Nueve muertos en Nochixtlán y más de
100 heridos incluidos uniformados es el
saldo del brutal desalojo realizado por el
gobierno de Oaxaca en coordinación con
la autoridad federal el domingo 19 de
junio, hecho que terminó por confrontar
a la sociedad local. “Oaxaca ya no está
para movilizaciones”, dicen unos, “apenas
salimos de una y entramos a otra”,
expresan otros. Mientras, la CIDH
lamenta los hechos de violencia y hace un
llamado al Estado a promover el diálogo
ESPECIAL PARA ZETA.- Oaxaca vive nuevamente un panorama de violencia desmedida. Sesenta vehículos incendiados en las carreteras, oficinas de la Policía Federal quemadas, barricadas en las calles de la ciudad y más de 50 negocios saqueados es, al momento, el saldo de los graves hechos de violencia registrados el domingo 19 de junio, cuando autoridades estatales y federales trataron de liberar una carretera en Nochixtlán que había sido tomada por miembros y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Así, un problema que estalló con la aplicación de la Reforma Educativa de la administración de Enrique Peña Nieto se agudizó con el uso de la fuerza de la Policía Federal, ante lo cual, el jueves 23 de junio, la Comisión Internacional de Derechos Humanos expresó a través de un comunicado:
“La CIDH lamenta profundamente estos hechos de violencia y hace un llamado al Estado a promover un proceso de diálogo en el marco de la reforma educativa que permita la búsqueda de una solución en el contexto de una sociedad democrática y con pleno respeto a los derechos humanos. En este sentido, la CIDH saluda el anuncio del establecimiento de una mesa de diálogo entre la CNTE y el Gobierno.
“La Comisión insta al Estado mexicano a cumplir con su obligación de impulsar una investigación diligente sobre los hechos y a sancionar, de acuerdo a la ley, a las personas que puedan resultar responsables de estas muertes y otros hechos de violencia. Asimismo, la CIDH urge al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción, a través de mecanismos eficaces y razonables de prevención”, señaló el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Aunque al principio el Gobierno de la República negó el uso de armas de fuego en el fallido operativo de desalojo, por medio de un comunicado conjunto con el Estado de Oaxaca, las autoridades confirmaron que producto de los enfrentamientos resultaron muertas ocho personas, siete de ellas con disparos de armas de fuego y una persona víctima de la manipulación de un artefacto de fuego.
Por su parte, versiones periodísticas exponen que el número de fallecidos ascendió a nueve. Las autoridades informaron que hay 41 policías federales heridos, 14 agentes estatales heridos, 53 personas civiles lesionadas y 23 personas detenidas durante los disturbios para a posteriori ser liberadas. Asimismo, se reportaron actos de vandalismo y saqueos en la convulsionada entidad por personas aún no identificadas.
A la par, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca solicitó medidas cautelares para proteger la integridad de siete personas desaparecidas a partir del desalojo ocurrido el domingo: Ángel Santiago Hernández, Juan Velasco Méndez, Daniel Medina, María Carrillo, Gustavo Moreno Bravo, Inocente Pinacho y Alejandro NN.
La Defensoría presume que estas personas habrían sido privadas de su libertad durante la el enfrentamiento con la Policía Federal.
Por otro lado, Elidio Ramos Zárate, reportero del diario regional El Sur, fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras cubría los acontecimientos en Juchitán. El periodista habría sido amenazado previamente para no cubrir los hechos de violencia. Por ello, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión emitió un comunicado de prensa sobre este asesinato.
Lo que queda claro es que los enfrentamientos que se registraron entre las policías Estatal y Federal en las regiones del Istmo y Mixteca se prolongaron por varias horas. Los manifestantes utilizaron bombas molotov, palos, piedras, quemaron llantas y atravesaron vehículos particulares y de la Policía para atravesarlos en las carreteras.
El número de bloqueos cambia a diario, a veces siete, otros días 22, pero la afectación es grave, nadie puede salir o entrar a la entidad de forma gratuita, ya que en algunos casos los manifestantes cobran 200 pesos por atravesar la barricada.
