Sólo cinco centavos asigna el Gobierno de la República por cada 10 mil pesos al tema de corrupción. Senadores dan la espalda a la sociedad mexicana al no aprobar la publicación de la declaración patrimonial de funcionarios. En corrupción, México ocupa el último lugar entre los 34 miembros de la OCDE
Los partidos políticos le dieron la espalda a una iniciativa ciudadana que buscaba erradicar la corrupción en el país, al aprobar una Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, también conocida como “3 de 3”, la cual no permitirá dar conocer la declaración de los bienes e intereses, situación que no le abona al combate de la corrupción.
Durante el periodo extraordinario de sesiones del 13 al 17 de junio, la Cámara de Senadores hizo cambios a la legislación que en un principio solicitaba que los montos, valores, especificaciones y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, fueran dados a conocer en su totalidad, pero al final, hubo un cambio y sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del funcionario en turno.
Ante tal escenario, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther, externó que en la Cámara de Diputados habrán de dar la batalla, ya que hace falta que los legisladores hagan la revisión y sus precisiones correspondientes, sobre todo, buscarán que los legisladores den a conocer la totalidad de la información.
Y es que en el tema del combate a la corrupción en México, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI, van en sentidos opuestos; mientras que en su discurso y frente al Consejo Mexicano de Negocios el primer mandatario afirma no ser omiso ni insensible a las demandas de seguridad y corrupción, los senadores correligionarios de Peña, envalentonados con el mayoriteo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aprobaron una Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a ventaja de funcionarios públicos, ignorando los más de 634 mil 143 mexicanos que firmaron dicha iniciativa ciudadana entregada en abril pasado en el Senado de la República.
“Los empresarios exigimos un al ALTO a la corrupción #SNA ¡Ya!”
De acuerdo con el investigador del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Pablo Montes, en México la corrupción representa entre el 2 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En tanto que por cada 10 mil pesos ejercidos por el gobierno mexicano, sólo cinco centavos son destinados al combate a la corrupción. En esta materia, la nación ocupa el último lugar entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
SIGUEN EN LA BATALLA
En periodo extraordinario de sesiones, los senadores deben aprobar siete leyes, de las cuales la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Ley de Responsabilidades Administrativas, ya obtuvieron el visto bueno.
En torno al tema, el titular de COPARMEX nacional, Gustavo de Hoyos Walther, expresó:
“No podemos decir que ninguna de las cosas aprobadas es letra definitiva. Falta cuando menos la mitad del proceso legislativo y lo que sabemos en este país es que lo que aprueba una Cámara la revisa otra, por lo que habrá que esperar”.
La segunda legislación admitida tuvo cambios en la redacción del Artículo 29, protege a los funcionarios públicos, ya que podrán o no dar a conocer su patrimonio total si así lo deciden.
“Preocupa que se flexibilizó lo que tiene que ver con las tres declaraciones, no podrán declarar si afecta su vida privada. Éstos son candados que pusieron para protegerse a sí mismos, sin embargo, en Ley no quedó definido qué se entiende por no afectar su intimidad”, agregó.
Si bien está aprobado que se puedan presentar las declaraciones en cuestión, desde un principio se buscaba que el formato quedara definido en la Ley que ellos proponían para que el tema no se fuera diluyendo en las leyes secundarias.
“Se encomendó a un comité, que aprobadas las leyes se definan los formatos y el nivel de publicidad que haremos. Aunque no es una batalla perdida, no nos parece que sea la mejor solución. Vamos por el máximo de la publicidad, que es el que ha aspirado la propuesta de la sociedad”, afirmó De Hoyos Walther.
En tanto, el director general de IMCO, Juan Pardinas, expresó públicamente que hay avances importantes en lo que se refiere al SNA, pero el referente que tienen los ciudadanos sobre dicho proceso “es la transparencia en la declaración patrimonial, la transparencia de la declaración de intereses, y en esto no se avanzó”.
En la opinión del directivo, los partidos PVEM y PRI patearon el bote, delegando la responsabilidad al Consejo Ciudadano que formalmente es un órgano que todavía no existe porque falta que se apruebe por los diputados la Ley que le da existencia.
“La expectativa de la enorme mayoría de las 630 mil personas que firmamos la Ley ‘3 de 3’ se quedó trunca, frustrada, porque no va a suceder en el mediano plazo”, remachó.
