Pasaban unos minutos de la entrada del año 2016. Eran las 12:51 am del 1 de enero cuando personas divisaron un incendio al interior del Consulado de los Estados Unidos en Tijuana. Las llamaradas sobresalían de la alta barda que protege las instalaciones diplomáticas, construidas con un sistema de alta seguridad y medidas de control para sobrevivir a ataques. Sin embargo, aquella madrugada, cuando cinco vehículos fueron incendiados en el estacionamiento interno del Consulado, ninguna de las cámaras de vigilancia captó la imagen del o los perpetradores. El entonces nuevo cónsul, William Ostick, sería muy hermético con la información respecto a la investigación. Aparte de la realizada por los suyos, la Procuraduría General de la República llevaba a cabo la propia. Lo que sí dejaron ver, fue que podría tratarse de un ataque con indicios de terrorismo o de un acto llevado a cabo por el narcotráfico. El mundo estaba en ese momento siendo espectador, como lo está aún, de hechos de terror. El de Tijuana encajaba en ello. Nunca antes instalaciones diplomáticas habían sido violentadas. Baja California cuenta con alerta de seguridad impuesta por el gobierno de los Estados Unidos, para que sus ciudadanos tengan precauciones especiales en caso de viajar a esta entidad, aunque también se les recomienda no hacerlo. A poco más de cinco meses de aquel atentado, el Consulado sigue manteniendo reserva en la información de quiénes y por qué incendiaron los vehículos. Pero en la PGR lo saben de cierto. No fue un ataque terrorista en suelo mexicano hacia los Estados Unidos, como tampoco una vendetta de criminales organizados. Se trató de un trabajo interno. Un empleado que había sido despedido del Consulado de los Estados Unidos en Tijuana planeó todo. La venganza era por razones de un trato laborar considerado injusto para la persona que decidió violentar las instalaciones. Por eso, justifican los investigadores, no fue captado por las cámaras de video vigilancia, pues conocía el funcionamiento de las mismas, y podía moverse con soltura y conocimiento por las instalaciones. La investigación continúa en la PGR y en el Consulado, pero llama la atención cómo sabiendo que no fue terrorismo ni ataque local de criminales, ni una ni otra instancia aclaren esto para que la sociedad conozca que tales flagelos no se han cometido en Tijuana, y la ciudad y su prestigio queden libres de la estigmatización del terror. Sería bueno, de hecho justo, que la PGR o el propio cónsul hablaran con claridad a los tijuanenses. ¿No?
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