Juicios millonarios

Ayuntamientos y los poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial,

enfrentan mil 98 denuncias por

despido injustificado de ex

trabajadores y ex funcionarios

Durante seis años  -de 2005 a 2011-, los hermanos José Alfredo, Noé y Benjamín de la Rosa Escalante fueron los hombres más cercanos e influyentes en el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.

Los parientes alcanzaron la cúspide de sus carreras políticas, cuando el primero despachó como subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); el segundo en la Dirección de Planeación y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación; y el tercero en la coordinación administrativa del ex mandatario de Baja California Sur, respectivamente.

En ese lapso, la cercanía de los De la Rosa representaba para la gran mayoría la posibilidad de lograr una posición burocrática, hacer determinado negocio o tener acceso directo a la oficina del gobernante en turno.

Durante ese tiempo, los hermanos, según el tabulador de sueldos, ganaron aproximadamente 42 mil, 58 mil y 40 mil pesos mensuales, respectivamente, pero con la llegada de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor como gobernador del Estado, fueron despedidos por ocupar puestos de confianza, tal y como lo establece el Artículo 5 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Baja California Sur:

“Las entidades públicas podrán rescindir la relación laboral si existiera un motivo comprobable de pérdida de confianza, por lo tanto no gozarán de la inmovilidad de los trabajadores de base, por lo que en cualquier tiempo, y por acuerdo del titular de la dependencia, dejarán de surtir efecto los nombramientos que hayan sido otorgados”.

A la vuelta de cinco años, los familiares del alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, pelean jurídicamente una indemnización por presunto despido injustificado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.

El ex secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Burocratas, Maximino Iglesias Caro, pretende despacharse con la cuchara grande, en tres juicios que metió de supuestos despido injustificados, y casualmente al mismo tiempo en La Paz, Comondú y Mulegé.

Las denuncias laborales de los afamados hermanos -según copias en poder de ZETA– fueron presentadas en las siguientes fechas:

* 8 de agosto de 2011 por Benjamín de la Rosa Escalante, en calidad de ex coordinador administrativo de la oficina del gobernador.

* 8 de agosto de 2011, por Noé de la Rosa Escalante como ex director de Planeación y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación Pública.

* 31 de agosto de 2011 por José Alfredo de la Rosa Escalante, a título de ex subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJE.

Acorde con la denuncia laboral, los De la Rosa solicitaron el pago de tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional, una prima de antigüedad de seis años, el pago proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional; así como salarios caídos desde la fecha del despido hasta la fecha en que sean liquidados.

Según un ejercicio del cálculo elaborado por un contador a petición de este Semanario, de ganar el millonario juicio, los hermanos del presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante tendrían que ser liquidados de la siguiente manera:

* Benjamín recibiría 126 mil pesos por concepto de liquidación; 2 millones 562 mil pesos por salarios caídos, de abril de 2011 a mayo de 2016; y 39 mil 588 de prima de antigüedad, pago proporcional de aguinaldo y pago de vacaciones.

* Noé obtendría 174 mil pesos por indemnización; 3 millones 538 mil por salarios caídos de abril de 2011 a mayo de 2016; y 50 mil 662 pesos por  prima de antigüedad, pago proporcional de aguinaldo y de vacaciones.

* José gozaría de 120 mil pesos por liquidación; 2 millones 440 mil pesos por salarios caídos de abril de 2011 a mayo de 2016; y 38 mil 213 por prima de antigüedad, pago proporcional de aguinaldo y de vacaciones.

En suma, se les indemnizaría por 9 millones 78 mil 463 pesos.

LAS DEMANDAS

El caso de los hermanos De la Rosa es parte de los mil 98 expedientes que son revisados, analizados y en proceso de ser resueltos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Desde noviembre de 2015, ZETA inició una investigación sobre el número de denuncias presentadas en el tribunal laboral por ex trabajadores y ex funcionarios de los ayuntamientos y poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Este Semanario solicitó vía Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI) un informe detallado sobre el número de juicios abiertos de 2011 a la fecha, el número de juicios desechados, en proceso y resueltos, el cual quedó asentado en el expediente 681/2015.

De manera paralela, la información fue solicitada a los ayuntamientos, como el de Los Cabos, donde el director municipal de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Reglamentarios, César Gerónimo Chávez Rodríguez, se negó a entregar la información sobre el monto disponible de contingencia y el número de juicios abiertos en contra del gobierno cabeño por despido injustificado. El argumento: “La  información se considera reservada”, en virtud de que se trata de datos de juicios laborales, por lo que en caso de entregar el informe “se estaría violentando la privacidad de terceras personas, por tal motivo la dirección estaba imposibilitada para otorgarla”.

