Ciudadanos exigen a Sindicatura Procuradora dar seguimiento a las denuncias presentadas por daño patrimonial y uso indebido de recursos públicos, contra funcionarios de la administración del XX Ayuntamiento de Tijuana, demanda que incluye al propio ex alcalde Carlos Bustamante Anchondo.
Así lo expuso Eliseo Sandoval Cabrera, tesorero del Consejo Ciudadano de Defensa del Patrimonio de Tijuana, A.C., nueva organización civil conformada con el objetivo de denunciar pública y formalmente el uso arbitrario de bienes inmuebles y recursos públicos. “La agrupación busca educar a los ciudadanos para que defiendan su patrimonio”, enfatizó.
De inicio el organismo da seguimiento a varios casos señalados previamente, entre ellos la Ciclovía, acción desarrollada por la actual administración municipal y que calificó como un “fiasco de obra”.
Es en la demanda contra los funcionarios que aprobaron la demolición de la antigua comandancia ubicada en la Calle Ocho, en la que la nueva agrupación pondrá especial énfasis.
“Aun cuando el gobierno de Jorge Astiazarán haya recuperado el predio que se dio en donación a un fideicomiso y se haya edificado ahí un parque público, las autoridades correspondientes deben dar seguimiento al daño derivado de una acción irregular como lo fue su demolición”, acentuó.
“Aquí no cabe el borrón y cuenta nueva, porque además de un daño al patrimonio de los tijuanenses, estamos hablando de uso irregular de recursos públicos y de acciones ejecutadas fuera de toda normatividad, lo que amerita que quienes incurrieron en ello sean sancionados”, expuso. .
La queja del Consejo Ciudadano de Defensa del Patrimonio de Tijuana fue presentada a la Sindicatura Procuradora el 11 de mayo de 2016, demandando se investigue y sancione a los integrantes del Cabildo del XX Ayuntamiento y demás funcionarios involucrados con la demolición del edificio ubicado en la calle Ocho y Constitución, en el que se ubicaba la antigua cárcel municipal y el primer Cuartel de Bomberos.
El uso de recursos públicos para pagar su demolición, sin autorización del Cabildo, el sacar a remate el inmueble sin cumplir con los requisitos de Ley y el haber otorgado el predio a un fideicomiso que operó sin transparencia, son parte de la denuncia presentada y que Sindicatura Procuradora dice tener en integración.
