Básicamente fueron las bancadas del PRI y del PVEM en el Senado de la República, las que impidieron que la Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida como iniciativa ciudadana “3 de 3” para hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés de los funcionarios, no pasara en su integridad en las leyes que dan sustento al Sistema Nacional Anticorrupción.
52 senadores del Revolucionario Institucional, seis del Partido Verde Ecologista de México y un independiente, fueron quienes ganaron la mayoría para impedir la máxima publicidad en las declaraciones ya referidas, es decir, prefieren mantener su dinero y sus bienes en lo oscuro, como sucede hasta la fecha, y esconder los intereses que los mueven.
A favor de abrir a la ciudadanía la información de los servidores públicos, votaron 34 senadores del PAN, 16 del PRD y un independiente, pero no les alcanzó la suma para ganar la votación y avalar con ello la demanda ciudadana de un alto a la corrupción en el servicio público.
Hubo traidores a la causa de la rendición de cuentas. Cuatro senadores del Partido Acción Nacional que no acudieron a votar, tres del Partido de la Revolución Democrática y la abstención de la senadora por el Partido del Trabajo (PT), Ana Gabriela Guevara; además la ausencia, tratándose de Baja California, del senador por suerte política, Marco Antonio Blásquez, quien al modo, mejor ni se presentó. Con esos nueve votos, la rendición de cuentas sería otra.
Movidos por el Partido Revolucionario Institucional, los senadores de su alianza le abonan a la opacidad y la corrupción. Se niegan a rendir cuentas a los electores, a la población que con sus impuestos les pagan sueldo y los llevan a una posición que utilizan más para sacar provecho que para garantizar que las demandas ciudadanas queden impresas en las leyes.
Las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción pasaron a la Cámara de Diputados. Donde los diputados de oposición intentaron armar un frente para modificar lo que en el Senado no quisieron, y transparentar la rendición de cuentas, para actuar contra quienes traicionan a la nación utilizando sus bienes y su posición para enriquecerse.
Francisco Martínez Neri, coordinador de los perredistas en la Cámara baja, lo dejó muy claro a medios de la Ciudad de México: “Todavía se está encubriendo la situación patrimonial y me parece que eso no es correcto, creo que debe haber una amplitud grandísima en este sentido y que, desde luego, todo servidor público debe saber, cuando ingresa a este servicio, que está en la necesidad y en la obligación moral de dar a conocer todo el patrimonio que tiene y no debe haber ninguna cortapisa, porque muchos políticos que entran a este ámbito de actividad y tienen una acumulación de riqueza extraordinaria, creo que eso es lo que está generando el hecho de que se haya actuado así en el Senado y no se publicite toda la información patrimonial de los servidores públicos, es una postura”.
Pero de nada sirvió. El jueves por la noche, las bancadas de PRI, Verde y Nueva Alianza, mayoritearon una vez más a la oposición PAN, PRD, MORENA y Movimiento Ciudadano. Éstos con sus 209 votos no lograron hacer modificaciones al Artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que es donde iba la 3de3. Los 228 votos del PRI y sus aliados, le dieron el triunfo a la opacidad. 63 diputados no votaron, y habrían hecho, una vez más, la diferencia.
Los mexicanos seguiremos por un tiempo, siendo testigos de cómo cada trienio, cada sexenio, en Baja California, en todo México, quien gana un cargo de elección o es contratado para trabajar en la función pública, de la noche a la mañana se convierte en un hombre rico (también hay mujeres que han caído en ello), que empieza a comprar propiedades, que adquiere productos de lujo, que despilfarra dinero. Los políticos tienen una vida antes y una después de la función pública. El propio Marco Antonio Blásquez es evidencia de ello. De reportero viviendo en la medianía, es sabida su prosperidad económica y de conexiones con los “grupos legislativos de poder”, donde los votos se venden, no se razonan.
La cruzada contra la corrupción, la demanda de leyes que obliguen a los servidores públicos a publicitar su patrimonio, sus cuentas fiscales y el no conflicto de intereses, es de todos los ciudadanos. Aun cuando en el ámbito nacional, tanto el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), promovieron el movimiento social para poner fin a la corrupción, e incluso reunieron más de 600 mil firmas para obligar a los legisladores a escuchar y atender la demanda ciudadana, la responsabilidad es de todos.
Ahora se sabe con nombre y apellidos, quiénes votaron para continuar en la opacidad y quiénes para transformar verdaderamente este país y la forma de hacer gobierno. Vea sus nombres, grábeselos, castíguelos en el futuro, a ellos, a sus partidos. De igual manera, a aquellos legisladores que no han dado la espalda a las denuncias sociales, considérelos. Que sus actos legislativos no queden impunes.
Porque en el Senado, en la Cámara de Diputados, el PRI, el PVEM y unos cuantos traidores, boicotearon el combate a la corrupción.