El alcalde de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, no pierde la pista de los 71 juicios por despido injustificado, presentados en pasadas administraciones.

Obviamente, el verdadero fin era ocultar los nombres de los funcionarios que están incurriendo en un flagrante conflicto de interés, pues a pesar de haber presentado denuncias laborales en contra del Ayuntamiento y Gobierno del Estado por supuesto despido, actualmente despachan en cargos del XII Ayuntamiento de Los Cabos.

Sin embargo, ZETA ingresó una serie de solicitudes de procedimiento de revisión, una de ellas, bajo el número de expediente PR-I/056/2015, la cual fue resuelta a su favor y a la información que obra en los expedientes de denuncias laborales entregada oficialmente, tales como nombres de los denunciantes, actos reclamados, fecha de ingreso de las denuncias y número de expedientes.

Según el listado en poder de esta casa editorial, la cifra de denuncias laborales presentadas es de mil 98. Destacan por el conflicto de interés las de:

* José Luis Perpuly Drew. Presentada el 9 de marzo de 2011 en contra de la Dirección General del Trabajo y Previsión Social; actualmente se desempeña como secretario de Desarrollo Social en el gabinete del gobernador Carlos Mendoza Davis.

* Máximo Iglesias Caro. Registradas el 30 de enero de 2013, 22 de octubre y 11 de noviembre de 2014, en contra de los ayuntamientos de Mulegé, La Paz y Comondú, respectivamente; en la actualidad, Iglesias ocupa el cargo de VII regidor del Ayuntamiento de La Paz.

* Ramón Castro Ojeda. Asentada el 20 de marzo de 2012 en contra del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos; Castro es actual coordinador de la Zona Rural del propio organismo paramunicipal en ese destino turístico.

* Luz María García Suastegui. Recibida el 14 de febrero de 2012 en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. García despacha como directora municipal de Participación Ciudadana en el XII Ayuntamiento de Los Cabos.

* Juan Luis Araiza Díaz. Presentada -anteriormente a 2011- en contra del Ayuntamiento de Los Cabos. Actualmente Araiza funge como director municipal de Transporte en la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos.

* Miguel Ángel Ceseña Cota. Registrada el 20 de agosto de 2013 en contra del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos; hasta el 15 de abril de 2016, estuvo como director de Operación y Mantenimiento del organismo paramunicipal.

LOS ABUSOS

Según un abogado consultado por ZETA, el Artículo 4 de la Ley de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, existen tres tipos de trabajadores dentro de la estructura gubernamental:

1. De Confianza, es decir, los que comúnmente llegan al cargo con el gobernante en turno, por lo que no gozan de inmovilidad y cuyos servicios son rescindidos en cada cambio de administración.
2. De Base, los inamovibles en sus plazas sindicales y lugar de residencia.
3. Supernumerarios, aquellos contratados por tiempo fijo o determinado y cuyas plazas son establecidas con cargo a la partida de compensaciones de supernumerarios, en los presupuestos anuales de egresos.

A pesar de que la Ley laboral es muy clara, a principios del cuatrienio del ex gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor en 2011, alrededor de 105 ex funcionarios de primer, segundo, tercero y hasta cuarto nivel de la administración del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, presentaron denuncias por presunto despido injustificado, las cuales quedaron asentadas en los expedientes entregados a ZETA.

Juan Luis Araiza Díz. El caso más patético del conflicto de interés en Los Cabos; Benjamín de la Rosa Escalante,. Indemnización millonaria; José Luis Perpyly Drew. Cobra como Secretario de Desarrollo Social, y a la vez, pretende una jugosaa indemnización por supuesto despido injustificado

En la lista de denunciantes, independientemente de los hermanos De la Rosa, aparecen los siguientes ex funcionarios, quienes no precisamente destacaron por su brillante actuación y resultados:

Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar, ex secretario estatal de Seguridad Pública, y su hermano Sinuhe, ex director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP); José María Avilés Castro, ex director general de Educación Básica de la SEP; Francisco Antonio Alcántar López (finado), ex director general de Comunicación Social; Víctor Manuel Guluarte Castro, ex secretario general de Gobierno; Alejandro Alberto Cota Montaño, ex gerente de Agua Potable en Santiago; Omar Barajas Amador, ex subprocurador de la PGJE; Juan Garibaldo Romero Aguilar, ex oficial mayor;  Rafael Homero Arvizu Alvarado, ex subprocurador de la PGJE; Juan Carlos Petrides Balvanera, ex director del DIF Los Cabos; Albino Castro Montaño, ex director de Relaciones Públicas; Miguel Ángel Camacho Flores, ex director jurídico de Contraloría del Estado y abogado del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño; Alberto Espinoza Aguilar, ex secretario de Educación y Sandra Luz Elizarrarás Cardozo, ex diputada local.