EL MANOSEO POLÍTICO
El senador panista Ernesto Ruffo Appel se dijo desilusionado del actuar de la Cámara alta en torno a la aprobación de las leyes que dan a luz al Sistema Nacional Anticorrupción.
“Estoy un tanto decepcionado de estos comportamientos de individuos en una de las instituciones más importantes de la República, que es el Senado. Ahora que me toca el honor de estar aquí, me toca presenciar cómo no se respetan los procesos legislativos, cómo muchos documentos son cambiados, cómo los procedimientos o deliberaciones son de manera oculta dentro de subgrupos en el mismo Senado. En fin, ha sido toda una experiencia en la que uno no puede creer qué tantas mañas pueden existir”.
El ex gobernador de Baja California añadió que a pesar de que se adelgazó el alcance, con el tema de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses (Ley “3 de 3”) se tiene un avance del 70 por ciento del SNA.
“Lo digo con cierta tristeza. Si bien es un avance, ah, cómo costó trabajo y ha revelado maneras y cosas desde el poder; porque el manoseo venía desde Los Pinos, a través de la unión del PRI-Verde Ecologista”, condenó.
Afirmó que el crédito del avance fue de las organizaciones ciudadanas y las redes sociales porque la opinión pública se vio embarnecida, participativa, y eso “le dio preocupación y temor a esa razón política del PRI-Verde-Los Pinos, y por eso permitieron que llegara a donde estamos”.
LO PALOMEADO
El dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su Artículo 29, establece que todos los servidores públicos están obligados a presentar, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes; además de su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
El texto menciona:
“Los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”.
Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre que cuenten con la autorización expresa del titular de la información.
Por otro lado, también se dio luz verde a la presentación obligatoria de declaración patrimonial por parte empresarios que hagan negocios con el gobierno.
En tanto que será el Comité de Coordinación del SNA el que emita los formatos de dichas declaraciones.
FALTAN ASPECTOS POR DEFINIR
Lo que queda claro es que 14 legisladores del PAN, PT y PRD no votaron y pudieron hacer la diferencia para que la Ley “3 de 3” termine sin obligar a los funcionarios a presentar públicamente sus declaraciones fiscales, conflicto de interés y patrimonial.
Uno de los que no emitieron voto fue el legislador Marco Antonio Blásquez, cabe recordar que lo mismo sucedió en su momento, cuando se trató de votar el tema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera, para lo cual se abstuvo.
En esta ocasión justificó su actuar con el argumento de que “había una reserva en el Artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Civiles, los panistas querían a fuerzas que votáramos a favor para que se llenara un formulario de 17 espacios que tenían, pero los alcances no los define el legislador, sino el Conejo Ciudadano que se habrá de crear”.
Más adelante agregó: “No había necesidad de votar favor una reserva que servía para lucimiento político del PAN y nadie más”.
Por su parte, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks expuso que hacen falta cosas por definir en torno a la Ley “3 de 3”.
“El cómo se propondrá, cuál información, cuáles formatos públicos, eso quedó pendiente. No significa que no se hará, falta sistema y echar a andar la plataforma, no se determina a detalle. La que no se aprobó fue la que pedía que se clarificaran campos de información públicos desde un principio. Se logra el propósito, pero no tenemos elementos a detalle de lo que se hará público”, acotó.
INFORMACIÓN A MEDIAS
El que la Ley deje a criterio de un funcionario qué información sí se puede declarar abre un espacio generoso para la opacidad, expuso un analista consultado por ZETA.
Asimismo, el economista Roberto Valero Berrospe aseguró que la iniciativa está tocando fibras muy sensibles que alcanzan a todos los partidos políticos.
“Al darle un palomazo se estarían haciendo el harakiri, como dicen vulgarmente, porque la gran mayoría está en conflicto de intereses, tienen problemas con sus declaraciones patrimoniales, realmente son muy pocos los legisladores que están libres de pecado. Al darle marcha adelante a esto se exponen, a que los exhiban”, advirtió el académico.
“Lo que están haciendo ellos es cuidarse, es una reacción que habría que esperar en ellos, no quieren transparentarse, que avance, pero definitivamente es necesaria para el país porque estamos pagando costos muy altos”.
