Queja tras queja siguen obstaculizando el trabajo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) contra el actuar de Saúl Colín Ortiz, su delegado en Baja California Sur.
Ahora las denuncias son por presiones laborales y conspiración para obligar a los trabajadores federales a renunciar, o bien, solicitar sus bajas e incluir en la nómina federal a sus amigos de “confianza”. Tal es el caso de los subordinados que trajo consigo a su llegada, Gustavo Bahena González, Édgar Enrique Amezcua, Salvador García Delgado y César Augusto Olguín Hernández.
De hecho Olguín Hernández se encuentra en cursos de capacitación para ocupar el puesto de subdelegado de Inspección de Recursos Naturales, ya que apenas el 9 de mayo fue retirado del cargo Antonio Díaz Rondero, en una “acción promovida por la delegación federal de la PROFEPA en dicha entidad, ante el incumplimiento de sus obligaciones inherentes al cargo durante2015 y los meses de enero, febrero y parte marzo de 2016, al no realizar el monitoreo de mortandad de la tortuga amarilla (caretta, caretta) y otras especies marinas en el Golfo de Ulloa de Comondú, Baja California Sur, siendo obligación de los mismos”; y hay dos inspectores en la mira que, según el delegado, no trabajaron durante el año pasado y los primeros meses de 2016.
Sin embargo, se interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) contra el delegado, por presuntamente confabularse con Grupo Tortuguero de Las Californias, ya que éste solicitó un informe a dicho grupo para demostrar que el propio personal de la PROFEPA incumple con sus labores en actividades de monitoreo en la mortandad de especies de tortuga marina.
Dicha asociación envió un informe con el número de memorándum PFPA/10.1/283/2016, fechado el 21 de marzo de 2016, donde señalan:
“Ocurro ante esa delegación federal de proporcionar la información solicitada”, texto dirigido por la directora de Grupo Tortuguero, Delia Karen Esperanza Oceguera Camacho, además, señala que en apoyo al colaborador local, Víctor de la Toba Miranda, encargado del grupo en López Mateos, “durante 2015, personal de PROFEPA acompañó al técnico del proyecto (Víctor) en dos ocasiones, señalando sólo los días 23 de febrero y 14 de marzo de 2015 en las bitácoras de salida”, expresa el grupo ambientalista.
En el documento en manos de ZETA se señala que las bitácoras del censo de mortandad de tortuga amarilla de Grupo Tortuguero de las Californias, “eran revisadas, cotejadas y firmadas también por el personal de la PROFEPA”. Mencionan que “a partir del año 2015 no se han revisado, cotejado o firmado los reportes realizados por el personal de la PROFEPA”, en busca de no dejar cabos sueltos”.
El documento puntualiza: “Cabe mencionar que el Técnico del Grupo Tortuguero de Las Californias (Víctor de la Toba Miranda) durante el 2015 y 2016 no ha firmado reporte alguno de los que elabora el personal de la PROFEPA”.
Este Semanario adquirió 38 bitácoras de 2015, de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo; en éstas incluye al propio Grupo Tortuguero de las Californias, PROFEPA, Fondo para la Protección de Recursos Marinos (FONMAR) y Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR); aunque Grupo Tortuguero hace alusión a que su técnico nunca firmó reporte alguno, al final aparece la firma del encargado de la zona.
La directora ejecutiva de Grupo Tortuguero negó facilitar una entrevista presencial y solicitó sólo fuera telefónica; citó que la información sobre las actividades de los inspectores de la PROFEPA, fue solicitada por el propio Saúl Colín Ortiz, y que las firmas de su personal son apócrifas.
“Le dimos la información requerida de cómo habíamos estado trabajando en el área y sólo fue eso. Las corroboramos y sí, no son las firmas de don Víctor, él mismo lo corroboró y lo checó con su credencial de elector, pues realmente nosotros estamos ajenos a la situación de los inspectores; nosotros no sabíamos siquiera que los habían citado”, mencionó, desconociendo que existen 13 bitácoras más, donde hay firmas de personal de CICIMAR y FONMAR.
Pero esto es sólo es una muestra de la confabulación entre PROFEPA y Grupo Tortuguero de las Californias para desacreditar a sus propios inspectores por intereses personales, además, pone en duda el trabajo de revisión de la mortandad de la tortuga amarilla. Por ello, trabajadores de la institución pusieron una denuncia ante el procurador, Guillermo Haro Belcher.
“Presento denuncia pública en contra de Saúl Colín Ortiz, Delegado Federal de PROFEPA en BCS por acoso laboral, abuso de autoridad, violación a todos los estatutos y procedimientos de esta procuraduría, usurpación de funciones, violación a todas mis garantías como trabajador del gobierno federal, difamación, violación a los derechos humanos de los trabajadores, daños a la nación y los que resulten”, firma Jorge Negrete Soto en una circular entregada a ZETA.