Sobre estos hechos, un abogado consultado por este Semanario, quien solicitó no revelar su identidad, expuso que “las denuncias por despido injustificado de los ex funcionarios del sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, son verdaderamente abusivas y evidentemente improcedentes, en virtud de que en su momento, ocuparon cargos de confianza y saben perfectamente, no tienen derecho de recibir una indemnización y menos salarios caídos”.

“Son chingaderas”, opinó, “en todo caso, y con la base en la propia Ley, si acaso, únicamente pudieran reclamar el pago proporcional del aguinaldo, la prima vacacional y quizá la prima de antigüedad”,  pero nunca “indemnización y salarios caídos”, tal  como están solicitando en su calidad de ex funcionarios.

El abogado comentó que en “el caso de los secretarios, subsecretarios y directores generales, el gobernador en turno tiene la facultad constitucional de removerlos libremente sin incurrir en el despido injustificado”, y citó el caso de una jurisprudencia: “Los trabajadores de confianza no tienen institucionalmente estabilidad en el empleo”, y transcribe que “la indemnización, salarios caídos y restitución en el cargo público, derivan de la inestabilidad en el empleo, y por lo tanto, no procede ninguna de las prestaciones, sobre todo porque el solo nombramiento del gobernador en el cargo, acredita la confianza”.

La jurisprudencia fue publicada por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y señala quiénes son en forma genérica los trabajadores de confianza, con base a las funciones de dirección, vigilancia y fiscalización de orden general, manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, sin soslayarse que tal clasificación no es limitativa sino enunciativa, ya que los trabajadores no incluidos, pero que realicen las funciones genéricamente señaladas, también deben estimarse como de confianza, en atención a las funciones que desempeñan.

De tal manera que, acorde con el consultado, “las demandas laborales interpuestas por los actuales funcionarios y ex funcionarios van encaminadas más que nada a destruir la economía del gobierno en turno”.

En la lista obtenida por ZETA, las cinco principales entidades gubernamentales con el mayor número de denuncias laborales, son el Gobierno del Estado, seguido de la Secretaría de Educación, la Comisión Mixta, así como los ayuntamientos de Comondú y de La Paz.

El propio alcalde de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, externó a este Semanario que el tema de las denuncias laborales es una de sus principales prioridades en su administración, “no hemos descuidado ni un momento”, porque cualquier laudo que se pueda dictaminar en contra del gobierno municipal, sería un golpe terrible y devastador para los comundeños.

El regidor del XV Ayuntamiento de La Paz, Maximino Iglesias Caro, salió bueno para el trinquete y reclama tres indemnizaciones a la vez de más de 2 millones de pesos cada una.

“Prácticamente sería imposible pagar”, reconoció el edil, para luego complementar: “Las denuncias labores que hay fueron presentadas en otras administraciones y no en su gobierno, porque en mi caso, hemos sido muy responsables en cuidar la relación laboral con los trabajadores”, a pesar de que el 70 por ciento de los gastos de nómina se van en trabajadores sindicalizados y el 30% restante en el Estado de fuerza, cuerpo edilicio y empleados de confianza.

La lista de las 71 denuncias por despido injustificado colocan a Comondú como el más demandado de todos los ayuntamientos del Estado, y según la lista en poder de este Semanario, aparecen las de funcionarios de la trágica administración del ex alcalde Joel Villegas Ibarra, como es el caso del ex subdirector de Seguridad Pública, Miguel Ángel Romero Villalejo; el ex asesor jurídico, Aldo Alejandro López Gómez; el ex coordinador municipal de Salud, Bladimir Castro Cortés; la ex directora del Asilo de Ancianos, Gabriela López Armendáriz; el ex director de Recursos Humanos, Javier Lorenzo González; el ex director de Egresos de la Tesorería, Ramón Valdés Ley; y los hermanos Jorge Alberto y José Guadalupe García Facha, ex titulares de Pesca y Servicios Públicos, respectivamente.

La mayoría de los demandantes están solicitando indemnizaciones entre 500 mil y 2 millones de pesos por supuesto despido injustificado, cantidad que de acuerdo con el alcalde de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, “alcanzaría para pagar dos terceras partes de la luz de un mes; el pago completo de alumbrado y edificio públicos, excluyendo al Organismo Operador de Agua Potable”.

En un municipio económicamente quebrado como el de Comondú, la indemnización de 2 millones de pesos solicitada por ex funcionarios de la administración de Joel Villegas Ibarra representa el 50% del ingreso que puede captarse en un mes.

Actualmente Comondú tiene una carga laboral de mil 274 trabajadores, el 70% es sindicalizado,  y el resto, policías, regidores y personal de confianza.

Denuncias laborales en números

Fuente: Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur