El presidente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), James Cavallaro, señaló que las autoridades procuradoras de justicia en México no han respondido ninguna de las interrogantes esenciales en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Guerrero, en septiembre de 2014.
Siendo que las autoridades mexicanas han declarado que se trata de la investigación más amplia en la historia del país, Cavallaro afirmó que “cualquier observador racional debería estar extremadamente preocupado por el estado de la justicia penal en México”.
En entrevista con el medio estadounidense America’s Quaterly, el representante de la OEA lamentó las trabas que se impusieron al Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que cuarteó las posibilidades con que contaba dicha agrupación para realizar una labor de investigación adecuada.
“La forma en que este caso ha sido manejado por las autoridades mexicanas, y la forma en que presionó y creó una situación que hace imposible que el grupo de expertos continuara es irritante. Es irritante por el hecho de que todavía hay 43 padres que no saben lo que pasó con sus hijos” declaró.
Cavallaro, parte del GIEI y relator de México para la CIDH, denunció la imposibilidad para inspeccionar las instalaciones del el Batallón 27 del Ejército (donde los padres de los 43 aseguran fueron recluidos los desaparecidos), la negativa a entrevistar a elementos militares y la campaña de desprestigio contra los informes de los investigadores, de la cual el gobierno mexicano niega responsabilidad.
“No quiero sacar conclusiones acerca de lo que creo que pasó, los que los expertos que siguen muy de cerca [el caso] están demostrado en pruebas que la versión oficial es físicamente imposible, las seis personas que hablan sobre el vertedero de basura son contradictorias, el 77 por ciento de los involucrados en la investigación original tenía lesiones físicas después de su detención […]. Tú tienes evidencia tras evidencia tras evidencia de que la narración inicial oficial es físicamente imposible e involucra daño físico – es decir, los golpes de los detenidos – para contar un relato que no es exacto, que excluye evidencia significativa acerca de un quinto de autobús, y que excluye la evidencia del C4 o las conversaciones grabadas que muestran que no sólo la policía local y el Alcalde, sino que otros policías locales de una ciudad vecina y también los de la policía estatal, la Policía Federal y el Ejército seguían los acontecimientos y que participan en ellos durante toda la noche. Y entonces se obtiene una versión que es radicalmente diferente, que recoge un puñado de ‘don nadies’, les echa y trata de cerrar el caso […]. No voy a llegar a la conclusión de que no hay mala fe, que hay un encubrimiento, que había un montaje desde el principio para proteger a las autoridades de alto nivel , pero muchas otras personas dicen existe evidencia de ello” concluyó Cavallaro.
