Política Breve y de Emergencia
La ya denominada “declaración de Tijuana” de los empresarios de la COPARMEX, bien pudiera considerarse como una nueva y valiente actitud ciudadana ante los partidos políticos que detentan la mayoría parlamentaria tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, porque les plantaron cara por lo que denominaron una irresponsabilidad ilegal, por no atender el plazo constitucional para aprobar el paquete de leyes anticorrupción denominado 3 de 3.
La 3 de 3 es un paquete legal propuesto al poder legislativo federal, en pleno uso del derecho de iniciativa para con la suma de 120 mil firmas de ciudadanos respaldando el proyecto, obligar a senadores y diputados a asumirlo como proyecto en discusión. Destaca tal vez como fundamental en el proyecto de ley el obligar a todo funcionario público a presentar sus declaraciones patrimonial, de impuestos y de intereses.
La 3 de 3 logró reunir más de 634 mil firmas de apoyo en su propuesta y es el resultado del trabajo de 9 instituciones y organismos de representación ciudadana, de investigación y de docencia, que de manera conjunta presentan lo que consideran una alternativa legal para detener el severo y grave daño que le causa a la sociedad mexicana la corrupción en todos los niveles de gobierno. Según cifras de INEGI algo así como 9 puntos porcentuales del producto interno bruto, más-menos 347 mil millones de pesos anuales.
Después de la presentación de la iniciativa y al haber logrado tanto una abrumadora suma de apoyos en la suscripción del proyecto, como una sensibilización social generalizada de la urgente necesidad de aprobar la nueva ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, los promoventes como COPARMEX y su presidente nacional el mexicalense Gustavo de Hoyos, nunca consideraron que el legislativo no le iba a dar prioridad a la iniciativa ciudadana por sobre los efectos que pudiera provocar en los comicios electorales de 13 entidades de la república.
Porque si bien en el proyecto inicial para la aprobación del paquete de leyes denominado Sistema Nacional Anticorrupción el legislativo estableció un plazo constitucional con fecha 28 de mayo del presente, a la no aprobación no le estableció sanción alguna y los políticos dieron prioridad al apoyo de sus candidatos a gubernaturas de 12 entidades y los constituyentes de la Ciudad de México; combatir la corrupción no es prioritario.
Por eso la declaración hecha por el empresariado representado en COPARMEX donde le advierten a los partidos que no dejarán la iniciativa hasta que se logre la aprobación de la 3 de 3 y que debe asumir cada quien la consecuencia del incumplimiento, se antoja como el arranque de una confrontada relación entre ciudadanía y partidos políticos con miras al relevo presidencial del 2018.
La corrupción desafortunadamente más común en la práctica diaria de los gobiernos, la crisis económica vigente y la pérdida de oportunidades y competitividad de la economía del país, son factores que mezclados hacen una verdadera bomba, los empresarios están decididos no solo a advertir sino a actuar para combatir los riesgos.
Ahora que ya se toparon con el cierre del “círculo vicioso”, vaya una sugerencia verdaderamente constructiva para salvar la cosa: que los empresarios inviten a la gente a votar, una participación abrumadora en los comicios, definitivamente cambiaría las cosas.
Que la historia lo registre.- En 1988 el Maquío Clouthier, ex presidente nacional de COPARMEX, se convirtió en el candidato a la presidencia de la república más incómodo al régimen, para algunos ése fue el origen de la transición democrática. El desencadenante, la serie de medidas económicas unilaterales del gobierno federal.
Botón rojo.- Una ley sin dientes, es como un llamado a la buena voluntad. La falta de buena y honrada voluntad es la causa de la ley 3 de 3.
Salvador Morales Riubí, político tijuanense, ha sido funcionario municipal y estatal. Actualmente es empresario y consultor en temas de salud y relaciones públicas.
