias al mes, 96 al día, de las cuales el 30% son robos, y de esos, más del 60% son de baja cuantía.
Sobre la posibilidad de que suceda como en Mexicali, que el primer imputado no se presentó a su juicio, el subprocurador advirtió: “Que no comparezcan, es parte del proceso”.
La epidemia de la heroína preocupa a las autoridades norteamericanas
“Chasing the Dragon” es un documental con el que las autoridades norteamericanas buscar educar a la población respecto al peligro del consumo de heroína y opioides que, tan sólo en San Diego, cobró la vida de 247 personas el año pasado.
“Hemos estado poniendo atención al problema y tenemos una preocupación creciente de que el problema de la adicción al opio que estamos viendo en otras partes podría pegarnos con todo el impacto que estamos viendo en el Noreste y en el Oeste Medio”, advirtió William R. Sherman, agente especial de la DEA, durante la presentación de este video educativo el lunes 13 de junio.
“El problema realmente comienza con fármacos recetados, éstos son la base de toda esta epidemia que estamos viendo ahora, se recetan demasiado, se usan demasiado”, precisó Sherman, agregando que según las estadísticas, cuatro de cada cinco nuevos consumidores de heroína comienzan con analgésicos recetados legítimamente como parte de un tratamiento médico para aliviar el dolor.
Según las autoridades norteamericanas, el opioide más recetado es la píldora de oxicodona de 30 miligramos, una persona puede consumir de ocho a diez pastillas al día para satisfacer su adicción. En la calle una sola píldora cuesta alrededor de 30 dólares, por lo que un individuo tendría que gastar en promedio 300 dólares al día en adquirir este medicamento. En comparación, un gramo de heroína se vende en las calles de San Diego en 40 o 50 dólares, un adicto puede obtener entre 11 y 13 dosis con ese gramo de heroína.
“La heroína se ha convertido a nivel nacional en una de las drogas más ampliamente consumidas en las calles ahora. La muerte por sobredosis de heroína ha aumentado 244 por ciento entre 2007 y 2013, y ha crecido más al doble desde 2010 a la fecha”, anotó el agente.
“Junto con el uso de la heroína estamos viendo una nueva tendencia de organizaciones de narcotraficantes que están mezclando fentanilo con la heroína, o simplemente están mezclando ingredientes para cortar la droga con puro fentanilo y haciéndolo pasar como heroína”, aseguró William R. Sherman
El fentanilo es un opioide para uso médico que se utiliza como analgésico y anestésico. Es 50 veces más potente que la morfina y 30 veces más fuerte que la heroína, por lo que la mezcla es altamente mortífera. Incluso una dosis de 0.5 miligramos puede ocasionar un deceso por sobredosis.
“En 2014, el 61% de las más de 40 mil muertes relacionadas con el consumo de drogas fue causado por heroína o medicamentos recetados”, reiteró el miembro de la DEA. “La epidemia de las drogas es algo que las autoridades de procuración de justicia nunca antes habíamos visto”.
El objetivo del documental “Chasing the Dragon” es crear conciencia entre la población sobre este fenómeno que no distingue zona geográfica, edad ni género.
Asimismo, el doctor Jonathan Lucas, subjefe de Servicios Forenses para el Condado de San Diego, explicó que en la ciudad vecina, en 2015 el número de decesos por esta adicción fue de “casi cinco por semana”, mientras que en los últimos 15 años ha aumentado un 70% el número de fallecimientos por uso de opioides.
Por último, la procuradora del Distrito Sur de California, Laura Duffy, enfatizó que “las personas que abusan de los opioides tienen 40 veces más riesgo de abusar de la heroína”, de ahí que se hayan redoblado esfuerzos para dar con médicos que se extralimitan en sus facultades al recetar estas sustancias, al igual que reforzar la aplicación de la Ley para frenar la comercialización de los fármacos a través de la frontera y en las calles de San Diego.
