Gastón Luken Garza, candidato independiente a la presidencia municipal de Tijuana, dijo cuando estuvo en ZETA para una entrevista, que uno de los síntomas más claros de la corrupción, era lo que funcionarios cobraban por ceder contratos, licitaciones o adjudicaciones directas por parte del gobierno. Antes pedían el 10 por ciento, luego el 20, y “ahora quieren ser tus socios”, refirió palabras más, palabras menos.
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Aun difícil de probar porque quienes dan el porcentaje no denuncian el acto de corrupción del que fueron parte activa, sí ha habido casos de empresarios que se han quejado y denunciado, aun en lo privado, las prácticas del gobierno de cobrar comisión por los contratos o convenios que entrega.
Recuerdo el caso de una compañía de instalación de generadores eólicos que pretendía establecerse en Baja California, y a la cual desde la Secretaría de Gobierno del Estado, le exigían el pago de un millón de dólares para autorizar la construcción y arranque de la obra. Por supuesto, la empresa se fue de la entidad sin concretar el negocio.
También aquel agricultor que siendo mexicano triunfó en la siembra en los Estados Unidos, y quiso venir a invertir al Estado, sólo para encontrarse con que para adquirir permisos para pozos de agua en el Valle, la cantidad solicitada por funcionarios era en dólares y con seis ceros.
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Hay pequeños empresarios que ceden un 10, un 15 por ciento de la ganancia del contrato para poder quedárselo. Esa corrupción afecta a todos. Se dan sobreprecios para poder pagar a los funcionarios, se retrasan las obras porque no alcanzó el presupuesto, se amplían los recursos y todos pagamos más por menos.
Por eso llama la atención lo que la administración de Francisco Vega Lamadrid pretende hacer con la Beca Progreso. En este ejemplar, ahora en sus manos, en la página 16-A, una nota del editor de ZETA en Mexicali, Sergio Haro Cordero, detalla cómo la administración kikista, y pues, la Secretaría de Finanzas de su leal amigo, Antonio Valladolid, llevan diez meses sin entregar a las escuelas de Baja California, el dinero para la compra de insumos en los planteles.
Se habla de 342 millones de pesos al año, lo que se dedica a los más de tres mil planteles en todo Baja California. Hablan de 140 pesos por estudiante lo que debe entregar el gobierno para que las escuelas adquieran los productos y servicios para el funcionamiento físico de los planteles escolares. El dinero sale en cheques, se entrega a los directivos y éstos adquieren de ahí todo, desde papel de baño, hasta los insumos para los maestros, el pago de servicios y lo esencial para que los niños y jóvenes estudien en un ambiente de dignidad.
Pero, y aquí viene el pero que hace sospechar la eterna transa en la administración estatal.
Informa el secretario de Educación, Mario Herrera, que ese esquema cambiará de manera unilateral, pues maestros, directivos y padres de familia no han sido enterados y decidieron que en lugar de entregar el dinero a la escuela, le darán los insumos.
Así, si un plantel requiere escobas y recogedores, el Gobierno del Estado hará el pedido masivo y le llevará el recogedor y la escoba. Con esto, no sólo le están retirando la necesidad y la urgencia a los directivos de las escuelas de administrar el recurso en función de sus necesidades apremiantes y del día a día, sino que están abriendo un presupuesto que se prestará para la transa.
¿Quiénes serán los proveedores del gobierno? ¿Quién venderá papel de baño para más de tres mil escuelas y en cuáles condiciones? ¿Lanzará el gobierno convocatorias abiertas para buscar el mejor precio, o solicitará el respectivo porcentaje? Dejar las millonarias compras -imagínese lo que se puede adquirir con 340 millones de pesos al año- en manos de uno o varios funcionarios, es darles mucha tentación y harto negocio.
Aparte, la medida es centralista. Quitaría la individualidad de la administración de una escuela en determinada colonia con necesidades específicas, para adaptarse a un sistema central donde recibiría raciones.
Pero aun sin poner en marcha el plan de las compras centrales del gobierno, la administración de Francisco Vega de Lamadrid tiene diez meses que no les entrega los cheques a las escuelas. Desde agosto de 2015, ninguna de las escuelas de Baja California recibe dinero por parte del Gobierno del Estado, así de fácil ¿Dónde están esos 340 millones de pesos? ¿Por qué Vega es tan condescendiente con Antonio Valladolid el de Finanzas?
El gobierno de Vega se ha destacado por eso, por centralizar los presupuestos, entregarlos -cuando así lo hace- a cuentagotas, y desaparecerlos en el mar sin fondo que parece ser su manejo financiero.
Pero ahora quitarles, negarles, el recurso a las escuelas para la educación de los niños, es francamente un exceso. Un abuso, es demasiado. En los siguientes días debería liberarse ese dinero, los 340 millones de pesos, y ser entregado a las escuelas, además de consensuar la decisión de centralizar las compras en lugar de administrar los billetes.
El tufo de este cambio en la Beca Progreso es de transa. ¿No?
Mientras en las escuelas, directores y administradores han de sacar créditos, pedir fiado, meter dinero propio o pedir a los alumnos que lleven productos para la higiene y el funcionamiento del plantel, porque el gobierno así, sin más, sin explicación ni justificación, lleva diez meses sin entregar el dinero que ya está etiquetado para la manutención de los planteles.
De plano.