En las regiones del Istmo y la Costa se registró el desabasto de gasolina en las estaciones, sin embargo, en casas particulares fue fácil encontrar el combustible, el litro lo vendían hasta en 100 pesos.
El miércoles 22, representantes de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) levantaron testimonios en Nochixtlán para conocer la versión de las víctimas a raíz de los sangrientos disturbios suscitados en la carretera, a la altura de Asunción Nochixtlán.
En el plantón del Centro Histórico se observaron pocos profesores, ya que se trasladan a las barricadas, pues los bloqueos a las vías de comunicación los mantendrán hasta llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) reportó que el lunes 20, día del enfrentamiento, abrió el 70 por ciento de las 13 mil escuelas públicas de la entidad, pero con un gran número de maestros ausentes.
También a partir del miércoles se regularizó la presencia de estudiantes y maestros que acuden a las aulas para evitar acumular tres faltas.
UNA SOCIEDAD CONFRONTADA
El conflicto magisterial ha generado una confrontación más entre las opiniones de los oaxaqueños que viven el resultado de las negociaciones entre los profesores de la Sección 22, de la CNTE y el gobierno en turno, en este caso el que encabeza Gabino Cué. Familias, vecinos, amigos, buscan argumentos para defender o acusar a los protagonistas.
“Apenas salimos de una y entramos a otra”, dice Adriana Limón, empleada de una dependencia de gobierno. Los sentimientos siguen agitados, pues a sólo cinco días de que había concluido el proceso electoral, el conflicto magisterial se agrava, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo el 11 y 12 de junio, a los líderes Rubén Núñez Ginés, secretario general y Francisco Villalobos, secretario de Organización de ese gremio. Así comenzó el cierre de carreteras que incomunica a Oaxaca con Veracruz, Chiapas y Ciudad de México.
Un padre de dos hijos que acuden a una escuela particular está molesto porque no sabe si completará el dinero para el pago de la colegiatura, “Ahora (los maestros) quieren diálogo, ellos cuando bloquean y se movilizan no se acuerdan del diálogo, lo único que hacen es violentar, ya le dije que sobrepasaron los límites de tolerancia”, cuenta el señor que está molesto con su esposa, pues ella integra la lista de los mil 679 maestros que fueron cesados porque faltaron tres días a su centro de trabajo.
Los enfrentamientos del 19 de junio que arrojaron un saldo de nueve muertos -entre ellos siete por arma de fuego y dos por cohetones-, 23 manifestantes libres pero sujetos a proceso legal, así como policías brutalmente golpeados, originó más encono entre la sociedad. Las amistades en común hablaron de la atrocidad por parte del Presidente Enrique Peña Nieto y la complicidad del gobernador Gabino Cué. “’Ora sí se puso feo, pero también se pasan, Oaxaca ya no está para movilizaciones”, expresó un joven que veía las imágenes en su cuenta de una red social.
José Hernández, empleado sindicalizado en una empresa de telefonía, acudió con su familia al plantón, aun cuando existía la amenaza de desalojo en ese lugar, “pinche impotencia de ver cómo se los agarraron, las botellas de refresco que iba a vender las agarré y compramos gasolina, pero cuando llegamos al zócalo no estaban los maestros, dejamos las cosas en el kiosco, hasta me peleé con mi sobrina, que me dice que por qué apoyo a esos zánganos”, narró con voz entrecortada.
En los chats y Facebook hubo quienes se salieron de sus grupos de amigos o eliminaron sus cuentas; oaxaqueños que manifestaron su hartazgo por el sinnúmero de marchas, toma de oficinas, bloqueos de calles y carreteras, protestas que durante este sexenio incrementaron -hasta seis movilizaciones al día en la capital y en las regiones, según datos de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (SEGEGO)-, principalmente por parte de los maestros.
“Por salud mental y psicológica me olvidaré un tiempo del Face, no es posible que gente que no vive en Oaxaca y desconoce la verdad de la situación se la pase hablando de masacre y de los derechos humanos de los pseudo maestros y les es fácil condenar a los policías, hay que rezar por tanta gente desempleada, enfermos que no pueden regresar a sus casa, en Oaxaca no vivimos en paz por tantos bloqueos”, manifestó Beatriz Martínez.
