Por supuestamente computar votos en un punto ciego, a espaldas de los contendientes, consejeros del Distrito 13 fueron reprendidos por parte de los partidos políticos la tarde del viernes 10 de junio. Las enérgicas protestas que denunciaban la “mala fe” del Instituto Estatal Electoral (IEE) provocaron que la sesión de cómputo tuviera que ser interrumpida; incluso se llamó a Policía Municipal con la intención de que detuvieran al entonces consejero presidente Antonio Pérez García, afirmando que había pruebas suficientes de la flagrancia de un delito electoral.
Los partidos políticos –a excepción del blanquiazul– aseguraron que dichos errores –y los que se reportarían más adelante– eran completamente intencionales, y estaban orientados a favorecer fraudulentamente al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Para atender los airados reclamos, Rodrigo Martínez Sandoval, miembro del Consejo General del IEE, se dio cita a las instalaciones e intentó mediar con quienes exigían al coro de “fraude”, que se nulificara la elección de Presidente Municipal de Tijuana en esa demarcación. Pérez se retiró del “careo”, por no haber sabido explicar la situación ni a Martínez ni a los contendientes; el hallazgo del material electoral, y el sistema de captura abierto en una computadora oculta fue validado, incluso, por el consejero fedatario del Distrito.
El Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron los principales denunciantes de las anomalías. En el lugar, el pesista Felipe Enrique Muñoz, relató a ZOOM POLÍTICO, que fueron 68 las actas que estaban siendo capturadas en el sistema, sin que se permitiera que los partidos verificaran que no se estaban manipulando los datos.
Abogados del mismo partido, reportaron que en varias ocasiones, las sesiones se realizaron en un espacio no videograbado, lo que va contra la Ley, que dispone que éstas tienen que ser siempre filmadas en tiempo real.
El dirigente municipal del PRI, Jorge Tsutsumi Valenzuela, anotó que frecuentemente, la captura de los datos no correspondía con las actas que estaban en poder de los partidos, aumentando la cuenta de Gastélum.
La situación provocó que el Consejo General del IEE suspendiera temporalmente a Antonio Pérez y a otros consejeros, por su incapacidad de dar certeza al proceso electoral; su lugar fue ocupado por Karla Valenzuela Ortega. Pese a dicha medida, el cómputo no se reinició, sino que fue retomado con un 77 por ciento de avance, como los acusados de fraude lo dejaron.