Abundó que México llegó a un momento en que no se puede seguir solapando tanta corrupción, es un tema que los ciudadanos piden que sea atendido y de no hacerlo, el futuro del país está en un gran riesgo porque no habrá confianza para que las empresas lleguen a invertir; igual le pasará a los empresarios nacionales al saber que desde el gobierno les van a pedir dinero para realizar todos los trámites
Sin embargo, a pesar de la lluvia de cuestionamientos en contra, la senadora priista Anabel Acosta procuró minimizar el tema al señalar que la declaración de un funcionario en sí no va a combatir la corrupción: “Son lo que va a demostrar cómo llega un servidor público y cómo sale. Por ejemplo, cuando quede manifiesta una adquisición de un bien mueble que no concuerde con sus ingresos, que no sea coherente con su remuneración, se le va llamar a que rinda cuentas sobre cómo le hizo y, si no puede demostrarla, entonces empieza cualquier trámite en la fiscalía de los Estados. O en la Función Pública”.
— ¿Usted presentó su “3 de 3”?, se le preguntó.
“Los formatos que están publicando, no. Sin embargo, estoy al día con mis declaraciones fiscales y la patrimonial este año, que en un apartado hice mi declaración de conflictos de interés”, finalizó Acosta, reflejando el distanciamiento abismal entre lo que la ciudadanía exige y lo que el gobierno insiste en negar y ocultar.
“La corrupción es responsabilidad directa de quienes rigen este país”: Lorenzo Meyer
En torno a la aprobación de la Ley de Responsabilidades Civiles (también conocida como Ley “3 de 3”), aprobada por mayoría priista en el Senado, el analista Lorenzo Meyer Cossío dijo a ZETA que puede decirse que el Presidente Enrique Peña Nieto queda al margen, pues los actores relevantes son la sociedad organizada, que logró las más de 600 mil firmas y luego el Congreso.
“Aquí es una situación en que hay dos fuerzas y ninguna de ellas es el Presidente, al menos no formalmente. Que si fue él quien dio la orden para que la bancada priista hiciera estos cambios que le quitan mucho del poder a la iniciativa, pudiera ser, pero no tenemos los elementos para decir que de la oficina del Presidente salió esta orden”.
Más adelante agregó: “El Presidente seguramente tuvo mucho que ver, pero se quedó atrás, pero nos imaginamos que está atrás en el juego. Queda un tanto atrás, es una buena jugada porque así no se le puede achacar directamente a Peña Nieto esta transformación negativa de la iniciativa de Ley”.
Meyer Cossío señaló que la corrupción es un acompañante de la vida pública del país desde tiempos de la colonia, que el sistema político mexicano no ha podido sacudirse, sino que cada vez se ha hecho más evidente, pues un día sí y otro también, la prensa publica ejemplos del delito.
“La corrupción es un agravio muy fuerte, porque se puede decir que la economía está mal porque la economía mundial está mal. No es nuestra culpa, y lo han dicho varias veces. En el caso de la corrupción no se le puede echar la culpa al mundo externo, a fuerzas impersonales.
“La corrupción es responsabilidad directa de quienes rigen este país y son los principales corruptos que toleran la corrupción en los escalones más abajo hasta llegar al piso de la administración. En toda esa escalera administrativa y ahí, hay una responsabilidad que se le puede poner el nombre y apellido, rostro, por lo tanto es un agravio”.
A decir por el consultado, los mexicanos saben que la corrupción es responsabilidad de los funcionarios y de ahí la irritación y enojo del ciudadano común y corriente.
Desde su punto vista, no ver un esfuerzo para abatir dicho mal, es uno de los irritantes más obvios: “Se habla que va a haber lucha contra la corrupción, que si se tiene alguna sospecha sobre el Presidente y su ‘Casa Blanca’, sobre Videgaray y su casa en Malinalco y sobre Osorio Chong y sus casas en las Lomas, para eso está una secretaría que hizo su trabajo, dijo que no hay conflicto de intereses y formalmente se le da una pintadita en la que nadie cree. Y no hay la voluntad de responder a algo que si están conscientes de las causas del mal humor social, que sí saben cuáles son, pero más o menos les da lo mismo”.
El analista consideró que a la autoridad le importa muy poco el tema mientras no se presente un estallido social. Les vale muy poco, agregó, el que Carmen Aristegui denuncie por ejemplo que la casa del Presidente con un valor de 7 millones de dólares es producto de conflicto de intereses, lo que se hizo fue silenciar el noticiero de la periodista y las cosas siguen como están.
“Hay una desfachatez, un descaro, han de estar pensado que quedan tres años, ya el que venga a ver cómo le hace”, finalizó Meyer.