El conflicto magisterial permeó en pueblos de la entidad, donde hace años la figura del profesor era considerada como una autoridad más, respetada por la noble labor de enseñanza para formar mujeres y hombres de bien. En los municipios las autoridades se organizaron con los padres de familia para cuestionar a los maestros por las repetidas ausencias en las aulas, a partir del plantón que instalaron el 15 de mayo.
Las asambleas informativas que los mentores realizaron en las escuelas fueron el momento para la confrontación. Esto ocurrió en una escuela ubicada en el Distrito de Tlacolula; escucharon la explicación de la maestra Ofelia, ella les dijo que la Reforma Educativa “violenta sus derechos como trabajadores porque los evalúa y privatiza”, en consecuencia, tendrían que pagar servicios básicos como agua y luz de los planteles educativos.
“Con todo respeto, maestra, yo trabajo hasta los domingos y tengo que pedir permiso para faltar porque si no vengo, el comité (de padres de familia) me multa, para mí ya no es justo que siempre nos dicen que van a faltar, ‘ora mi hija dice que ni siquiera han usado el cuaderno que les pidieron, con sinceridad yo le digo que ya no voy a venir a estas reuniones”, reclamó desde el micrófono una madre de familia, empleada de una boutique en la ciudad.
En Teotitlán del Valle, un pueblo que vive del turismo a través de la venta de tapetes de lana pintada con grana cochinilla, comprometieron a los maestros a respetar el calendario escolar, de lo contrario pagarían una multa o las autoridades solicitarían el cambio de maestros.
El gremio magisterial ha recibido muestras de apoyo y solidaridad, pero la convocatoria no es la misma, la corrupción sobre el manejo de los recursos por parte de su dirigencia impactó sobre la credibilidad en las causas de su movimiento.
EN 2006, APOYO TOTAL A LOS MAESTROS
El movimiento de 2006 cumplió con un objetivo político: desprestigiar al PRI y apoyar a Gabino Cué para que ganara la gubernatura a través de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso“, conformada por PAN-PRD-Convergencia-PT.
Ulises Ruiz no fue destituido, terminó su administración señalado como “represor y asesino”, luego de haber ordenado el desalojo del plantón de la Sección 22, el 14 de junio de 2006. El apoyo a los profesores fue descomunal, en la ciudad y en los municipios la gente estaba organizada para sacar al mandatario priista si era visto en sus pueblos.
El llamado pueblo de Oaxaca manifestó su apoyo total a los maestros de la coordinadora, las megamarchas conmovían porque había un sentimiento en común, la destitución del ex mandatario emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Se decía entonces que el ex gobernador José Murat y Gabino Cué estaban detrás de ese movimiento; el planteamiento era la destitución de Ruiz y poner a un gobernador interino, hasta llegar al día de las elecciones. Murat y Ulises no son del mismo equipo, se conocía por propios militantes de su partido.
Organizaciones de izquierda que ayudaron a los maestros a enfrentarse con la Policía, conformaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), sus demandas formaron parte del pliego petitorio de los maestros.
El saldo fue de 26 muertos, la desaparición de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), enfrentamientos armados, tomas de radiodifusoras, televisoras, calles y carreteras, un activista de un medio de comunicación alternativo muerto, víctimas con secuelas físicas por la tortura a la que fueron sometidos por la Policía Federal y el Ejército, mujeres y hombres violados sexualmente; además de pérdidas millonarias por parte de las empresas, la Guelaguetza cancelada y una ciudad en llamas.
Un grupo de personas identificadas con el PRI encabezaron marchas a favor de la paz y contra los manifestantes.
EL PACTO ENTRE CUÉ Y LA SECCIÓN 22 DE LA CNTE
Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, rompió un pacto con los maestros en julio de 2015, cuando anunció la aplicación de la Reforma Educativa y la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). De esa forma el mandatario les arrebató el poder a los maestros que eran jefes y empleados de ese Instituto, que manejaban y auditaban a sí mismos, los recursos destinados para el sistema educativo.
