Por expedir un documento apócrifo en el segundo juzgado de lo familiar en Ensenada, un licenciado en derecho enfrenta una demanda penal por parte de la Juez y Secretaria de Acuerdos que niegan haber firmado. PGJE atorada en el caso
Un padre de familia está de manos atadas porque su abogado al parecer lo defraudó falsificando las firmas de una juez del Juzgado Segundo de lo Familiar con sede en Ensenada, y de la Secretaria de Acuerdos.
Su caso, como otros más, ha sido omiso para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde en un año no han podido avanzar en la investigación asentada en la averiguación previa 2078/15131/AP.
El 15 de abril de 2014, Issac Guadalupe Ochoa Gómez, solicitó una demanda de divorcio ante el juzgado; contrató a José Luis Gallegos Valencia y su caso quedó en el expediente 0760/2014B. El litigante contratado para el proceso le cobró 8 mil pesos, la mitad por adelantado y el resto cuando estuviera concluida tanto la separación, como la patria potestad a su favor, y los documentos para tramitar el pasaporte a sus dos hijos menores de edad.
Fue el 30 de octubre cuando se le informó a Issac, a través de un supuesto oficio girado por la juez Gloria Elena Ptacnik Preciado y la Secretaria de Acuerdos, Silvia Elizabeth Mundo, que ya podía iniciar los trámites de pasaportes, pero el sentido común y un desacuerdo con el abogado lo motivó a ir personalmente al juzgado para preguntar sobre su caso.
Al apersonarse con la autoridad le informaron que el proceso estaba suspendido porque las rúbricas y el sello habían sido falsificados, pero además el plazo para realizar el divorcio expiró. Es decir, fue estafado y no hay otra opción más que denunciar.
De inmediato acudió al Ministerio Público a levantar una demanda por fraude y falsificación de documentos contra abogados defensores y litigantes, a la par, la Juez y la Secretaria de Acuerdos interpusieron otra demanda contra Gallegos Valencia.
El subprocurador de zona Ensenada, Marco Chavarría López, fue abordado en al menos tres ocasiones sobre el tema, pero prefirió no hablar de la investigación asegurando que no recordaba detalles sobre el asunto.
Lo que sí mencionó fue que eran algo “común” la firmas apócrifas, sin embargo, optó por callar ante el reclamo ciudadano de Ochoa Guadalupe, que no ha podido llevar una vida normal por la ineficiencia de la autoridad estatal.
Con un plumazo usurpan funciones
La juez primera de primera instancia de lo familiar, Ptacnik Preciado, advirtió que no puede dar información sobre expedientes dentro del juzgado, no obstante, confirmó el hecho de la demanda y calificó la situación como delicada.
Agregó que si el demandante hubiera acudido con los documentos falsos a la secretaría de relaciones exteriores, se hubiera metido en un problema serio. Dijo desconocer en qué etapa va la investigación, pero que de ahí del juzgado ya acudieron a interponer una demanda.
Del abogado, mencionó que desde octubre de 2014 jamás se volvió a parar ante el juzgado a promover algún caso, si lo hiciese, la juez afirmó que no se le daría seguimiento, ya que es del conocimiento que está bajo investigación.
Es la primera vez que se tiene conocimiento de un caso de este tipo. Se percataron de la irregularidad porque quien recibe los documentos descubrió que hacían falta detalles que llevan cada oficio del juzgado además que el sello es una impresión a color.
Aclaró que cada uno de los documentos es estrictamente revisado y además que la hoja no figuraba en el expediente del caso.
Detectan anomalías por intuición
En su declaración Perla Maribel Ramírez Jiménez, actuaria provisional del juzgado primero familiar, manifiesta que Isaac Guadalupe Ochoa después de debidamente identificarse solicitó informes sobre su divorcio necesario número 0760/2014-B.
“Una vez enterado me indicó que su abogado el licenciado, José Luis Gallegos Valencia, le informó que ya podía realizar cualquier trámite relativo a la custodia de sus menores hijos”.
Tras informarle la actuaria que ese juicio ni siquiera estaba emplazado, mostró un documento con el que pensaba tramitar los pasaportes de sus hijos, mismo que le entregara el abogado.
“… de inmediato me percaté que las firmas tanto del juez como del secretario de acuerdos no corresponden, en razón que tengo 15 años laborando en este juzgado y conozco perfectamente sus firmas”.
Tras mostrar el original y determinar que era falsificado, Isaac Guadalupe fue informado de ello, ella, la actuaria, aseguró que sí reconoce al abogado en cuestión y que lo ha visto por los juzgados, aunque ya no recientemente.
Piden castigo para colegas
El presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, Rodolfo Muñoz Barba, habló en general del delito de falsificación como un hecho reprobable, pero más aún cuando se trata de un profesional del derecho.
Agregó que hay muchos abogados en el municipio de Ensenada, y haciendo un cálculo, estimó que tan solo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) egresan 40 por semestre, más otros tantos de las seis instituciones de nivel superior en la ciudad, da como resultado entre 400 y 500 nuevos pasantes cada año.
Para el gremio organizado está claro, dijo, que los profesionales no pueden, ni deben, confundir la función de la autoridad porque se está cometiendo un acto violatorio de ley que es gravísimo.
“Definitivamente quien incurra en este delito debe tener una consecuencia, porque algo debe estar mal en su persona, va en contra de nuestras propuestas costumbres morales”. Por último exhortó a la procuraduría de justicia a que le dé seguimiento al asunto y, si hay pruebas, se dictamine de inmediato con las periciales obtenidas de la investigación.
Juicios adulterados
Silvia Elizabeth Mundo Flores, secretaria de acuerdos del juzgado, declaró ante el MP que el documento en posesión de Issac Guadalupe, no lo reconoce, ni lo había visto, negó reconocer la firma ni la letra, ni la redacción.
Además, aclaró que en un juicio ordinario no se autoriza la salida de menores del país, ni poderes absolutos sobre alguno de los padres hacia los menores.
Sobre el sello, declara que es parecido, pero no es el que se utiliza en los juzgados.
“Ilógico” que abogado falsifique
Gallegos Valencia se defendió de las acusaciones asegurando que fue “de pronto” que le llegó la notificación de denuncia a su domicilio y que no sabe de qué se trata porque nunca falsificó los documentos.
Prefirió no dar declaraciones sobre el tema con el argumento de que es un proceso legal que va en curso y no quiere entorpecer la investigación. “Es ilógico que haga eso –falsificar– si me dedico a esto –litigar–”, se limitó a responder.
Al realizar una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas, el nombre de José Luis Gallegos Valencia aparece como profesionista, con licenciatura en derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y cédula 5909972 expedida en 2009.
Existencia entrampada por burocracia
El padre de familia, Ochoa Gómez, pensaba tramitar su pasaporte en el consulado de Estados Unidos y si se hubiera presentado con el documento estaría en serios problemas legales en ese país.
Su caso no se ha resuelto y por lo tanto no ha podido contraer matrimonio con su prometida, tampoco sus hijos han podido viajar a Estados Unidos, adonde uno de ellos ha sido invitado por ser seleccionado de una liga de fútbol.
Hace un par de años un juez le cedió la patria potestad para que se hiciera cargo de sus hijos luego de comprobar que estaba físico, mental y económicamente estable como para hacerse cargo de ellos.
Espera que la autoridad haga su trabajo para que los menores puedan seguir su desarrollo.
Artículo 243. Código Penal Federal
“El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.
Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más”.
Artículo 244 del mismo código:
“Comete falsificación quien atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto”.
