Soy un civil que ama al ejército. Mi abuelo, Amador Rodríguez, fue alto oficial en el ejército revolucionario, mi padre Cesáreo Rodríguez Ramos, fue capitán del ejército mexicano. Yo siempre quise, pero no pude, ingresar al Heroico Colegio Militar. Cuando fui Ministro de Justicia en Chiapas, tuve a mi mando cinco generales retirados, entre ellos mi gran amigo Marco Esteban Juárez Escalera, quien fue el enorme bastión de la procuración de Justicia en ese estado. Gracias a estos cinco generales y otros oficiales de menor graduación, logramos bajar las estadísticas criminales y reducir la enorme corrupción que había en la Fiscalía chiapaneca.
Esto los digo, para demostrar mi admiración y gratitud por el ejército mexicano de 1990 para acá. Pero, ahí vine el pero, como Constitucionalista, como apasionado del equilibrio de poderes, de la arquitectura constitucional que dote a cada poder de sus atribuciones, fije sus límites y señale claramente la protección y procedimiento para el respeto de los derechos humanos, no puedo menos que repudiar las reformas legislativas aprobadas por el Senado mexicano la madrugada del día que cerraba su sesión de primavera y que permite que tribunales militares puedan emitir órdenes de cateo a domicilios civiles. Ésta es una aberración jurídica totalmente contraria a toda la tradición jurídica constitucional Mexicana. Desde luego que, es anticonstitucional, pues invade la competencia del Poder Judicial Federal y a través de una acción de inconstitucionalidad será declarada nula; sin embargo, ése no es el tema, sino como se atrevió la mayoría del PRI y sus aliados a aprobar esta legislación contraria a los derechos de los mexicanos y al civilismo histórico que priva en nuestro país desde 1917.
Las oposiciones en el Senado se enfurecieron y atacaron fuertemente esta legislación, apuntaban que su aprobación llevaría a un golpe de estado en México. Yo no creo tal posibilidad, porque sé que nuestro ejército no es un ejército de castas, es un ejército popular, donde el más modesto cadete pude llegar a ser secretario de la defensa. Además, un de las características de nuestros militares es que durante toda su vida les enseñan tener lealtad a las instituciones y amor a México, además saben que por más pendejo que sea un Presidente, solo dura seis años y luego vendrá un nuevo ciclo y una nueva esperanza de que todo podrá ser mejor; además hay una rotación constante de mandos, y retiros obligatorios, para que nadie pueda enquistarse en el mando y crear intereses personales.
Independientemente de lo anterior, sí estoy convencido que no reflexionaron bien los que asesoran al Presidente en estos temas y lo embarcaron, como tantas veces antes, en otra confrontación con la sociedad. México es un estado donde el Poder civil está por encima de los poderes militar y eclesiástico. Desde 1917, la revolución triunfante y por las amargas experiencias previas, subordinó al ejército a la autoridad civil. Si bien la Reforma contiene elementos que han recomendado los organismos internacionales se incorporen al derecho militar, tales como abolir el fuero de guerra en caso de que militares intervengan en delitos del orden común, hay una parte que me parece ofensiva y peligrosa. La Reforma permite que tribunales militares ordenen cateos a civiles, a los tres órdenes de gobierno, a los tres poderes de la unión y a los órganos o constitucionales autónomos. El ministerio público militar puede ordenar a cualquier civil comparecer ante ellos, salvo algunos casos específicos, por supuesto el Presidente, los secretarios de estado, los diplomáticos, pero todos los demás gobernadores, presidentes municipales, miembros de los poderes legislativos, los ministros de la corte y jueces federales están obligados a comparecer.
Esto es aberrante, ahora todos los ciudadanos estamos sujetos a dos fueros, el civil y el militar. Pero fíjense la aberración, mientras el ministerio público o los procuradores son autónomos, cuando menos teóricamente, el fiscal militar no, el secretario de la defensa le puede ordenar que no lleve a cabo la acción penal o se desista de ella. (Art. 36).
Quién fue el idiota que aceptó esta Reforma y ordenó a los diputados y senadores del PRI y sus aliados aprobarla sin discusión. Nunca había visto algo parecido. La Reforma es evidentemente inconstitucional porque invade la división de competencias, al nulificar al poder judicial federal y a los locales. Esta reforma vuelve poderosísimo a al Secretario de la Defensa, jefe real del ministerio público federal militar. Éste puede arrestar a cualquier ciudadano cuando quiera y si acaso no le interesa su caso lo pone a disposición. De la autoridad competente. Estoy indignado por la falta de defensa de la sociedad civil, la abyección de los actuales legisladores. Cómo pueden aprobar una Reforma así que pone en riesgo al civilismo y nos convierte en una Republica sujeta a la justicia militar. Qué poder legislativo de pacotilla tenemos. Ahora quien, como decía el chapulín colorado, nos defenderá.
Espero que la Corte salga en defensa del estado civil y en pleno pidan hablar con el Presidente y le exijan corregir esta Reforma tan peligrosa como aberrante. Yo por mi parte elevo mi voz de inconformidad y protesta.
Amador Rodríguez Lozano, potosino radicado en Baja California. Fue Senador, Diputado Federal y Ministro de Justicia del Estado de Chiapas