Moisés Robles Cruz, director del IEEPO, expuso que “una de las medidas que se tomó el pasado 20 de julio por parte de la unidad de investigación financiera de la Secretaria de Hacienda fue congelar estas cuentas del sindicato, en estos momentos el sindicato no tiene dinero, esta medida fue fundamental porque ante una opacidad en el manejo de sus finanzas y ante la coacción que ejercía el sindicato, no había transparencia”.
Antes de la Reforma Educativa, el gobernador Gabino Cué fue complaciente con los agremiados, la respuesta era inmediata: incrementos en fondos de préstamos, apoyo para viviendas, bonos, ambulancias, vehículos para uso personal de los dirigentes y otros incentivos. Eso desencadenó que las peticiones económicas incrementaran, situación que generó crisis en las finanzas estatales.
El titular de Finanzas, Enrique Arnaud, informó que para poder cumplir con esos pagos, el gobierno tuvo que retirar recursos de otras partidas y el déficit generado por gastos extraordinarios a los maestros fue de 3 mil millones de pesos anuales.
PIDEN MAESTROS A SEGOB LES DEVUELVA CONTROL EDUCATIVO
Bernardo Vásquez Colmenares, ex director del IEEPO, inició la administración al lado de Gabino Cué, pero renunció al cargo luego que la dirigencia rechazara dialogar con él, por mantener una postura crítica ante sus peticiones.
La gestión frente al Instituto le permitió conocer el modus operandi de la dirigencia, que ahora reclaman al Gobierno de la República la abrogación de la Reforma Educativa, para recuperar privilegios.
“La reversión en el control de IEEPO implicaría también que los dirigentes de la CNTE en Oaxaca volvieran a negociar los convenios con 16 empresas que venden bienes y servicios a los trabajadores en la nómina del IEEPO, mediante descuentos quincenales. El importe de los descuentos por nómina asciende aproximadamente a un monto mensual de 40 millones, lo que habría sido objeto de negociación para el pago de comisiones que, a su vez, representa una fuente adicional de ingresos para dichos dirigentes, sin estar sujetos a esquemas de rendición de cuentas”.
Ese proceso de negociación, conocido también como lavado de dinero, es el delito por el cual se encuentra preso el dirigente Rubén Núñez, en el penal de alta seguridad de Hermosiillo, Sonora.
Vásquez recordó que al año se jubilan entre 500 y 600 trabajadores de la educación, y esas plazas son vendidas entre 120 mil y 200 mil pesos, lo que significa 75 millones de pesos anuales.
Si en la mesa de diálogo ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), los maestros pudieran aplicar el modelo educativo elaborado por ellos, conocido como Programa para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), también se verían beneficiados.
“De lograr la 22 que el gobierno capitulara y devolviera el control del IEEPO seguramente se reabriría la discusión sobre la implementación de los tres programas y dos sistemas llamados genéricamente el PTEO, que implicaría el ejercicio de más de 200 millones de pesos que pasarían por las instancias sindicales y que provoca que más de uno de los dirigentes sindicales se frote las manos pensando en las comisiones que pudiera generar, mediante la asignación de contratos para la infraestructura escolar administrada, bajo ese pretensioso modelo, por el propio sindicato”, indicó.
RESACA DEL PROCESO ELECTORAL
El sindicato de maestros tuvo una participación importante en el proceso electoral porque llamaron a sus agremiados a promover el voto contra las alianzas y partidos políticos que participaron en la elección, menos contra el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); además, el día de la jornada electoral operaron a favor de ese partido que dirige Andrés Manuel López Obrador.
El proceso y la jornada electoral estuvieron plagados de incidentes y señalamientos de corrupción entre los candidatos, prácticas antidemocráticas como la compra del voto, campañas anticipadas, registros de candidatos que elegibles. Ganó el priista Alejandro Murat, hijo del ex gobernador José Murat.
Los dirigentes de los partidos políticos comentaban que ya había un acuerdo político desde que Cué anunció la aplicación de la Reforma Educativa en Oaxaca, era la entrega del Estado al PRI a cambio de no evidenciar los actos de corrupción y robo que presuntamente el gobernador cometió en su administración.
