Adela Navarro Bello
Codirectora General
Semanario ZETA. —
Le solicito la publicación de las siguientes precisiones respecto a la nota periodística de Isaí Lara Bermúdez, publicada en el Semanario ZETA No. 2198, pág. 33-A: “INE se deslinda del consejero Ramírez Baena, pero le paga 216 mil pesos”.
1.- La nota dice que yo percibo 18 mil pesos mensuales “sin pagar impuestos”. Mis percepciones mensuales por concepto de Dieta de Asistencia como Consejero Electoral del INE son de $27,277 pesos, monto determinado por la Junta General Ejecutiva del INE, basado en el Artículo 66, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), menos $9,546.95 pesos de impuestos que el INE retiene, quedando una percepción neta de $17,730.05 pesos mensuales.
2.- La información del semanario da la impresión de que solo yo percibo la Dieta de Asistencia, y dice que por “más de 1 millón de pesos” (¡¡!!), lo cual es incierto. La Dieta la recibimos por la cantidad arriba descrita los 192 consejeros locales del INE de todo el país, 6 consejeros por cada estado. Además, los Consejeros percibimos la Dieta de Asistencia solo durante los procesos electorales. Durante el actual proceso en Baja California, nuestras percepciones van del 19 de octubre de 2015 al 31 de julio de 2016. No percibimos Dieta permanente.
3.- Respecto al conflicto de interés que plantea el semanario por mi papel como defensor y como Consejero Electoral, debo decir que desde hace varios años me he dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos, por tanto, he documentado denuncias por tortura en Baja California desde el año 2008, donde se señala incluso a Julián Leyzaola, denuncias presentadas ante las instancias locales e internacionales, dato que incluí en mi currículum en el año 2011 y, a sabiendas de ello, fui designado ese año Consejero Electoral Local para Baja California por el entonces Consejo General del IFE. El año pasado fui ratificado en el cargo.
4.- Los Consejeros Electorales locales y distritales del INE provenimos de la sociedad civil, tenemos un papel proactivo por nuestras actividades sociales, académicas, empresariales o de otra índole, lo que da legitimidad a las decisiones tomadas. Somos vigilantes de los procesos electorales y de sus actores y nuestra misión es velar por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia.
5.- Desde el punto de vista legal, no hay nada que como defensor y como Consejero Electoral me impida ejercer mi derecho a la libertad de expresión, opinar sobre la candidatura de quien tiene 18 Recomendaciones y procesos abiertos en el Ministerio Público del fuero común, en la ONU y en la OEA, por violaciones graves a los derechos humanos. Así también, nada me impide ejercer mi derecho a la objeción de conciencia.
6.- Como defensor y consejero del INE hago valer el principio inscrito en La Ley General de Víctimas, artículo 5, que dice: “No criminalización…Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse”. Lo que han hecho reiteradamente el candidato Leyzaola y el semanario con las víctimas de tortura beneficiadas con sentencias absolutorias y Recomendaciones giradas en su favor por el Poder Judicial, la CNDH, la PDH, la CEDH de Chihuahua y el Comité Contra la Tortura de la ONU, re-victimizándolas.
Por mi parte, doy por concluido este asunto. Muchas gracias.
Atentamente:
Raúl Ramírez Baena
Mexicali, B.C.
Respuesta del Editor
Señor Raúl:
La información que ha sido publicada respecto a su actuar como consejero electoral del Instituto Nacional Electoral en el Estado, y como Defensor de los Derechos Humanos, se ha limitado a narrar los hechos y las investigaciones judiciales de sus defendidos, acusados de secuestro y crimen organizado y presos aún por homicidio. En todo caso, las aclaraciones en este y en los otros temas tendrían que ser hechas a las fuentes oficiales que proporcionaron la información y opiniones a este semanario, tales como las distintas corporaciones policiacas, el Ejército Mexicano, entre otras autoridades, o bien, en el plano electoral, al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California, Donaciano Muñoz Loyola, el consejero Ricardo Rivera de la Torre y al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Pedro Esteban Penagos López, a quienes se les citó en la nota que usted refiere y en la cual su versión fue incluida. Sin más, se publica el texto que usted envió a nuestra redacción, donde admite que siendo un consejero del Instituto encargado de coadyuvar a organizar los próximos comicios, emite opiniones y juicios propios contra un candidato y su partido.
Atentamente.
Isaí Lara Bermúdez
Editor de ZOOM POLÍTICO
