Oaxaca, Oax.- El gobierno de Oaxaca hizo un llamado a la sociedad para aportar pruebas contra los 23 manifestantes que ayer fueron puestos en libertad, pero continúan sujetos a un proceso legal.
“La Fiscalía General insiste en el llamado a la población, para contribuir con el Estado de Derecho, aportando cualquier tipo de prueba que pueda robustecer los procesos jurídicos iniciados; al tiempo de asegurar que las agencias del Ministerio Publico de la entidad oaxaqueña se mantienen atentas para recibir nuevos elementos de prueba que permitan fortalecer la investigación de éste u otros hechos delictivos”, informó la dependencia estatal a través de un comunicado.
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Los legajos de investigación 21/DF/ZC/2016, 22/DF/ZC/2016 y 30/DF/ZC/2016 seguirán abiertos para la aportación de pruebas sobre los hechos ocurridos el 19 de junio en Asunción Nochixtlán, durante el desalojo a los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y pobladores, lo cual derivó en un enfrentamiento con la Policía Federal que dejó a ocho civiles muertos.
A los 23 manifestantes se les acusa de agravio a elementos de la Policía y a la sociedad, lesiones, ataques a las vías de comunicación, resistencia de particulares y los que resulten, sin embargo, el Ministerio Público consideró que gozarán de su libertad hasta que concluya la investigación.
“Es importante destacar que la presente investigación queda abierta para su continuidad, así como el desahogo de pruebas necesarias que permitan profundizar las indagatorias, y en su momento procesal, determinar la situación jurídica definitiva de los imputados en las citadas carpetas de investigación”, informó la Fiscalía.
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El Ministerio Público consideró que los delitos por los cuales se encontraban a su disposición procesal, podrán ser enfrentados en libertad, de conformidad a los términos del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
“En el contexto de la Reforma Penal, la Fiscalía General está obligada a regirse bajo los principios de un sistema garantista, respetuoso de los derechos humanos de las o los detenidos y del debido proceso, sin que ésto represente menoscabos en la acción de la justicia, sino con estricto apego a lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
