Primero que nada quiero hacer algunas declaraciones de fe. Soy una persona tolerante, puedo sentarme y dialogar con quien más mal me caiga y llegar a acuerdos. No soy homofóbico, acepto a cualquier persona con gustos o preferencias sexuales distintas a las mías. Estoy a favor de que se regulen las relaciones de parejas del mismo sexo y el derecho de adopción de ellos.
Creo que la comunidad homosexual merece respeto y reconocimiento jurídico. Aclarado estos puntos, quiero decirles que estoy totalmente en contra de la iniciativa presidencial para elevar a rango constitucional estos principios.
¿Qué le pasa al Presidente? ¿Por qué a toda costa busca popularidad superficial a cambio de propuestas tan insólitas, como la que comento? ¿Cuál es la presión social para este cambio constitucional?
La reforma de la Constitución, lo he afirmado muchas veces, debe hacerse siempre con cuidado de no transgredir los principios de nuestro orden constitucional. De no deformar la arquitectura constitucional que también ha funcionado hasta ahora. Porque esta iniciativa que divide al país, enfrenta a las religiones con el Presidente, genera polémica y desunión. Lo que el país reclama es orden, paz, tranquilidad y unidad. La Suprema Corte de la Nación ya había resuelto que es anticonstitucional prohibir el matrimonio llamados “gay”, o entre personas del mismo sexo. También varios estados de la Republica habían incorporado estos principios a sus legislaciones.
En otras palabras, no existen realmente problemas para casarse entre parejas del mismo sexo, ni tampoco para la adopción. Así que la pregunta sigue siendo válida, si el máximo intérprete de la Constitución que es la Corte ya había resuelto este tema y la legislación de varios estados ya lo contienen, ¿por qué esta iniciativa, que se antoja a destiempo?
La iniciativa es muy torpe, centralista, populista y polémica. Es torpe, porque la presentó poco antes de las 14 elecciones locales que tendrían verificativo el 5 de junio, en las cuales su partido y aliados parece perdieron 8 de ellas. ¿Qué no hubiera sido en todo caso más inteligente haber hecho una consulta previa, como se hizo en el caso de la marihuana, pasando las elecciones?
Hoy el Presidente tiene a todas las iglesias mexicanas, católicas y evangélicas en contra y pidiendo la rechacen. Ya hay un bloque de senadores panistas que se han propuesto rechazarla y los legisladores del Partido Encuentro Social se han manifestado en contra. ¿Para qué abrir más flancos que los que ya tiene? Pues solo creo que es por torpeza. Es centralista y atenta contra los principios del estado federal, porque inhibe, en lugar de estimular, la toma de las decisiones locales.
Si de un plumazo y con la aplanadora de sus votos en las cámaras del congreso, el Presidente intenta unificar las voluntades regionales, nulificando las potencialidades de cada estado. Es también populista, porque quiere al aplauso fácil y tal vez buscó el voto de la comunidad “gay”, que yo me atrevo a suponer que no lo tuvo, porque nadie lo pedía, porque el problema no existía y porque quien si lo quisiera se podía casar en algún estado del país.
Por último es polémica, porque al margen de los prejuicios sociales, divide al país, enfrenta a mexicanos en un tema que no era problema, pero que la iniciativa abre la posibilidad que sí se convierta en uno. Es realmente una iniciativa para que se apruebe, o es otra caja china, que busca que se distraiga la atención y se olvide el principal tema que hay en la agenda nacional: la enorme corrupción que hay en el país y la falta de una política y un compromiso reales para combatirla.
Las últimas dos legislaturas han aprobado casi todo lo que el Presidente ha enviado, con pacto o sin pacto, legislaciones polémicas muchas de ellas, que sin lugar a dudas serán revisadas y cambiadas por otras legislaturas, han sido aprobadas casi sin conocerse. Yo convoco a todos los legisladores locales y federales a rechazar esta iniciativa.
Este debe ser un voto de conciencia y no un voto corporativo o de partido, porque ninguna plataforma programática de ningún partido la contiene, no es tampoco promesa de campaña. Rechacen esta iniciativa que en nada ayuda a la sana convivencia nacional.
Hoy, después del descalabro electoral empiezan a surgir en el congreso federal voces de disidencia, no creo que tengan eco. Si la voluntad presidencial de sacar esta iniciativa persiste, serán acalladas, con dinero, con viajes, con amenazas o con promesas de ascenso, pero como están las cosas, aun después de la derrota, el Presidente sigues siendo muy poderoso y la principal figura del sistema político mexicano y su voluntad difícilmente puede ser ignorada.
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana.