No obstante, Karen Oceguera reiteró que las firmas en 25 de las 38 bitácoras obtenidas son falsas, incluso PROFEPA envió un comunicado oficial en el cual no se contempló a este Semanario, donde coincide con el grupo, reafirmando que los inspectores no cumplieron con su trabajo y que “la firma del personal de Grupo Tortuguero de las Californias que aparece en sus reportes, no fue plasmada por puño y letra de dicho personal; además de no ser reconocida por el propio Grupo Tortuguero”, cita la delegación en Baja California Sur.
La directora ejecutiva fue tajante en sus respuestas y no ahondó en el tema que los involucra por una posible confabulación para desacreditar al personal de PROFEPA, “nosotros trabajamos en colaboración con ellos y en esta situación de PROFEPA y el Golfo de Ulloa y los inspectores, nosotros sólo dimos la información requerida”, reiterando la veracidad de lo informado en el memorándum.
ZETA recurrió a ex miembros del Fondo para la Protección de Recursos Marinos (FONMAR), de PROFEPA, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a los cuales envían reportes trimestrales de trabajo y que hasta marzo se entregaron con normalidad, y a miembros de la cooperativa pesquera de Adolfo López Mateos en Comondú; todos coinciden en que los inspectores siempre estuvieron presentes.
Pescadores señalaron que en los recorridos por el Golfo de Ulloa, con regularidad estaban presentes instituciones ambientales como CONANP y PROFEPA. Además de que en 2015 no sólo hubo dos participaciones de inspectores, sino hasta un centenar, así lo expuso Fernando Romero, miembro de Cooperativa Pesquera Adolfo López Mateos.
“Básicamente lo hacíamos en grupo de instituciones académicos, nos acompañaba la universidad, el CIBNOR, el CICIMAR, en ocasiones la CONANP y la PROFEPA. Hicimos recorridos terrestres y marítimos, estoy hablando de unos 80, 100 recorridos. El acta la realizaba la PROFEPA, íbamos y firmábamos todos los que salíamos a los recorridos”, dijo.
A diferencia de los dimes y diretes de la asociación civil, pescadores confiaron que quien se mantuvo al margen o en su defecto se alejó del trabajo interinstitucional fue el propio Grupo Tortuguero de las Californias, pues en un principio estuvieron atentos, pero conforme avanzaron los días, “se comenzaron a alejar y nosotros seguimos trabajando con la PROFEPA y las demás autoridades, pero ellos se apartaron”, incluso manifestaron que el técnico del grupo cuenta con un permiso especial que le facilita acudir sólo a realizar recorridos, cuando el acuerdo para este tema de la mortandad de tortugas marinas fue acudir de manera interinstitucional.
“Hacemos un llamado al delegado de la SEMARNAT para que revoquen un permiso que tiene Víctor de la Toba Miranda, que es el encargado del Grupo Tortuguero de las Californias aquí en López Mateos, se va solo a hacer ‘estudios’. Si se va a hacer un estudio queremos que salga la verdad y que no sea maneada como está pasando ahorita, aquí está claro, la misma autoridad de PROFEPA se están vinculando, están de acuerdo con el grupo de ecologistas”, esto para paralizar la pesca, ya que por presiones de la Secretaría de Comercio del gobierno de los Estados Unidos y ambientalistas, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tomó la determinación de suspender toda actividad pesquera durante el verano de 2016.
Pescadores ven grave este vínculo entre el delegado de la PROFEPA y el Grupo Tortuguero de las Californias, ya que se pierde credibilidad en los informes que ha brindado la institución al grupo de coordinación que lleva el tema de mortandad, además de que les afecta la falsificación de información al paralizarse toda actividad pesquera.
“Desde el inicio lo estuvimos denunciando, desde el inicio que comenzaron las investigaciones, los señores (Grupo Tortuguero) acarreaban los caparazones de las tortugas que tenían ya años varadas ahí, hicieron una película muy fuerte en contra de todos nosotros, de que éramos los pescadores los causantes de todas esas muertes, cuando en realidad estas áreas son de varamiento natural, las corrientes dan todos años ahí, y se traen de todo el océano y varan ahí”, e incluso en las 38 bitácoras obtenidas por ZETA, destaca el hallazgo de diez tortugas amarillas), dos de golfina, cuatro lobos marinos y tres delfines; en cada uno de los reportes aparece la leyenda “Se realizó recorrido por la zona de Playa en San Lázaro”.
De igual manera, mencionan si se localizó algún espécimen varado en el trayecto y dan cuenta que a la hora de localizar el espécimen muerto, “no se observaron embarcaciones realizando actividades de pesca”, y confirman que “sin observar señas en su cuerpo por artes de pesca que hayan provocado su muerte”.
Pescadores sienten la desconfianza contra Colín Ortiz, ya que confió en información de ecologistas y no de instituciones oficiales como CIBNOR, CICIMAR, Universidad Autónoma de Baja California Sur, CONANP, FONMAR, de su propia delegación y muchas más que trabajan coordinadas en el monitoreo de la tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa, lo cual pone en tela de juicio cuatro años de trabajo de monitoreo de tortuga amarilla, al presentarse la confabulación entre Procuraduría y Grupo Tortuguero.
